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29 de Marzo del 2016
Cultura
Lectura: 9 minutos
29 de Marzo del 2016
Desirée Yépez

Periodista. Ha escrito para Revista Vanguardia, La Barra Espaciadora, Diario El Comercio y revista Plan V.

La autogestión cultural: el mecanismo para enfrentar la crisis fiscal

El pasado 8 de marzo los organizados de los Encuentros del Otro Cine lanzaron una campaña de crowdfunding para financiar el festival.

 

La posible cancelación de los EDOC por la falta de financiamiento estatal obligó a sus organizadores a buscar alternativas. ¿Qué capacidad de maniobra tiene la gestión cultural independiente en Quito, sin apoyo del dinero público? Los gestores responden.

Los Encuentros del Otro Cine (EDOC) se inauguran en Quito este 18 de mayo, en Guayaquil el 19. A pesar de la falta de fondos públicos para financiar el festival, anunciada a fines de febrero, sus organizadores emprendieron acciones diversas para desarrollarlo. Este episodio también permite reflexionar sobre los procesos de autogestión en el sector de la cultura, al carecer de apoyo estatal en un contexto económicamente crítico.

Manolo Sarmiento, director de los EDOC, explica que actualmente está pendiente la firma de un convenio con la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito. Esta institución entregará menos fondos que en 2015, pero servirá de base. Otra estrategia para financiar la edición número 15 del festival es una campaña de crowdfunding, emprendida el pasado 8 de marzo, para recaudar USD 100 000  a partir de donaciones y la venta anticipada de entradas a las proyecciones. Se trata del crowfunding más ambicioso realizado en Ecuador y para alcanzar la meta se incrementó en un 40% el precio de los abonos.

El avance de la recaudación de fondos puede verse en esta página. Cuando faltaban 23 días para el cierre del proceso, se había recaudado el 9% de la meta, equivalente a poco más de USD 9000. 

El apoyo económico anunciado desde el Ministerio de Cultura todavía no se concreta.

Cuando faltaban 23 días para el cierre del proceso, se había recaudado el 9% de los USD 100 mil que los organizadores se habían propuesto. 

“Los EDOC se harán en la medida de las posibilidades. Será más pequeño”, aclara Sarmiento. En cifras, eso quiere decir que de las 200 funciones habituales se realizarán 88 en Quito. También habrá menos invitados. “Las actividades que implican gastos en efectivo se recortarán”, indica el cineasta. En ese sentido, el también director de ‘La Muerte de Jaime Roldós’ señala que el festival se autogestiona y se ha ganado un prestigio, es por eso que las autoridades de turno han apostado por él. “Nunca ha sido dependiente de la autoridad política. Se ha hecho en mayo, desde 2002, con Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa. Con y sin Ministerio de Cultura”, enfatiza. Sin embargo, reconoce que sí falta diversificar o aumentar sus fuentes de financiamiento.

“Nos malacostumbraron”, dice Mariana Andrade, directora del cine Ochoymedio, al referirse a la relación entre los gestores y la subvención estatal. La ex Secretaria de Cultura del alcalde Mauricio Rodas recuerda que entre 1977 y 2006, lapso en que no estaba vigente la Ley de Fomento del Cine Nacional, se desarrolló un trabajo de autogestión que promovió “formas creativas” para filmar películas o ejecutar proyectos culturales. “Cuando llega la Ley de Cine la organización civil hace implosión y nos ponemos a la cola para recibir fondos. Tres décadas de gestión independiente, de creatividad, de sumatoria de voluntades individuales desaparecen”, sostiene. En palabras de la gestora cultural, se produjo una relación insana y disfuncional con el Estado. Para ella, “la clave es volver a vernos, ser lo que éramos antes de la Ley”.

Los gestores culturales coinciden en la carencia de una política pública que reconozca y garantice la supervivencia de proyectos culturales consolidados.

Para Sarmiento es importante generar un fondo de cultura y de las artes, que cuente con recursos asegurados y mecanismos transparentes de asignación. También aboga por políticos que consideren a los gestores sus aliados en el emprendimiento de la política cultural, no que compitan con ellos. Otra de las carencias son estímulos a la empresa privada para que se involucre.

