La semana pasada se filtró en redes sociales una carta de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) a favor de las empresa de capital japonés Furukawa. Investigaciones periodísticas de este portal junto a La Barra Espaciadora y de la Defensoría del Pueblo revelaron que Furukawa, que se dedica a la exportación de abacá, tenía en condiciones de esclavitud a cientos de sus trabajadores. Según las investigaciones, los abacaleros no tenían relación de dependencia, pero figuraban como arrendatarios, una práctica que para las autoridades y expertos fue considerada como una forma de intermediación laboral, la cual está prohibida por ley. En la misiva del 23 de abril, Fedexpor  se refieren a esos trabajadores como “proveedores de materia prima en calidad de arrendatarios”.

La carta fue enviada a tres ministros: Andrés Madero de la cartera de Trabajo, María Paula Romo de Interior y a Pablo Campana, de Producción y Comercio Exterior. Allí, el gremio de exportadores dice que manifiesta su profunda preocupación por ese caso. “Especialmente debido al nefasto precedente que podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país”. La organización dice en la carta que defiende los derechos de los trabajadores, pero “ponemos en alerta a las principales autoridades involucradas por existir elementos que a nuestro criterio configuran un caso de extorsión por parte de personas que no son trabajadores de la empresa, pero que de manera ilegal están buscando obtener un rédito económico e incluso generar un conflicto de tierras”. Según Fedexpor, Furukawa ha cumplido con las medidas impuestas por los inspectores de trabajo y las multas. Agregó que puso a disposición de las autoridades su contingente técnico. La carta está firmada por  Daniel Legarda, como presidente ejecutivo de la Federación.