Cierto es: las fallas en el sistema judicial, las deficiencias en la policía y las falencias burocráticas no se inauguraron con el correísmo. Tampoco los prejuicios y la discriminación. Pero ¿qué hizo el régimen aliancista para superarlos? ¡Gran conquista antimachista referirse a “las y los”! ¡Gran avance de los derechos humanos denominar “PPL (personas privadas de la libertad” a los reclusos! La revolución de lo políticamente correcto sería, a lo mucho, la de los Aps.

Los legisladores están regidos por una ley específica, la de la Función Legislativa. Regularlos con la Ley de Comunicación equivale a normarlos con una ley ajena. Alejarlos de su esfera específica es un atropello inconcebible en una democracia que, se supone, es un régimen inscrito en el estado de derecho.

¿Por qué el gobierno implora la garantía del Vaticano? ¿Acaso, porque, aun cuando lo niegue retóricamente, ha perdido respaldo popular y sus nexos con mayoritarios segmentos de la sociedad nacional se han degradado? Al presidente de una república laica le debería importar más disfrutar de la aprobación de sus mandantes que regocijarse con la aquiescencia de un prelado, por más digno y merecedor de respeto y afecto que este sea.

Se advierte tal desconexión entre el gobierno y los cada vez más amplios sectores sociales críticos a las tramas gubernamentales que hablar de compromisos nacionales suena ilusorio. ¿Alianzas con quienes el régimen tilda de mentirosos, manipuladores, retrógrados, sufridores, odiadores e interesados en regresar al pasado?