Vanessa Bonilla, miembro del colectivo Plan Arteria, considera que existen algunas falencias en el campo cultural. Por ejemplo, menciona la falta de continuidad en los procesos dentro de las instituciones públicas, subordinados a la agenda propia de las autoridades de turno. “No hay lineamientos y hay una cultura elitista. ¿Quiénes ven los Edoc, quiénes van al Verano de las Artes Quito (VAQ), al Quitofest?… Ninguno de esos grandes proyectos se ha planteado la idea de trabajar con los barrios, por eso no se sostienen”, enfatiza. 

Según la gestora, es preciso acercar los contenidos a las personas en sus espacios. “Empoderar a la gente en cultura permite que se piense y eso no le conviene a nadie. Nadie toma en cuenta los procesos pequeños”. Y cita la exposición ‘Sucede cuando callamos’, con fotografías que exponían la violencia de género, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio capitalino en el Bulevar de las Naciones Unidas, en Quito. “Está bien que se exponga esa realidad, pero por qué no se usan esas fotos y se genera discusión en los barrios… No se va más allá”, cuestiona Bonilla.

La crítica de la periodista de Plan Arteria también se enfoca en cómo se producen las subvenciones estatales. “El Estado financia un montón de cosas, pero no hay un levantamiento ni evaluación de esos procesos. Hay proyectos emblemáticos, importantes, pero como Estado solo se da la plata y se los suelta. No hay una gestión ni una exigencia de un lineamiento cultural”, acota.

Mariana Andrade coincide en la necesidad de un sistema que proteja y no se limite a la otorgación de dinero. “Hay proyectos emblemáticos de autogestión, como las salas independientes, el Teatro Espada de Madera, Patio de Comedias, Grupo Malayerba, que suponen modelos firmes. Veo al sector cultura con inmadurez y bastante dependencia. Nuestra responsabilidad como gestores es haber desarrollado una relación dependiente y paternal con el Estado”, comenta.

Para Mariana Andrade, los gestores culturales se acostumbraron a recibir dinero público y tuvieron una relación "paternal y dependiente" con el Estado. 

Lucas Taillefer, fundador de Trópico Cine, considera que un proyecto cultural no debiera depender al 100% de un fondo público, pero sí contar con respaldo. “Así funcionan los festivales a escala mundial, con una subvención pública. También hay auspicios privados”, explica. Los gestores coinciden en la carencia de una política que fomente ese tipo de apoyo. En ese contexto, para la productora de cine Isabella Parra, en época de crisis se piensa qué hacer para ampliar aspectos que en un momento de estabilidad no se plantean. “Estrategias como el crowdfunding permiten medir el compromiso del público, de la sociedad, ante un proyecto. Son apuestas que te hacen notar que hay gente dispuesta a aportar y vincularse”, explica la productora de ‘Alba’, ópera prima de la laureada Ana Cristina Barragán.

El fundador de Trópico Cine reconoce que en los últimos años el Estado se dedicó a la entrega de fondos, pero eso no puede ser lo único en cultura. Bajo esa dinámica, la realización de los EDOC representa una victoria para el sector. “La cultura no es una prioridad, no está considerada como un sector estratégico porque no da plata, ni se entiende su concepto de patrimonio simbólico que supera intereses financieros. Hace falta voluntad política y un debate más elevado que no se produce”, reflexiona Taillefer. 

Parra anota que todo responde a un proceso social. “Ahora se están formando gremios, pero hay una tendencia del Gobierno a no trabajar con los colectivos. Para dialogar sobre la Ley de Cultura,  invitan a individuos a la Asamblea, no a los grupos organizados. Para los asambleístas eso es socialización”. 

El Director de los EDOC concluye con que desde los gestores es preciso superar dogmas y pre conceptos frente a los apoyos estatales. “Falta una visión contemporánea en la gestión, organizarse para reclamar… Vamos a proponer la creación de una asociación de festivales para exigir reglas claras. El objetivo es proteger la independencia de los gestores, y eso se ha logrado”.

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