Un nuevo conflicto político en la Asamblea Nacional podría ser resuelto por la justicia de Pichincha, luego de que el asambleísta Fernando Villavicencio presentó una acción de protección en contra de la sanción de 31 días de suspensión que le impuso el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) por supuestas ofensas a una legisladora correísta en Twitter. La justicia aceptó a trámite la acción y la audiencia para conocer el caso ha sido convocada para este viernes, explicó el legislador. El caso está a cargo de la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Soledad del Carmen Manosalvas. 

En el escrito, Villavicencio reseña que cinco de los siete integrates del CAL se hicieron eco de la queja de la legisladora correísta Patricia Núñez, de quien dijo en Twitter que había quedado "como el puerco", lo que ella aseguró se debe a que es mujer y está en la vida pública. Villavicencio descartó en su escrito que haya tenido ánimo de injuriar a la legisladora y negó que en algún momento se haya referido al género de la asambleísta.

Villavicencio relató que había pedido que los correístas Marcela Holguín y Ronny Aleaga, quienes votaron por la sanción en el CAL en su contra se excusaran por su enemistad manifiesta, pero no lo hicieron. Además. Villavicencio precisó que las supuestas expresiones discriminatorias deben darse en el Pleno o las comisiones legislativas, y la ley invocada por el CAL no hace mención a las redes sociales ni otras expresiones públicas.

Para Villavicencio la suspensión le viola derechos constitucionales, como la seguridad jurídica, el debido proceso y la libertad. En el pedido a la justicia, Villavicencio pidió que como medida cautelar se suspenda la resolución del CAL en su contra y que se la declare sin efecto, además del pago de sus haberes y las disculpas públicas de los integrantes del Consejo.