Hay un orden social dominante en este país establecido como legítimo: es católico y conservador. Ese orden social, amparado por la Iglesia y el Estado actual, se desarrolla bajo una norma jurídica terriblemente atrasada en lo que se refiere al aborto. Esa norma constituye un riesgo para las mujeres porque no se adapta a las nuevas conductas sociales ni a las realidades que considera indignas de ser repensadas.