El 8 de abril del 2019,  Pierina Correa Delgado presentó una denuncia en contra Iván Granda Molina, por entonces secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Lenín Moreno y otros. La denuncia ante la Fiscalía General fue por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, tipificado y sancionado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. 

Semanas antes, el secretario Granda había divulgado algunos ingresos del exmandatario Rafael Correa a través del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (en adelante denominado IPPE), del cual también fungía como directivo. El Instituto estaba registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Esta institución, mantenía entonces cuentas en el Banco del Pacífico y el Bancodesarrollo. Según idce la denuncia de Pierina, apoderada de su hermano, "de acuerdo a información que luego daría a conocer el Secretario Anticorrupción, Dr. Iván Granda Molina, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) habría solicitado información confidencial de los movimientos financieros de la misma a los mencionados bancos; información que se habría entregado a la entidad de control.

"El IPPE no ha tenido conocimiento que exista un reporte, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, realizada por parte de la UAFE (ni de ninguna otra institución) respecto a la cuenta que el Instituto mantiene en el sistema financiero o de su situación económica.

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"Evidentemente, lejos de aplicar el mandato que la Ley establece sobre la utilización de información bancaria y financiera, la UAFE habría entregado de manera ilegal la información referente al IPPE al Secretario Anticorrupción, Dr. Iván Granda Molina, y a la Presidencia de la República, para que sirva de sustento para alegaciones de carácter político en contra de sus adversarios ideológicos, entre los cuales se encuentra el Econ. Rafael Vicente Correa Delgado.

En virtud de lo antes mencionado y pese a que jamás el IPPE ha tenido ninguna observación de ningún tipo por parte de autoridad alguna, mediante un discurso pronunciado el 23 de marzo de 2019 por el señor Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, en el marco del Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019 desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile, y replicado mediante sus redes sociales y boletines de prensa oficiales de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia(...), se acusó injustamente y sin fundamento al Instituto y al Econ. Rafael Vicente Correa Delgado en los siguientes términos:

«Presidente, les traigo una alerta que involucra a nuestros pueblos y procesos: el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, creó —en las postrimerías de su mandato— el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Lo conforman, con él, políticos y autoridades de su gobierno.

«En el mes de agosto de 2018, ese instituto recibió una transferencia desde BANDES, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, por USD 281.000, a la cuenta # 11003001755 del Bancodesarrollo S.A., un banco privado de Ecuador.

«Ese dinero sirvió para los pagos a sus integrantes:

«A Rafael Correa, con transferencia a Bélgica por USD 84.800. Y en Ecuador, con USD 11.400, a su cuenta del Banco del Pacífico.

«A sus colaboradores: ex ministros de finanzas, gerente del Banco Central, Canciller, y secretario de Rentas, giros de entre USD 34.000 y USD 6.000, a cuentas en diferentes bancos de Ecuador. Lo insólito de todo esto, es que, en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un banco del Estado, para alimentar cuentas personales de ex funcionarios que intentan desestabilizar mi gobierno.

«El servicio de inteligencia ecuatoriano que nos dio esta información, nos alertó que la misma operación la están llevando a cabo en otros países».

Pierina, en su denuncia decía que "esta exposición pública realizada por el señor Presidente de la República, Lic. Lenin Moreno Garcés, se divulgaron sin el conocimiento o aprobación ni del IPPE, ni del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, datos referentes a transferencias bancarias realizadas en favor del Instituto, así como datos de transferencias bancarias desde el Instituto a terceras personas que de manera lícita colaboran con éste. Este acto reprochable por sí mismo, intentó ser utilizado como fundamento de una acusación política en contra de Nicolás Maduro y en contra del mismo ex Presidente Ecuatoriano.

Dijo que la información financiera reservada que se divulgó sobre él "incluyó la identificación de los bancos en donde él mantiene sus cuentas, el número de las mismas y los montos de transferencias realizados a éstas. Esto es una evidente violación a la intimidad del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado y la información filtrada ha servido para desprestigiar su imagen e incluso podría poner en riesgo la integridad personal de él y su familia.

"A partir de este discurso, días posteriores varios miembros del Gabinete Ministerial del Presidente Lic. Lenin Moreno Garcés, así como la Secretaría Nacional de Comunicación, difundieron, igualmente, sin la autorización del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado los datos bancarios antes expuestos.

La denuncia agregó que "en el Ecuador, así como en todo el mundo, la información bancaria es de carácter restringido y están protegidos por la reserva y el denominado sigilo bancario. Históricamente se ha considerado así y legislado en favor de la restricción de la difusión de la misma, en virtud de que se trata de una información sensible y hasta por motivos de seguridad de personas naturales o jurídicas.

Dijo que el Estado ecuatoriano había caído en "dos actos reporchables: "un espionaje ilegal y sin fundamento a las cuentas y movimientos financieros del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado y otros ciudadanos; y la violación del sigilo bancario que protege la información económica y financiera del IPPE y del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado.

"La mala utilización de la información financiera y bancaria del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado y del IPPE obtenida por la UAFE también sirvió para que, de forma antojadiza, maliciosa y temeraria, el Secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador, Dr. Iván Granda Molina, presente una denuncia sin fundamento alguno involucrando al Instituto y a mi procurado en un supuesto delito. Esa denuncia se presentó el 27 de marzo de 2019, y la misma por no tener sustento jurídico ni fáctico, fue negada públicamente en su carácter de noticia criminis por la Fiscalía General del Estado el mismo día de su presentación(...). De esta manera se puede verificar que la utilización de la información solicitada por la UAFE no cumplió con lo establecido en la Ley, sino que fue entregada irrespetando el sigilo y la reserva correspondientes con fines políticos".

La denuncia penal se dio directamente en contra de Iván Granda Molina, por ser "la persona que difundió los datos bancarios y financieros del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, del IPPE y otros ciudadanos". Sin embargo, "este delito no podía cometerse sin la provisión de la información reservada, en violación de los artículos 11, 12 y 15 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, recopilada por la UAFE, representada por la Dra. Lady Diana Salazar Méndez", se dijo en la denuncia.

Se realizaron las indagaciones con todas las personas (funcionarias) a las que involucró la denuncia, patrocinada por el Ab. Fausto Jarrín, actual asambleísta de UNES y quien fuera abogado defensor de Correa en varias causas penales en su contra. 

Finalmente, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió a la Corte Nacional el archivo de la denuncia, con el argumento que "en el presente caso y del acopio investigativo, así como el análisis de la documentación, versiones y pericia; elementos recabados durante la investigación, cabe analizar la adecuación de los hechos, así tenemos que no se pueden establecer los elementos objetivos del tipo penal investigado (...)". Para la Fiscalía, "el acto denunciado no constituye un delito de acción pública".

El fiscal Taoinga es subrogante de la fiscal general, Lady Diana Salazar, quien al momento de la denuncia era directora de la UAFE. El 21 de septiembre de este año, el conjuez de la Corte Nacional, Luis Adrián Rojas, acogió el pedido de la FGE y ordenó el archivo de la denuncia.