Las poblaciones que viven ahí están sometidas a la autoridad violenta y arbitraria del narcotráfico, frente a la cual no tienen más opción que el sometimiento. No se trata de zonas liberadas, tal como se concebía desde la teoría política de la izquierda subversiva, sino de zonas esclavizadas por el crimen.

La protección ciudadana es una tarea vertebradora de toda comunidad política; es un bien público sine qua non. En teoría, el Estado debe garantizarla y para eso necesita el monopolio del uso de la fuerza. En la práctica, no siempre ocurre así, porque el Estado carece de capacidades infraestructurales para lograrlo. Sin servicios básicos ni bienes públicos como la protección ciudadana, no hay soberanía posible. La legitimidad del Estado nace de ahí y la lealtad del ciudadano también.

Leandro Norero, asesinado en octubre pasado, utilizó una identidad falsa para comprar y vender bienes. Asimismo, falsificó la identidad de su padre para evitar un juicio en Perú. Al menos $15 millones, producto del narcotráfico, habrían ingresado al sistema financiero, según la Fiscalía. Ahora, su pareja es una de las principales implicadas.

Una investigación en la que participó la DEA terminó con la detención de dos personas que trataron de vender heroína en Miami, en 2017. Su proveedor fue un ecuatoriano, a quien la Policía ecuatoriana siguió y dio origen al caso el León de Troya sobre la mafia albanesa. El involucrado tiene un proceso en EEUU, según los documentos judiciales de la Corte de Miami a los que accedió Plan V.