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17 de Noviembre del 2021
Los Confidenciales
Lectura: 7 minutos
17 de Noviembre del 2021
Fundamedios
Carta abierta sobre las recientes agresiones contra la libertad de prensa en el Ecuador
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Seis organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa alertan a la opinión pública y a las autoridades ecuatorianas sobre varios casos de agresión a comunicadores sociales, perpetrados en su mayoría por agentes de las instituciones de seguridad del Estado.

“EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS”

Ecuador, 18 de noviembre de 2021

Alexandra Vela, Ministra de Gobierno;
Luís Hernández, Ministro de Defensa;
Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación de la Presidencia y
Jeannine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación.

De nuestras consideraciones,

Las organizaciones de la sociedad civil que tenemos como ámbito de nuestro trabajo la defensa, protección y promoción de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, consideramos extremadamente grave el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos meses, la mayor parte de ellos por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos que deberían garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en situaciones de vulnerabilidad y riesgo.

Octubre fue el mes en que más agresiones contra la prensa se registraron, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Seis de estas agresiones fueron protagonizadas por elementos de la Policía Nacional.  A continuación, detallamos algunos: 

Daniela Moina, periodista del Diario Extra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito.

El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, en la que, con términos amenazantes, solicitó conocer la fuente del periodista y, además, descalificó su trabajo luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter. 

El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil por falta de mantenimiento. 

Pamela Morante y Starlin Merchán fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones del 26 de octubre en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista, los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura.

Ese día, por la tarde, el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito, a pesar de que él asegura que se identificó como periodista y portaba su carnet.

Estos incidentes son parte de una escalada que se ha venido produciendo en los últimos años, en los cuales los periodistas en coberturas de riesgo se convierten en blancos del ataque de aquellos que deberían propiciar su seguridad. En ese contexto, señalar que el más alto riesgo para la prensa constituye el crimen organizado y el narcotráfico no es correcto y aparece como una coartada para encubrir el verdadero problema: La Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan con ningún protocolo de respeto y garantía al trabajo periodístico, simplemente porque no existe una política pública de protección, seguridad y garantía del trabajo periodístico. 

Sin embargo, lo que refleja una situación desbordada en la acción de la Fuerza Pública hacia el periodismo es el hecho de que, solo entre el 09 y el 10 de noviembre, registramos 9 agresiones contra la prensa y en 7 de ellas el agresor fue el Estado. 

Exponemos los casos más graves protagonizados por las fuerzas del orden: el periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional durante una cobertura en Guaranda. Miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. De igual manera se registraron otras agresiones de manera pública en Guaranda, el Estado y la Policía no estuvieron prestos a  proteger a dos periodistas azotados con boyeros.

Consideramos que estas actuaciones merecen acciones inmediatas, pero más que nada, que de una vez por todas se adopten políticas públicas, no acciones aisladas y mucho menos medidas parche. Es imperante proteger el trabajo periodístico y garantizar la seguridad de las y los periodistas del Ecuador. 

En ese sentido, queremos señalar que se deben determinar políticas de protección específica para las periodistas mujeres, pues es notorio que es un sector que está expuesto a sufrir agresiones específicas solo por su condición de mujer; es el caso de las periodistas de UDLA Channel, Dayana Escobar y Vanesa Cifuentes que fueron agredidas por un desconocido mientras realizaban una cobertura en las afueras del Hospital Baca Ortiz, cuyo guardia de seguridad no les abrió la puerta,  para resguardarlas de su atacante. 

Tampoco olvidemos que la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, por lo cual hacemos el llamado para que se desclasifique la información necesaria para que puedan avanzar las investigaciones de Fiscalía en el Ecuador sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el equipo periodístico de Diario El Comercio.

La adopción de políticas públicas debe darse por una acción conjunta de Estado, Sociedad Civil, periodistas, medios de comunicación y otros actores como la Academia. Desde nuestra parte, levantamos nuestra voz de denuncia y protesta ante lo que sucede y las acciones descoordinadas, tibias y nada efectivas de diversos organismos del Estado y al mismo tiempo estamos dispuestos a aportar de forma transparente y positiva a que la situación se revierta.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos a ustedes que se abra un proceso de diálogo urgente para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa. 

Cuando se intenta silenciar a la prensa peligra la democracia.

Atentamente,

● FUNDAMEDIOS
● FENAPE-FIP
● RED DE PERIODISTAS LIBRES
● FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS
● FUNDACIÓN NOS FALTAN TRES
● UDLA CHANNEL

[RELA CIONA DAS]

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