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28 de Diciembre del 2023
Historias
Lectura: 12 minutos
28 de Diciembre del 2023
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

2023: el año del crimen organizado
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El funeral de los cuatro niños asesinados, el 14 de diciembre de 2023 en Guayaquil, Ecuador. Foto: AFP

 

Las muertes violentas en ciudades como Durán, El Triunfo y Naranjito —sin desconocer la violencia reinante en Quito y Guayaquil— son solo el ejemplo de cómo la pérdida de los espacios estatales ha sido asumida por estas neo estructuras asociadas a la delincuencia en todas sus formas, y que ahora van construyendo un nuevo tejido social que las asume como una realidad cotidiana.


El presidente Guillermo Lasso llegó al poder cargado de promesas y ofertas de campaña, en las que la inversión y desarrollo junto a la seguridad serían su prioridad. Ello en el marco de mostrarse en una línea totalmente diferente a la de sus predecesores.

En la práctica, el Presidente desde sus primeros días en el poder dejó en claro que no tenía un verdadero plan de gobierno. Sus ministros quedaron aún por definirse cuando el período presidencial había ya empezado, dando prioridad a compromisos de campaña como el de su amigo César Monge (+), quién jamás pudo ejercer su condición de Ministro de Gobierno dada su avanzada enfermedad. Esto marcaría un hito en la principal crisis de seguridad que ha vivido el Ecuador desde su génesis como nación.

El incremento de muertes violentas fue en aumento sostenido desde el primer día de gobierno del presidente Lasso, en medio de ello, estuvo en todo momento la mediocridad de los titulares de las carteras de Gobierno e Interior, así como del frente social, económico, y de las demás administraciones que no hacían sino recoger a funcionarios relevantes de la época del correísmo, al que decía combatir.

La llegada de la ministra Alexandra Vela al eje de la seguridad sólo marcó una nueva crisis, en la que se expuso a la minería ilegal y el monstruoso daño ecológico que dejaba tras de sí, con relaciones directas a las estructuras de poder de los financista de la delincuencia organizada y su correlación con el control dentro de las cárceles.

5 de octubre del 2021.- La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en rueda de prensa, dio a conocer a los medios de comunicación el balance del diálogo con la dirigencia indígena de la CONAIE, el pasado lunes 4 de octubre en el Palacio de Gobierno. Foto: Eduardo Santillán / Presidencia de la República.

El crecimiento exponencial del tráfico de drogas por el territorio nacional dejó igualmente en la mira a las rutas del narcotráfico por aire, mar y tierra; factores que fueron los que marcaron el fortalecimiento de los Grupos de Delincuencia Organizada, GDO.

El Presidente, desesperado por la improductividad de sus esfuerzos y la recurrencia de estados de emergencia, entró en el sistema de la demagogia del discurso; pues en cada foro militar o policial lanzaba ofertas de inversiones millonarias en el ámbito de la seguridad, mientras que sus ministros no lograban ejecutar ni el 30% de sus reducidos presupuestos anuales. En las calles, los policías eran asesinados en las propias instalaciones de la Policía Comunitaria mientras los discursos decían que esas muertes no serán en vano entre llanto de familiares y la entrega de la bandera en los visitados velorios de los caídos por las balas asesinas de la delincuencia, cada vez más impune y violenta.

El presidente Guillermo Lasso cuando decretó estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas desde el 1 de noviembre de 2022. Foto: X de Guillermo Lasso

El Ecuador se vio sumido en la violencia criminal a todo nivel, haciendo del secuestro, las extorsiones, las vacunas, amenazas y sicariato una nueva realidad que enfrenta a una Policía destartalada en sus medios logísticos.

Patrulleros asaltados, cuarteles saqueados de armas y municiones, así como de otros pertrechos que se encontraban sin mayor custodia eran noticias de cada semana. El Gobierno del encuentro, entonces reveló su mayor debilidad en mandos policiales cuestionados por sus vínculos con el narcotráfico, con la incompetencia operativa y cuestionamientos cruzados, que finalmente estallarían en uno de los peores escándalos de corrupción y concupiscencia criminal expuestos en el denominado caso Metástasis, en el cual la propia Fiscal General del Estado, expuso y dispuso los mensajes cruzados entre un procesado por narcotráfico y funcionarios policiales, de gobierno, de justicia y sus abogados. Caso abierto que ha sido la Caja de Pandora de lo que siempre fue un secreto a voces.

Velorio. En el Cuartel Modelo se levantó una capilla ardiente para velar los restos del policía Joseph Silva. Foto: Diario Expreso

Pero ¿qué pasó con ese gobierno cargado de ilusiones que tuvo como su peor lastre a interlocutores con poca empatía social y mínimos de intereses por cumplir los objetivos trazados por el propio Presidente? El Ecuador se vio sumido en la violencia criminal a todo nivel, haciendo del secuestro, las extorsiones, las vacunas, amenazas y sicariato una nueva realidad que enfrenta a una Policía destartalada en sus medios logísticos, con reducida capacidad operativa —principalmente en lo que se refiere al eje preventivo— y pobre operatividad de los sistemas de inteligencia (cuyas falencias fueron expuestas con la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio) frente a grupos armados que han sembrado el terror en verdaderas zonas liberadas de la presencia estatal.

