Los nuevos terminos de referencia, TDR, para la provisión de servicio de alimentación a los más de 35 mil presos del país busca, según la entidad contratante mejorar las condiciones alimenticias de los presos, pero también incrementa las dificultades de las empresas interesadas en concursar por ese millonario contrato. Ahora, por tres comidas, el Estado, es decir la SNAI, paga USD 2,50 y USD 5 por las cinco comidas de los menores infractores. En las nuevas bases, el costo se baja a USD 2,25.  Pero las exigencias se incrementaron. Por ejemplo, en las nuevas bases se exige que el o los proveedores den solo pechuga y pospierna de pollo, pues la pierna y el ala están excluidas. También se exige que a los presos se les de pavo en ocasiones especiales, que podrían llegar cinco al mes. Eso, según las fuentes vinculadas a empresas de catering aumenta los costos.

De manera general hay un cambio en la estructura de menú, el incremento de materia prima que se calcula un incremento de más del 25% del costo de la materia prima en relación con contratos anteriores. Adicionalmente se proyecta un incremento de costos de 10% de materia prima general, por la inflación y escasez a nivel mundial producto de la pandemia y la guerra.

La reducción de PPLs infiere mucho en la economía de escala, haciendo además el costo diferenciado por zonas más alto.

Las multas y sanciones son excesivas y sobre todo, no existen parámetros claros y objetivos ni procedimientos especificados para cada caso, dejando a la subjetividad de las autoridades y administrador del contrato la aplicación de las mismas, lo que puede mermar en el caso de que existiera, el pequeño y frágil margen de utilidad del servicio.

Estos son los TDR para la nueva contratación de la alimentación de los presos. Ver PDF

Según las fuentes, llama la atención la aplicación de sanciones cuando son responsabilidades que no se le puede atribuir solo al proveedor (control de plagas, por ejemplo, pues existen plagas en el centro que rodea la cocina, gestión de basura, entre otras). En las regionales tengo entendido que no hay como servir en todas partes preso por preso, si esto no se arregla y no es mi responsabilidad, luego por no servir así me multan, así se pueden acumular multas que me quiebren.

La provisión de la vajilla implica un gasto, dicen, de aproximadamente de 10 a 15 dólares por PPL. A eso se suma la reposición de la vajilla, lo que supone un costo excesivo y no necesariamente va a ser bien solicitado y pueden perderse por las cosas de inseguridad que pasa al interior de los centros y que son de conocimiento público.

Para las empresas ofertantes, también es polémico la obligación de supervisar la limpieza de la vajilla por parte de los presos, lo cual es poco práctico y además es altamente peligroso para el personal de servicio que deba realizar dicha supervisión, porque se exponen a malos tratos y amenazas.

Advierten que se exige también la contratación de PPLs en la cocina.  Con las condiciones actuales de inseguridad en los centros y en un porcentaje del 30%, genera temor por el resto del personal e incertidumbre sobre la capacidad de los PPLS para brindar un servicio en condiciones de calidad necesarias. 30% de PPls en regionales donde la cocina está cerca de la puerta es una locura, cómo los proveedores de comida puede controlar eso, no se dice; cómo se puede capacitar, tampoco. Cómo se hace para que no sea foco de contaminación o de vehículo de mayor ciminalidad, con 3 de cada 10 PPLs con acceso a cuchillos, fuego, cubiertos...

La implicación entre los TDR y el acta de preguntas y respuestas sugiere que las empresas van a tener que invertir en adecuación de infraestructura, lo que complica aún más los costos, esto tomando en cuenta que no está claro cuánto ni donde ni en qué tiempo van a tener que invertir en estos espacios.

Lo mismo ocurre con lo referente a inversión de maquinaria y demás insumos. Hay unos listados en archivos separados que no son claros, ni uniformes y confunden, dicen las empresas. Esto sin si quiera tener un anticipo. Es incierto el nivel de inversión que debe tener el proveedor. Han calculado en 1.2 millones, pero es algo tan incierto que les preocupa que se eleve incluso a más.

En las condiciones de las bases se dice que no se puede suspender el servicio de comida así no pague el Estado. Pero no se dice por cuánto tiempo puede estar moroso el Estado, y cuándo ya no es obligación del proveedor seguir con el servicio. Ninguna operación puede sostener eso indefinidamente, señalan.

Las bases piden inclusión de economía popular y solidaria, pero sin especificar procesos alternativos para asegurar la calidad. Para los empresarios del catering generalmente los pequeños productores pecuarios "no cumplen con los requisitos de calidad, cadena de frio, faenamientos necesarios que exige el SNAI. Esto puede ser un problema".

Piden cortes de proteína y tipos de proteína exclusivos. Por ejemplo, en las aclaraciones dicen que hay que dar pavo a los PPL en las fechas especiales. Los que implicarían unos cinco días al mes. Y al mismo tiempo se excluyen cortes como alas y piernas de pollo, pescado sin espinas, entre otros, necesarios para mantener calidad y variedad, y poder afrontar las distintas realidades como paros y crisis.

Las bases complican la provisión de materia prima y aún más la compra a pequeños productores pedidos como: “pollo empacado al vacío, pescado sin espinas, entre otros” además de que encarecen aún más la posible operación, dicen las empresas.

Se pide al proveedor garantizar la seguridad de las rutas, lo cual no es su competencia.

Se piden también exámenes microbiológicos, sin embargo, admiten no saber el costo, ni cuantos exámenes se realizarán durante el contrato.

Todas estas observaciones implican un incremento en el costo del servicio, el cual no es proporcional con las condiciones económicas planteadas por la institución (2,235, y ni siquiera con las condiciones actuales de 2,5), por lo que lo convierte en un contrato inviable, ya sea por su costo o por sus condiciones.