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20 de Julio del 2020
Cultura
Lectura: 26 minutos
20 de Julio del 2020
Pocho Álvarez

Cineasta.

IFCI o INRI
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El Decreto 1039 fue una fusión de siglas que agredió a la democracia, un golpe que fracturó la unidad de los colectivos del cine ecuatoriano y así como el covid-19 desnudó al mundo en su inequidad, este decreto ejecutivo evidenció el carácter del gobierno Moreno, la improvisación y mediocridad de sus cuadros en cultura, la llamada autoridad pública.


Las siglas son una forma de sintetizar y comunicar rápidamente, casi de automatizar un contenido. Es tan antigua como el imperio romano. La crucifixión del Cristo de los cristianos se tradujo en una sigla que se volvió universal, INRI. En el siglo XXI se expandió su uso en los medios de comunicación a partir del 11S de New York y desde entonces han surgido muchas otras siglas emblemáticas. El 11M de Madrid, el 7/7 de Londres, el 30S de Correa, el covid-19 del mundo y ahora en este pequeño espacio equinoccial, el novísimo IFCI un nuevo invento del Ecuador de Moreno.

Por sus siglas que traducen palabras, que a su vez son contenidos —Instituto de Fomento para la Creatividad e Innovación— podemos imaginar una multiplicidad de aplicaciones y domicilios. “Fomento”, “Creatividad” e “Innovación”, un genérico amplio que sugiere todo. Sirve para la totalidad de los universos de la actividad humana. La electrónica, el diseño de juegos y aplicaciones digitales, software, carpintería modular, metalmecánica, mecatrónica, creación de motores y otros inventos de la electromecánica para la pequeña y gran industria e inclusive, y aunque Usted no lo crea, para la burocracia, la administración pública y la política. Es una sigla comodín, el equivalente del conocido Joker, el bufón del naipe que recompone el juego para algún interés.

Haciendo gala de lo que significa el poder Moreno, cero estudio, cero planificación y cero diálogo. Improvisación e imposición por delante, tal cual enseñó su Correa mentor, el actual presidente, Lenin Boltaire Moreno Garcés, sacó ese Joker para disolver al ICCA[1]  y al IFAIC[2]. Dos siglas, nueve letras, nueve palabras con significado y contenido propio, fueron reemplazadas por una sola sigla de cuatro letras, cuatro palabras y un significado vago, general e impreciso. El IFCI una ocurrencia  nacida  del juego del poder para este espacio de uso múltiple de los gobiernos,  la cultura y el arte. Mesa y partida se inauguraron con un naipe signado por la ironía, con cartas impresas en  deslealtad.

Al mejor amiguito, un barajito

Así se estila en el juego para que el naipe se impregne de la suerte que da el amigo. Fue Director único, recibió el mandato de abrir el ICCA allá en el ayer del 2017 y la orden de cerrarlo en el hoy del 2020. Y en una suerte de “Guinness World Records”, fue también el técnico encargado de su lápida y cementerio, de grabar en la piedra de la historia del cine ecuatoriano, no el clásico INRI de la crucifixión cristiana, sino una nueva sigla, IFCI, Instituto de Fomento para la Creatividad e Innovación, del cual además fue su diseñador, constructor y hoy flamante primer Director, encargado nuevamente de “abrir” puertas.

La nueva arquitectura de este comodín que va a resolver los problemas gestados en el antiguo  IFAIC, así como en la administración y atención de las artes,  según la apuesta del gobierno para los últimos 10 meses de gestión, es una estructura vertical, que en función del organigrama de la administración pública, independientemente del nombre —dirección, oficina, fondo o cualquier otro— su carácter será el de una unidad operativa técnica, subordinada y ejecutora de las políticas pensadas y diseñadas en los estamentos superiores de planificación y decisión del Ministerio. Esto significa 0 participación de cineastas y artistas en la toma de decisiones, en la planificación y construcción de  su mañana.

Son cinco espacios dependientes de la Dirección del IFCI y un solo objetivo común para todos.

• Fomento del Cine y el Audiovisual.

 • Fomento Musical

• Fomento Literario y Editorial.

• Fomento de Artes Escénicas y Artes Vivas. 

• Fomento de Artes Plásticas, Visuales y Artesanías.

La clave del nuevo juego es fo, fomento. Históricamente el sentido y orientación del fomento desde el Estado y sus instituciones, ha sido sinónimo de recursos, líneas de crédito o fondos no reembolsables  y subsidios. Cabe preguntar y preguntarse, entonces, si la concepción de la política pública para el arte en el Ecuador, significa solo un fondo de fomento y si ese fomento en el arte, a más de profundizar el centralismo, está orientado al programa de exportación del combo Ecuador como marca en la cultura: “Ecuadorcine, Ecuadormúsica, Ecuadorlibro, Ecuadorteatro, Ecuadorarte”,[3]  como lo mencionó el flamante Director del IFCI, en el “Diálogo Abierto con la Institucionalidad Cultural” promovido por La Colectiva Mujeres  Acción. 

En esta mano, perdimos el espacio y el nombre, ojalá no perdamos la capacidad de resistencia y lucha.

Desde el comienzo, apenas salió el Decreto 1039, la respuesta y posición de los cineastas y sus colectivos evidenció debilidad e inconsistencias que con el pasar del tiempo se ahondaron y se transformaron en grietas de silencio. El primer comunicado, un dubitativo intento de unidad  de las colectivas y los colectivos, de cineastas  —como se estila ahora— sugería negociar con el gobierno antes que rechazar tajantemente la violación y agresión del decreto ejecutivo. El […] nos reservamos el derecho de acudir a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo […], no pudo ser más evidente.

Posteriormente, la carta de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (COPAE), del 2 de junio, en la que objetan el Decreto, pero al mismo tiempo ofrecen servicios, […] aportar con su conocimiento y experiencia en la conformación de la nueva institucionalidad […], es un pronunciamiento patético por lo fariseo de su carácter, por su dualidad, su incongruencia y oportunismo. Su no minúsculo al Decreto y el SÍ mayúsculo al poder es inaceptable.

Todas estas lecturas y posiciones se hicieron grietas grandes y la atomización se extendió como un rompecabezas difícil de armar en unidad.  La dimensión de la agresión y su impacto, no solamente en el espacio del cine, sino en la Constitución como cuerpo legal, en la institucionalidad y el respeto por la jerarquía de la norma jurídica, por la estabilidad de las instituciones y sus procesos sociales, por la democracia como una construcción colectiva donde el contenido de los derechos se desarrolla de una manera progresiva y en diálogo horizontal con el Estado, no se entendió.

El Decreto 1039 cierra un proceso de erosión regresiva en derechos, no solo por su aplicación que recuerda los tiempos Correa, sino por el despojo del que ha sido objeto el cine ecuatoriano desde que entró en vigencia el nuevo marco legal para la cultura.

Desde la COPAE, algunos cineastas, bisoños y antiguos, simpatizaron con la imposición del Joker y le apostaron al juego, sin reparar en el carácter de la política de hechos consumados de la Presidencia y sin siquiera cuestionarlo.  […] enmarcarse en una estructura mayor no es desaparecer. Es otra cosa”, afirmaron y en correspondencia con la invitación del ministro de Cultura, con el cándido “salgamos del bache de si el decreto es legal o no es legal”, hicieron el juego al comodín del atropello.

Que […] los derechos no son una cosa definida, sino que están sujetos a la interpretación”, dijeron en las redes muy sueltos de consonantes y afirmaron que […] resulta muy difícil argumentar que la fusión supone un retroceso de derechos”. Curiosa manera de entender la democracia como un ejercicio vertical de autoridad con potestad para interpretar derechos y sin diálogo. Una manera práctica de aceptar el presente sin despeinarse con los incómodos interrogantes del porqué. Un pragmatismo de casino, del ahora y sus apuestas, que ignora los principios, la historia, su siembra y su devenir.

El olvido está lleno de memoria y la baraja impresa de huellas sucias

El Decreto 1039 cierra un proceso de erosión regresiva en derechos, no solo por su aplicación que recuerda los tiempos Correa, sino por el despojo del que ha sido objeto el cine ecuatoriano desde que entró en vigencia el nuevo marco legal para la cultura.

En tres años, cineastas y cine, en materia de espacio social, conquistas y derechos, retrocedimos cuarenta y tres años. Un “túnel del tiempo” que nos envío al 1977 del siglo anterior, a los tiempos de dictadura, cuando fundamos la extinta ASOCINE para luchar por un marco legal propio: la Ley de cine. Hoy, cuatro décadas más tarde, con los fondos de fomento concursables como trofeo en mano, quebrados en el plural,  sin nombre en el quehacer y la toma de decisiones, me pregunto: ¿Ese retorno al calendario del tiempo sin voz y sin espacio propio ni ley, no es un retroceso en derechos? ¿Será que el pragmatismo del tercer milenio y sus respuestas solo reconoce derecho a lo que le interesa ver, los fondos de fomento?