Las muertes violentas en ciudades como Durán, El Triunfo y Naranjito —sin desconocer la violencia reinante en Quito y Guayaquil— son solo el ejemplo de cómo la pérdida de los espacios estatales ha sido asumida por estas neo estructuras asociadas a la delincuencia en todas sus formas, y que ahora van construyendo un nuevo tejido social que las asume como una realidad cotidiana, en la que el reclutamiento de niños y adolescentes para acrecentar las filas de los violentos, es ya el pan de cada día.

Un Presidente carente de realidad culminó, a los 900 días, su gobierno de manera anticipada. Se vio bligado a activar la figura constitucional de la muerte cruzada, para no ser procesado políticamente por una Asamblea que, a su vez, boicoteó todos sus intentos de gobernabilidad. Esta condición de crisis permanente fue el verdadero legado de Lasso. Ya el discurso trillado que exponía de cuerpo entero toda su incapacidad dejaba en entredicho el responsabilizar de todos sus males al gobierno de Rafael Correa.

El presidente Lasso, durante su defensa en la Asamblea en el juicio político en su contra, el 16 de mayo de 2023. Un día después, disolvió el legislativo. Foto: Presidencia de la República

Ministros como Fernando Santos, titular de la cartera Energía, dieron alegres declaraciones justificando la corrupción en Petroecuador, o asumiendo que por errores humanos el país se encontraba sumido en una nueva época de apagones ante la evidente incapacidad de su gestión en materia de energía. Declaraciones infantiles y absurdas que no tienen parangón en la historia, llegando al absurdo de reconocer que había suscrito contratos en nombre del Estado ecuatoriano para la compra de electricidad a Colombia sin haber siquiera leído el tenor literal de los mismos. La Fiscalía debería actuar inmediatamente en contra de estos funcionarios nefastos en la historia, pero aún no hay acciones concretas.

El Presidente deberá realizar una extensa depuración de las filas policiales y militares; activar el Centro de Inteligencia del Estado (en lo venidero se convertirá en la Agencia Nacional de Inteligencia ANI) —que ha tenido una producción bastante cuestionada de productos de inteligencia— e interactuar con todos los operadores de justicia.

En medio de este horrendo panorama asumió el gobierno Daniel Noboa Azín, el Presidente más joven de la historia del Ecuador, cuya gestión lamentablemente arrancó cargada de tropiezos e inexperiencia de los funcionarios que asumen las carteras críticas del Estado. No se conoce sobre el verdadero alcance del Plan Fénix, que se convierte en el caballo de batalla contra la inseguridad galopante en el país. Las acciones se tornan aisladas y la información escasa y contradictoria, lo que no abona para la mejora de la percepción de la seguridad ciudadana.

El Presidente deberá realizar una extensa depuración de las filas policiales y militares; activar el Centro de Inteligencia del Estado (en lo venidero se convertirá en la Agencia Nacional de Inteligencia ANI) —que ha tenido una producción bastante cuestionada de productos de inteligencia— e interactuar con todos los operadores de justicia para recuperar la credibilidad en el sistema de seguridad pública, que se constituye en el eje trasversal del desarrollo del país. La crisis de inseguridad ha conllevado al colapso de la economía en todos sus niveles, especialmente a la economía semi formal que dependía del turismo de temporada y el aprovechamiento de los desplazamientos internos por feriados.

Ya en el mes de octubre de 2023 se preveía cerrar el año con una tasa de 44.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la peor cifra de la historia del país. La ONG Insight Crime determinó que los países más violentos de la región tenían como referente a Venezuela con 40.4 y Honduras con 35.8 (muertes violentas / 100K habitantes) en el año 2022, con una tendencia mantener cifras similares, mientras que en Ecuador esta cifra ha crecido de manera sostenida posicionándonos en el quinto país más violento del mundo, con una proyección de 7600 muertes violentas para el 2023.

No se puede desatender que la falta de credibilidad en la justicia nos ha llevado a la proliferación de ajusticiamientos en diferentes lugares del país, con dantescas escenas cada vez más cotidianas. Los reclamos de la población, lejos de disminuir, han aumentado por las masacres y la sensación de indefensión total. Se han conseguido reformas par al intervención permanente de Fuerzas Armadas convirtiéndolas en una fuerza auxiliar de la Policía Nacional, que deberán salir a patrullar y enfrentar a la delincuencia en todos los campos. Uno de ellos será precisamente las salas de audiencia de flagrancia y juzgamiento a nivel nacional de los uniformados.

No se puede perder tiempo valioso de un gobierno corto, por satisfacer egos personales, en pugnas políticas o en curvas de aprendizaje de funcionarios que no conocen el sistema de seguridad nacional y están jugando al espía en este camino. Las muertes violentas son solo un indicador de muchos otros que afectan la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperemos entonces que el Presidente Noboa asuma con total responsabilidad la necesidad de fijar ya una política pública de seguridad, diferenciando de estrategias y planes operativos de intervención para empezar a trabajar en territorio de manera concatenada a escala nacional en la persecución del delito y las estructuras de rehabilitación social, para recuperar a una sociedad enferma y carente de oportunidades.

El 2024 será decisivo para el futuro del Ecuador determinar la supervivencia como Estado de Derecho o convertirse definitivamente en un país en caos y convulsión social.

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