“A ti mujer violada te tengo que decir que es verdad que eres víctima de una agresión brutal, de una agresión innombrable. Sin embargo no te tienes que sentir indigna porque no eres tú la que han dañado, a ti te dañaron. Tienes que sentirte digna de ser mujer y debes impedir que se den estas posibles leyes que favorezcan el aborto, que favorezcan la suspensión definitiva del embarazo, porque no es una interrumpición temporánea, es una interrupcióm definitiva y por tanto la muerte del niño al nacer. El mantener tu embarazo más bien incrementará tu dignidad, es el que curará tus heridas”, dijo Bella Maldonado, directora de la Casa de la Vida, una entidad provida. Lo dijo durante la sesión N. 27 de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el pasado 3 de septiembre. 

Desde la semana pasada, la Comisión recibe observaciones al proyecto de Ley que Garantiza el Derecho a la Interrupción del Embarazo en caso de Violación, previo a la elaboración del informe para primer debate en la Asamblea. En estos espacios orgaizaciones a favor y en contra del aborto llegaron para dar sus puntos de vista. Los primeros fueron los providas. 

Maldonado, quien además es médica, habló de que “no se le está permitiendo tener objeción de conciencia cuando lo requiera” y por eso dijo sentirse “dañada” también por este proyecto de ley. Otra participante fue Inés Manzano, en representación de la Fundación Familia y Futuro, quien dijo que en ninguna parte de la Constitución existe el derecho al aborto o a la interrupción del embarazo en caso de violación como sostiene -dijo- la Defensoría del Pueblo en su proyecto propuesto ante la Asamblea Nacional. Aseveró que la Corte Constitucional en la sentencia de abril de 2021 no ha modificado la Constitución y por tanto no ha agregado derechos.

Este lunes, la Comisión recibió a Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, quoen afirmó que la sentencia que dictó la Corte Constitucional constituye una forma de garantizar la reparación integral de las víctimas de violación, considerando que permite a la mujer que decida no continuar el embarazo producto de un crimen como es la violación. Además, comentó que el proyecto, elaborado en cumplimiento esta sentencia, debe contener los derechos previstos en la Constitución para operativizarlos y hacerlos efectivos. “Queremos una ley no discriminatoria y justa para todas las 

María Augusta Molina, experta en el desarrollo de normativa sanitaria, afirmó que la sentencia advierte que el embarazo en caso de violación constituye un tema salud pública, porque rebasa el ámbito de lo penal. Aseguró que la interrupción del embarazo en caso de violación es un tema multidisciplinario y para su tratamiento se debe abrir paso a diversas visiones, para garantizar no solo la atención médica, sino medidas de contención para que sea una ley efectiva, a la vez señaló que el problema no termina con la interrupción del embarazo, pues se requiere la reparación integral a una mujer violada.

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, expresó que este proyecto debe ser analizado de manera técnica, sin apasionamientos, ni dogmas. Señaló que la violencia sexual y el embarazado infantil y adolescente es un problema de salud pública y debe ser tratado como tal. Informó que entre 2013 y 2017 se registraron 109 mil casos de abortos, la mayoría realizados por personal empírico, lo que aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad.

Así mismo, sugirió considerar en la ley normas que defiendan y garanticen los derechos de las mujeres y de los profesionales de la salud. Propuso conformar mesas técnicas para que los médicos y otros profesionales, así como la sociedad científica puedan exponer sus propuestas, de modo que la ley sea respaldada por un proceso técnico fortalecido.

Foto: Captura de Video Asamblea Nacional