Más de una generación luchamos, no para engordar la burocracia del Estado, no para tener un nicho de empleo con marca “Ecuador filma”, ni un puesto de participación en el presupuesto del gobierno. Luchamos como todos los cineastas de la región. Como los cineastas de Perú, Colombia y Bolivia, como los de Paraguay, Argentina y Uruguay, como los de Chile, Panamá y Cuba para tener nuestro espacio propio, nuestro marco jurídico alimentado por nuestra participación y creatividad.

Luchamos por la participación libre, independiente y crítica del arte en la construcción de la democracia, por un espacio para el cine en el Ecuador, estable, autónomo, independiente, donde seamos las y los cineastas de todas las diversidades, geografías y lenguas,  gestores de nuestras decisiones y, sobre todo, seres libres del tutelaje y el padrinazgo. Luchamos para blindar al cine ecuatoriano de los apetitos de dominio del inquilino ocasional de Carondelet y su séquito de guitarras y baterías de vanidad y adulo.

Barajando opiniones que en política son intereses

Bajo el justificativo de “reducción de la estructura del Estado”, en agosto del 2018 la Presidencia de la República propone fusionar el ICCA y el IFAIC.  La respuesta de las autoridades del Ministerio de ese entones fue rechazar la fusión por inconstitucional. “Solo una ley orgánica reformatoria o derogatoria podría eliminar a los institutos o fusionarlos”[4] fue el criterio del ministro de ese entonces. Dos años después todo cambió. “El presidente sí puede modificar”[5], nos dijo el actual titular. No solo que tiene la autoridad, sino que el COA —otra sigla comodín—, es decir el Código Orgánico Administrativo, le habilita al igual que la emergencia sanitaria y la crisis económica justifican cualquier decisión inconsulta, improvisada y sin estudios técnicos. “Sí, no hay evidentemente un estudio porque es una decisión tomada fruto de la emergencia […][6], lo dijo sin el menor rubor.

El descaro como sinceridad en la palabra de la autoridad, el acomodo de la ley en función del interés del momento, el ayer no, el hoy sí, el mañana veremos, la desinstitucionalización como conducta de gobierno, la improvisación y el ningún respeto por los procesos y las instituciones, deja en claro que al poder no le interesa entender el concepto política pública para la cultura y el arte, su significado y proyección en el nosotros y su mañana.

Dos J una C y múltiples intereses y criterios en un juego de incertidumbres

La historia del Ministerio  de Cultura y Patrimonio, con su rosario de ministros y funcionarios, subidos y barajados por el mismo ascensor, junto a la informalidad del gobierno respecto de la misma Ley de Cultura y su objetivo único: “[…] garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad; así como ordenar la institucionalidad de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura”, ha sido una tarea en falla motivada por la misma autoridad.

Durante estos tres años de vigencia de la Ley de Cultura, una rectoría de tres barajas en juego —la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio— ha puesto sobre la mesa sus iniciativas para el manejo del arte y la cultura y, como en todo juego de salón, la tensión de la suerte, con el poder en juego, no corre. El poder es el que finalmente define el juego de los proyectos que se crean como líneas estratégicas.

“Ecuador Creativo” es la apuesta a largo plazo del actual titular del Ministerio para la política cultural. Sustentada en una visión economicista de incentivos tributarios y fiscales (IVA 0, Aranceles 0), permitirá, según la lectura del gobierno, dinamizar la inversión y el desarrollo de “las llamadas industrias culturales y creativas”, dentro de una visión que se conoce como la “economía naranja”. Este programa, que se supone es el eje rector, comparte espacios con otra iniciativa mayor.

“Arte para Todos”, es el programa bandera de la Presidencia de la República, concebido para implementar la llamada “Agenda Nacional de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos para las Artes”. Su ejecución fue encargada a la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia por decisión directa de la primera autoridad del Estado.

El descaro como sinceridad en la palabra de la autoridad, el acomodo de la ley en función del interés del momento, el ayer no, el hoy sí, el mañana veremos, la desinstitucionalización como conducta de gobierno, la improvisación y el ningún respeto por los procesos y las instituciones, deja en claro que al poder no le interesa entender el concepto política pública para la cultura y el arte, su significado y proyección en el nosotros y su mañana.

