Si algo faltaba en el escenario de la política local de Quito es una denuncia en contra de su alcalde Pabel Muñoz. Esta apareció cuando el flamante consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas —que reemplazó al destituido ex presidente del organismo, Alembert Vera— junto a la abogada de Pastaza, Mónica Jaramillo —abogada de derechos humanos, fundadora de la ONG Wayusa Participativa, que promueve la participación ciuidadana y el control social desde la Amazonia— denunciaron al alcalde por presunta infracción electoral y lo acusaron de participar como servidor público en el ejercicio de sus funciones, en la campaña electoral para presidente (a) de la República, pues, no puede inducir al voto a favor de una tendencia política. 

Guarderas dijo que Muñoz apareció en propagandas electorales en las redes sociales promoviendo obras para la ciudad junto Luisa González, quien ese entonces era la candidata a la Presidencia por la Revolución Ciudadana (RC).

También consta en los anexos la participación de Muñoz en movilizaciones electorales de la candidata de RC5, Luisa González, junto a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. 

Según el artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia: «Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral» cometerían una infracción electoral grave, que se sanciona con multas de entre 11 y 20 salarios básicos y/o la destitución y suspensión de derechos de participación de 6 meses a 2 años.

Muñoz ha argumentado que no estaba en el ejercicicio de sus funciones cuando participaba en movilizaciones y mítines en favor de la candidata, pues ha sido fuera de las horas laborales. 

El alcalde reaccionó en redes sociales, con el siguiente texto, donde dijo que esto era "una infamia":

El señor Guarderas presenta una denuncia ante el @TCE_Ecuador  sobre una supuesta infracción electoral.
Ya se habían demorado en querer desestabilizar y entrar por la ventana al Municipio de Quito. Lo que NO ganan en la urnas quieren imponer manipulando a la justicia electoral.
Frente a su deseo de destituirme, le corresponderá pronunciarse a la ciudadanía quiteña.
Claro que responderé a las autoridades sobre esta infamia y enfrentaré esta pretensión de frenar el progreso de Quito.
Pero lo que NO van a lograr es que deje de trabajar para que opere el Metro de Quito, para que esta semana presente la ordenanza de regularización de barrios. No lograrán que descuide los procesos de inversión que hemos iniciado. Seguiremos recuperando unidades de policía y preparando unas excelentes fiestas para la Capital de la República.
No impedirán que entregue los 15 millones de dólares para el desarrollo de las parroquias rurales.
No detendrán el nuevo complejo ambiental, vías en mejor estado, ni a los nuevos trolebuses que necesita Quito.
Seguiremos recuperando parques y convertiremos la antigua parada de la Y en una Quitopía.
En fin, seguiré luchando junto a ustedes para que Quito renazca.

Un tema anecdótico en todo este asunto es que la "influencer correísta", Ebi Camacho, puso en su cuenta de Facebook que fue Santiago Guarderas, ex alcalde de Quito, quien puso esa demanda, y se lanzó una diatriba contra el ex alcalde, confundiéndolo con Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación.