La Defensoría del Pueblo de Galápagos presentó una acusación particular contra varios pescadores extranjeros, peruanos y venezolanos, a los que la Armada detuvo con pesca ilegal en el Archipiélago. La jueza de la causa, en su sentencia condenatoria contra los pescadores extranjeros, que cumplen su pena en la Cárcel de Loja, concedió una indemnización pecunaria a favor de la naturaleza, representada por el Defensor provincial.

Pero Castillo debió remitir el dinero a las cuentas de la Defensoría del Pueblo, que a su vez las entregó al Tesoro Nacional. Para el funcionario, se debe reglamentar qué hacer con este tipo de recursos, que deberían ser entregados para tareas específicas de conservación de la naturaleza en el país, en lugar de ingresar al presupuesto.