Un ciudadano que pidió que se reserve su identidad, amparado en una norma del COIP, presentó el pasado mes de septiembre de 2022 una denuncia dirigida al presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa. 

Según relató, en diciembre del año pasado, suscribió con funcionarios del Consejo de Participación un contrato para el servicio logístico para el proceso de designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, por un monto de $63.160,73, para lo cual recibió un anticipo del 70%, equivalentes a $44.212,51. Luego, el Consejo dio por terminado el contrato de forma unilateral y pidió la devolución del dinero.

El denunciante asegura que desde junio del año 2021 tuvo conversaciones con ex funcionarios del Consejo, quienes dijeron actuar en nombre del consejero David Rosero, para implementar lo que sería una simulación, al prestar el contratista su nombre y su RUC para obtener el contrato, a cambio del 5% del monto. Sin embargo, los servicios serían prestados por personas cercanas a Rosero, según sostuvo.

Una vez que recibió el dinero del anticipo, el denunciante aseguró que se reunió con ex funcionarios para entregarles el dinero, quienes habrían insistido que los servicios los iban a prestar con la participación de Rosero. Cuando en febrero de 2022, al salir Sofía Almeida de la presidencia del Consejo, se dispuso la terminación anticipada del contrato, y el denunciante se encontró con que debía devolver el dinero del anticipo, que asegura entregó a personas que se identificaron como emisarios de Rosero. Ellos salieron de sus cargos en el Consejo y se negaron a devolver el dinero, explicó.

Con base en esta denuncia presentada ante el Consejo, Ulloa presentó el 16 de noviembre una denuncia en la Fiscalía, en la que traslada los hechos mencionados para la investigación de los fiscales. No menciona qué posibles delitos pudo haber cometido el denunciante al prestarse para la supuesta simulación del contrato a cambio de una comisión del 5%, lo que serían poco más de $3000. 

Por su parte, el consejero David Rosero, consultado por este medio digital al respecto, explicó que "es una patraña de un moribundo político que entró por la ventana al CPCCS y va salir por la tranquera", refiriéndose a Ulloa. "La ventaja es que el Ecuador conoce a este tipo que atropella la Ley Orgánica del CPCCS, dónde existe una prohibición expresa en el artículo 45, sobre la divulgación de información que investiga el CPCCS, donde se presentó originalmente esta "denuncia" inventada por el propio Ulloa; y como él sabe que no tiene ni pies ni cabeza, burlan la normativa y difunden esta mentira ante la Fiscalía", sostuvo.

Rosero agregó que "es una acción desesperada frente a su censura y destitución y su responsabilidad en la crisis institucional por su servilismo al Gobierno. En lo personal tengo absoluta tranquilidad".