La tensión diplomática con Argentina aumenta, luego de que el Gobierno de Buenos Aires envió una carta a la Cancillería en la que exige al Ecuador que conceda el salvoconducto para que la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte y su hijo de 11 años dejen el país. Según reportó el medio argentino Infobae, el embajador en Quito, Gabriel Fuks, se presentó en el Palacio de la Cancillería para entregar una carta del canciller Santiago Cafiero a su homólogo ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, en donde Argentina pide “otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo V de la citada Convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo”.

La noche del 13 de diciembre, la Cancillería anunció que no dará el salvoconducto por la condena que pasa sobre Duarte en el marco del caso Sobornos.

Ecuador no concederá salvoconducto a María Duarte. pic.twitter.com/hre9wvt6EY

— Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) December 13, 2022

El primero de diciembre, el Gobierno argentino había invitado al Ecuador a una reunión técnica para analizar el caso, pero la Cancillería no respondió al pedido. Solamente emitió un comunicado en el que destaca que Duarte ha sido condenada por la justicia y que se pronunciará "en el momento oportuno". La respuesta a la nota diplomática argentina fue entregada este 13 diciembre. 

La Convencion de 1954 es un antiguo tratado entre los países de la OEA que regula la institución del asilo en las Américas. Si bien la Convención precisa que "No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas", lo que es el caso de Duarte, condenada junto con otros jerarcas correístas en el caso Sobornos a ocho años, la Convención también dice a reglón seguido que "salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político" y explica que "Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución".

Es decir, con o sin sentencia, la Convención da al estado asilante, en este caso, Argentina, la posibilidad de decidir si el caso es político o no. También, de declarar la urgencia del asilo y activar el mecanismo para que el estado territorial pemita la salida del asilado, cuando su vida o libertad estén en peligro. 

La Cancillería respondió en un comunicado, en la mañana del miércoles, que convocó al embajador Fuks para pedirle "explicaciones" sobre el contenido de notas de prensa, pero no confirmó si recibió o no un ultimátum de Argentina. Explicó que rechaza cualquier intento de imponer un plazo en este tema y que se pronunciará en su oportunidad, tras un análisis jurídico.

Compartimos el comunicado sobre información pública procedente de Argentina. pic.twitter.com/h5bJ39A5dX

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Además de Duarte, el propio Rafael Correa consiguió asilo en Bélgica, país del que es originaria su esposa, mientras que varios correístas como la ex presidenta de la Asamblea, María Gabriela Rivadeneira, recibieron la protección de México, en donde residen. La Interpol también se ha negado a emitir difusión roja contra Correa, por considerar que el caso es político.