La jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, aceptó esta tarde la acción de protección que presentó Michelle Domenique Guerra de Andrés contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por designa a Raúl González Carrión como nuevo Superintendente de Bancos. 

Según la magistrada, en el concurso fueron vulnerados los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadana denunciante. Ibarra, el pasado 27 de julio, había acogido la medida cautelar solicitada y suspendió la posesión de González, que estaba prevista para el pasado viernes.

Ahora, en su nueva resolución, la jueza además impuso las siguientes medidas reparatorias, que son obligatorias:

1. La nulidad radical o de pleno derecho del proceso de designación de Superintendente de Bancos que desarrolló el CPCCS, a partir de la sesión N. 28 del 19 de julio de 2022, incluida la resolución No. CPCCS-PLE-SG-028-E-2022-965 de 20 de julio de 2022.

2. Ordena al CPCCS solicitar, de manera inmediata, al Presidente de la República el envío de una nueva terna que se someterá al procedimiento contemplado en dicho instrumento legal.

3. Conmina al CPCCS a realizar y seguir sus procesos de conformidad con la ley y la Carta Magna sin afectar derecho constitucional alguno de los ciudadanos ecuatorianos.

La jueza Ibarra sostuvo que esta resolución se ha basado en el artículo 24 de la Convención de Derechos Humanos que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección ante la ley”.

Esta no es la primera decisión polémica de Ibarra. El pasado 7 de febrero, revocó la medida cautelar que le fue otorgada a Sofía Almeida para que no fuera destituida de la Presidencia del CPCCS. Ibarra aceptó la acción de protección de Hernán Ulloa, quien después fue electo como titular del CPCCS en medio de una disputa que tocó fondo en esas fechas. También fue señalada por liberar a una banda de asaltantes de viviendas en la vía a Samborndón. Asimismo, el pasado 17 de abril, la magistrada revocó la prisión preventiva que había contra dos miembros de Los Lobo, una de las facciones de Los Choneros que pugnan por el poder, y los dejó en libertad.