La Corte Constitucional ha demostrado ser una institución que, con la Constitución como escudo y con sus resoluciones argumentadas, ha puesto límites a quienes ejercen el poder político. Hasta ahora la única institución en la que la arbitrariedad, la influencia política, la corrupción, la división interna, los intereses particulares de sus miembros, no tienen cabida.

“Cuando se encuentran con jueces que no pueden controlar, siempre se dan este tipo de situaciones irregulares en la administración de justicia”, dice Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. La Judicatura lo suspendió, pero retornará a sus funciones gracias a una acción de protección. El juez acusa a ese organismo de presionar a los jueces en casos de alta connotación. En este caso, Pablo y Esteban Celi son protagonistas.

Analistas consideran que el 2022 fue uno de los años más perjudiciales para la administración de justicia. El abuso de recursos como habeas corpus o acciones de protección dejaron en evidencia un tema pendiente y no resuelto: la falta de independencia en la justicia. Pero hay otros temas urgentes.

La joya de la corona de la administración de Justicia es el Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ. Su presidente titular, que debe ser producto de una terna enviada por la Corte Nacional, no ha sido nombrado. El presidente del Consejo de Participación, que es el ente nominador, no lo ha hecho ya por casi un año. Esto genera una disputa que pone en serio riesgo la institucionalidad de la justicia.