Foto: @EmbajadaEcuUSA
La activista Silvia Buendía, quien es parte de la familia política de Guillermo Lasso, se recupera del Covid en Guayaquil y hace pocos días le despertó una llamada. De parte de la Secretaría de Derechos Humanos le preguntaban cuándo pueden reunirse con ella para la "transición". Buendía no sabía de qué se trataba, pero resulta que su nombre apareció, junto con el de otras personas, como posible integrante del Gabinete de Guillermo Lasso.
En el escrito presentado a la Corte Nacional de Justicia, para solicitar la autorización del acto urgente, la Fiscalía afirmó que existe una estructura para delinquir; que su objeto radicaba en exigir dinero para desvanecer glosas y gestionar pagos correspondientes a contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S. A. Que el desvanecimiento de glosas efectuado por los funcionarios Luis Miño y Nelson Dueñas, por un monto de 13 millones de dólares, se habría realizado con “conocimiento y autorización” del contralor, Pablo Celi.
Captura de video. Facebook Andrés Arauz
Las ofertas de Rafael Correa de "colaborar" con el gobierno "del banquero" Guillermo Lasso son una maniobra de distracción. En una entrevista con la agencia EFE, desde México, el expresidente ha dicho que "está dispuesto a trabajar en conjunto y dar todo el apoyo al nuevo presidente", según reportó la agencia española. Lo que se dice en Colombia "pedir cacao".
El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, apareció sorpresivamente en la marcha convocada contra el derrame petrolero, que se produjo hace un año. La manifestación se realizó en la ciudad de El Coca, en Orellana.
Primer mal momento para el asambleísta Fabricio Villamar. La propuesta de Ley de Extinción de Dominio que había impulsado quedó en soletas, tras una decisión de la Corte Constitucional que declaró que, tal como estaban formuladas en el proyecto, la imprescriptibilidad y la retrospectividad no podían ser compatibles con la Constitución. El asambleísta había sostenido que era poco probable un veto de Lenin Moreno a su propuesta -que finalmente sí se produjo- y también que la propuesta no podía ser declarada inconstitucional.
Foto: CNE
La situación poselectoral de la primera vuelta aún no se define en la provincia de Manabí. Varios sectores políticos cuestionaron los resultados electorales en esa provincia, tanto para las presidenciales como para las de asambleístas. Denunciaron fraude electoral e impugnaron las actas de conteo de votos de 136 juntas electorales, unos 30.000 votos. La impugnación se presentó ante la Junta Electoral de Manabí, que decidió que se abrieran las urnas, y la Junta dio la razón a los peticionarios mediante una Resolución, el 6 de marzo.
Los abogados de la defensa Paúl Granda, ex ministro de Obras Públicas y ex presidente del consejo directivo del IESS: Juan Carlos Salazar Icaza, Guido Escobar Pérez y Víctor Granda Aguilar, expusieron a la luz pública los argumentos de su defendido, luego de que se llamara a audiencia preparatoria de juicio. En esta audiencia el fiscal expone sus hallazgos y acusa o sobresee y un juez determina si se llama a juicio o no.
Aunque Andrés Arauz constaba en la nónima del Banco Central del Ecuador entre julio de 2006 y mayo de 2020, la mayor parte de su tiempo en el sector público lo pasó en otras instituciones del Estado. Recién en 2020 Arauz dejó de constar en los registros del Banco Central, donde aparecía como especialista de sistemas de pago 1 por 14 años y luego en el cargo de consultor bancario, desde mayo de 2017 hasta 2020.
La denuncia penal que presentó Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo y director del portal Periodismo de Investigación, ante la Fiscalía General del Estado, sobre el "falso crowdfunding" del candidato del correísmo Andrés Arauz está lleno de connotaciones, que si la Fiscalía y el CNE investigan, pueden llegar a develar un mecanismo bien aceitado de lavado de dinero, según la denuncia.
Por lo menos 32 procesos judiciales aparecen relacionados con el nombre del nuevo ministro de Salud y ex director de la ARCSA, Mauro Antonio Falconí García. Se trata de procesos en donde aparece como demandado por asuntos personales y otros en donde aparece mencionado como representante de instituciones, como el propio ARCSA y la Cruz Roja de Santo Domingo, así como el hospital provincial Gustavo Domínguez también en la provincia tsáchila.