La institución creada por la Constitución de Montecristi como una supuesta instancia técnica para la designación de las autoridades de control ha fracasado, según dicen desde el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el régimen propone quitarle esa principal atribución y dejarla solo con las secundarias, algo que cree debe decidirse en referéndum, en el Legislativo se espera un juicio político luego de la vacancia de la Asamblea.

Según la magistrada, en el concurso fueron vulnerados los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadana denunciante.

A un mes de la presentación de la terna para la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura (CJ) el proceso no avanza. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no atendió la entrevista sobre este tema. Mientras tanto, los tres juristas -candidatos por la Corte Nacional de Justicia- exponen sus planes en caso de llegar a la Presidencia del CJ. Estos son sus perfiles a fondo.

El Consejo de Participación Ciudadana lleva en su genética institucional el ser un botín político al servicio del poder. Quienes se postulen como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevarán sobre sus hombros el estigma que causa la pretensión de administrar el destino de una entidad desprestigiada, carente de credibilidad y legitimidad, cuyo camino es totalmente contrario al de la democracia.