Para su implementación se organizó un organigrama especial y se creó el CONCI —otro Joker—, el Comité Nacional de Coordinación Interinstitucional. Lo curioso de este comité es que lo conforman: […] el Ministro de Educación, el Ministro del Trabajo, el Presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión (Sede Nacional), el Director Ejecutivo de la OSNE, o sus delegados y la Directora de Gestión Cultural, quien actuará con voz informativa; a este Comité también será invitado el Ministro de Cultura y Patrimonio”.[7]

Según el marco jurídico vigente, es decir las reglas del juego actuales, quien debería ser uno de los principales miembros de la mesa y no un invitado solamente, es el Ministerio de Cultura, rector por ley de las iniciativas públicas para la cultura.

Surge entonces la pregunta: ¿de dónde sale el respaldo legal para que una dirección de la Presidencia tenga competencias como para proponer y ejecutar política pública para la cultura? Este juego de atribuirse funciones que no le corresponden se conoce como desinstitucionalización de la política pública y del Estado. Más aún si se proyecta para su ejecución un presupuesto de más de 23 millones de dólares[8], cuya administración y gasto les ha resultado difícil de explicar con claridad.

Según el ministro de Cultura, el presupuesto total de “Arte para Todos” terminó siendo de 2’537.609.076 USD “[…] a partir de ahí podemos hablar […]”, señaló con tono autoridad, en respuesta a los cuestionamientos del “Diálogo Abierto con la Institucionalidad Cultural” que impulsó en las redes La Colectiva Mujeres Acción[9]. Antes, en ese mismo espacio, ya había comunicado como información de paso, el cierre del proyecto, consecuencia de la pandemia y por decisión directa del Presidente.

Y así de simple e informal, como quien da por concluido el juego, dado lo avanzado de la noche, sin ningún, análisis, evaluación o informe de lo que pasó, de lo que se gastó, en qué se gastó, por qué no se gastó y lo que hará con el presupuesto no gastado, el presidente Moreno dio por concluido “su sueño” y clausuró un proyecto presentado con comparsas, cantos y la OSNE[10] como telón de fondo musical de esta aventura del poder en el arte.

Una partida sin el As de la esperanza, la transparencia

“Hay que democratizar el acceso a la cultura, hay que democratizar el acceso al fomento”. Una muletilla del poder, del titular de la cartera de Cultura, repetida como consigna de acción política. ¿Cuál cultura es la que se busca democratizar? ¿La del escenario, la del espectáculo de las élites, la oficial, la dominante del poder, la que en este tercer milenio se ha profundizado y nacionalizado en identidad con nombre: correa Odebrecht, correa Sobornos, correa de Diezmos, correa Secuestros, Sobreprecio moreno, Insumo hospitalario moreno, Carné de discapacitados moreno? ¿Qué arte hay que democratizar? ¿El arte oficial de ser sinvergüenza, malabarista y ladrón como sinónimo de virtud?

La cultura pública, la corrupción, el “abrirse la agalla” como el principio del manejo “inteligente” de la cosa pública. La coima en el cotidiano de la vida como saludo y el amarre de la trinca como gobernanza democrática. La cultura de la violencia e imposición como diálogo. Octubre 2019 con los “suicidados” por el poder en las calles de Quito, y en lo cotidiano de las ciudades y hogares del Ecuador el femicidio como identidad equinoccial, junto a los migrantes estigmatizados, la xenofobia y la exclusión del distinto, de los otros que nos habitan, el atropello diario del extractivismo… Esa es la cultura que ha ido edificando el poder RC en el tercer milenio y esa es la cultura que el Estado ecuatoriano ha cimentado y “democratizado” en tiempos del correatomoreno.

Salir del juego, construir nuestro espacio

El Decreto1039 fue una fusión de siglas que agredió a la democracia, un golpe que fracturó la unidad de los colectivos del cine ecuatoriano y así como el covid-19 desnudó al mundo en su inequidad, este decreto ejecutivo evidenció el carácter del gobierno Moreno, la improvisación y mediocridad de sus cuadros en cultura, la llamada autoridad pública.

Junto a ello dejó ver también la atomización de los cineastas y su extrema debilidad orgánica, la ausencia de objetivos comunes en el corto y el largo plazo, su visión estrecha del nosotros y del cine en la mitad de la tierra. Desnudó bruscamente nuestros pequeños intereses.

