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28 de Mayo del 2020
Los Confidenciales
Lectura: 4 minutos
28 de Mayo del 2020
Redacción Plan V
Una invitación a la fiscal general que desató la polémica
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El consejero manabita del CPCCS, Francisco Bravo, le ha pedido al presidente del organismo que llame a la fiscal general, Diana Salazar, al seno del organismo a explicar por qué no ha hecho nada con la denuncia que el 10 de febrero presentó en contra de los miembros del Comité de Reconstrucción del Terremoto y los acusó de delincuencia organizada.

Las denuncias que se acumulan por el presunto mal manejo de los fondos de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, que ascienden a USD 3500 millones, se han convertido en una presión más para la fiscal Diana Salazar. Por ahora, la entidad está enfrascada en las investigaciones y acciones fiscales frente a la ola de denuncias de sobreprecios en las adquisiciones públicas durante la emergencia de la covid-19. Pero mientras eso sucede, otros frentes se le abren. Uno de ellos es el tema de los fondos del terremoto. El consejero manabita, Francisco Bravo, del Consejo de Participación Ciudadana, puso una solicitud al presidente del Consejo para que la fiscal Salazar sea invitada al organismo a rendir cuentas de qué ha hecho sobre la denuncia formal que él, en nombre del Consejo, presentó en la Fiscalía el 10 de febrero último y otras denucias que reposan ya años en el organismo.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, presentó la denuncia, por presunto delito de delincuencia organizada, en contra de los integrantes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 2016, que participaron en la reunión del 22 de mayo de 2017, donde se aprobó el destino de 2.946 millones de dólares.

1.- Las denuncias planteadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los Fondos de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016 (al cumplirse 4 años y un mes).

2.- La denuncia planteada el 21 de junio de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en contra del entonces prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, por presuntos delitos de: delincuencia organizada; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias; perjurio; testaferrismo; y, lavado de activos, que se tramitan en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí.

3.- Las acciones emprendidas desde la Fiscalía General del Estado con respecto a la corrupción denunciada y hecha pública durante el Estado de Excepción por Calamidad Pública por el Covid-19, en el área de salud de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y del Ministerio de Salud Pública - MSP (Hospital de Pedernales).

Esos fueron los tres pedidos. El consejero dijo a Plan V que frente a la denunicia presentada por él y el procurador del Consejo, Byron Paredes, ni siquiera se lo ha llamado a reconocer las firmas.

El pedido de comparecencia, publicado en Twitter, desató una ola de mensajes groseros e insultos contra la fiscal, acusándola sobre todo de no topar a gente como el asambleísta Daniel Mendoza, legislador manabita y aliado de Alianza PAIS. 

Esto generó una respuesta de la fiscal: "Lamentable que la labor de #FiscaliaEc de hacer respetar la Ley,  genere en redes sociales una inusual andanada de comentarios, en su mayoría anónimos, repletos de violencia, y una invitación del CPCCS a "rendir cuentas"¿Qué pretenden? No pararemos.#NoMasImpunidad". 

En realidad fue una invitación a la Fiscal, y el consejero Bravo dijo que no se pretende nada sino que le explique al país qué pasa con esos casos.

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Una invitación a la fiscal general que desató la polémica
 


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