Sin más atribuciones para investigar hechos de corrupción que cualquier otra entidad civil, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene pocos avances en la lucha contra la corrupción. Denuncias represadas o archivadas y pocos logros en el sistema judicial dejan los últimos ocho años de la gestión del Consejo en ese ámbito. Un ex consejero señala la falta de personal y competencias legales como una traba importante para concluir informes y presentar denuncias.

Las movilizaciones que anuncia el movimiento indígena para pedir la salida de Lasso (movilizaciones que seguramente contarán con el respaldo de otros actores sociales) no tendrán sentido ni coherencia si simultáneamente no impugnan la existencia del CPCCS.

La Corte Constitucional resolvió la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por no cumplir su sentencia. A regañadientes, Hernán Ulloa anunció que acatará la decisión de la Corte. Mientras que Fausto Murillo dijo que apoyará a Álvaro Román en sus funciones como presidente de la Judicatura, pero que él seguirá siendo vocal. La designación del titular de la Judicatura generó permanentes pugnas entre los poderes involucrados.

Entre los 45 postulantes al Consejo de Participación hay abogados, ex políticos, algunos de los recientes integrantes y activistas de la sociedad civil. A pesar del desprestigio de la entidad y de las propuestas de reforma, debe volver a elegirse por votación popular a sus integrantes para reemplazar al actual Consejo, cuyas funciones concluyen en marzo de 2023.