Es necesario que restauremos la unidad, que recuperemos la memoria y salgamos del silencio que nos coopta. Busquemos el encuentro. Sería imperdonable para la historia del cine en el Ecuador, declararnos en derrota sin haber dado lucha, sin haber siquiera demandado la ilegalidad de este Decreto. Por lo tanto, es imperativo y urgente acudir a la Corte Constitucional y presentar en plural —es decir sumando a todos los colectivos— la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1039 del 8 de mayo del 2020.

Hay que abrir espacios de diálogo interno para revisar los objetivos comunes y el largo plazo, los escenarios que tendremos por delante. En diez meses el gobierno Moreno será, como el de su antecesor y mentor, un recuerdo agrio y si para entonces el Decreto mantiene aún su vigencia, debemos saber que podemos eliminarlo por la misma vía, es decir con otro decreto ejecutivo. Pero esa acción debe ser trabajada y preparada, y no pensada como un regreso sino como un salto hacia delante.

El covid-19 nos puso en otra dimensión del tiempo y sus escenarios. Consolidó lo virtual como realidad y nos abrió otras sensibilidades para profundizar otros universos. Cineastas y artistas debemos encontrarnos en el diálogo del entendimiento de lo que buscamos como política pública para el arte y la cultura. Es tiempo de proponer, a la luz de la experiencia, cambios en la Ley de Cultura que permitan romper ese espíritu de cooptación y rectoría, el centralismo agudo de su quehacer. Y esa vocación hegemónica del estado, del Ministerio de Cultura, una arquitectura hecha  para el control desde su única sede, la capital de la República. 

El Decreto1039 fue una fusión de siglas que agredió a la democracia, un golpe que fracturó la unidad de los colectivos del cine ecuatoriano y así como el covid-19 desnudó al mundo en su inequidad, este decreto ejecutivo evidenció el carácter del gobierno Moreno, la improvisación y mediocridad de sus cuadros en cultura, la llamada autoridad pública.

Debemos impulsar una reforma profunda de manera que no se repitan las aberraciones de este ayer que nos habita, las tricefalías o bicefalías institucionales como política en el quehacer de la cultura y las artes en la mitad de la tierra y, sobre todo, debemos impulsar la participación en la construcción de nuestro espacio. Debemos re-institucionalizar los quehaceres públicos, tener independencia de gestión. Debemos recuperar el derecho a tener nuestro marco legal autónomo. Que no nos den construyendo algo que venimos edificando mucho antes de que existieran como burocracia ministerial.

Es necesario cambiar todo. La Casa de la Cultura, su apolillada estructura que acuna trincas. Debemos evaluar seria, objetiva y técnicamente la presencia y el real aporte del Ministerio de Cultura, la concepción del Sistema Nacional de Cultura y la relación institucional entre la CCE y el MCYP. Es imperativo actuar sobre la memoria viva, el patrimonio que se extingue, las culturas que mueren por el despojo extractivista de sus territorios. Debemos impulsar la autonomía e independencia de gestión del único depósito de la memoria audiovisual del cine ecuatoriano: la Cinemateca Nacional debe salir del tutelaje de la CCE.

Si queremos incidir en el nosotros, hay que procurar la unidad a partir de lo que nos abriga como abrazo, esa wipala en el horizonte, reflejo de nuestra diversidad de sonidos e imaginarios, el cine su universalidad y capacidad de síntesis como esencia de su quehacer.

El arte no necesita marca país para ser arte, la única impronta que exhibe es la de su creador como género humano

Son el poder y los gobiernos, los políticos y sus intereses los que anhelan cooptar el arte para proyectar su dominio. El arte siembra libertad y los artistas se nutren del nosotros humanidad, de su entorno de país plural en geografías humanas que enriquecen la vida y sustentan la rebeldía que amanece. Como decía Jorgenrique Adoum, el “pedestal” en el que puedan proyectarse y brillar sus intelectuales y artistas, sus mujeres y hombres de luz.

Quito, julio de 2020

 


[1] Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

[2] Instituto de Fomento de las Artes Innovación y Creatividad.

[6] Íbid.

[8]

https://www.presidencia.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/k_proy_arte_todos_oct_2019.pdf El valor total de la inversión durante los años de ejecución programado es de US$ 23.160.570,51 incluyendo todos los aportes.     

[10] Orquesta Sinfónica Nacional

 

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