La seguridad ciudadana y el modelo de la Policía Comunitaria ha sido un concepto ampliamente explotado a lo largo de estos últimos 15 años. Nació formalmente en los pasillos de la Asamblea Constituyente de Montecristi, aunque sus orígenes se remontan a finales de la década de los 80, cuando en la ciudad de Quito se preparaban los puestos de auxilio inmediato con el apoyo de la propia comunidad para adecuar espacios destinados a la presencia permanente de policías en los barrios. En el año 1995 aparecen las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana de Quito, dentro de la estructura acuartelada  de la Policía Nacional, dando origen por primera vez al tema de la participación comunitaria en conjunción al concepto de seguridad. Más adelante, en el 2001, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito crea la Ordenanza 046, la cual instaura el Sistema de Gestión Participativa y con ello se aplica el nuevo enfoque que debían adoptar la seguridad nacional y el accionar de las entidades de hasta ese entonces llamadas como Fuerza Pública.

Lo interesante de ese periodo es que, mientras se discutía sobre la necesidad de fortalecer la seguridad interna en todos sus niveles y especializar la investigación criminal, ya se planificaba y ejecutaban acciones para perseguir a quienes lucharon contra la delincuencia organizada y el incipiente terrorismo de aquellos “idealistas guerrilleros” que ahora formaban parte directa e indirectamente en la redacción de la Constitución del 2008.  La nueva Carta Magna cambió el enfoque de las FFAA y de la Policía Nacional, convirtiéndolas en entidades públicas garantes de derechos. Esta condición ya la tenían, pero el texto constitucional permitió que se reubiquen las acciones de control que debían ejecutar, dejando en claro un tenor literal, que no aceptaba críticas por su bondad, al mencionar que estas instituciones deben encargarse del mantenimiento de la paz y el orden público para garantizar la seguridad ciudadana de la población, mandato que deja claro la existencia de un cambio de orientación en relación al antiguo enfoque de seguridad pública. Con ello empezó el cambio de los cuarteles policiales por Unidades de Policía Comunitaria y un nuevo concepto de sectorización distributiva de la policía uniformada.

En el ámbito militar los sismas fueron igual de profundos y se cambiaron los conceptos de la guerra por la soberanía nacional a las amenazas asimétricas y control de estructurado de las fronteras, reduciendo significativamente el gasto militar en equipos costosos y focalizándose en patrullaje y operaciones anti-insurgencia. La reducción operacional fue notoria en todas las ramas de las FFAA.

Guayaquil, 27 de mayo de 2022.- El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó de la ceremonia de graduación de nuevos policías, en la ciudad de Guayaquil, que refuerzan las filas policiales. Foto: Jonathan Miranda / Presidencia de la República.

Se estableció un concepto en el cual la Policía Nacional dejaba su tradicional condición de entidad del Estado para convertirla en un apéndice del Ministerio de Gobierno (y todas las demás mutaciones que le han sucedido). Pero lo relevante es precisamente que, con este enfoque, se creó un sistema legal para estructurar el accionar de las entidades de seguridad denominado COESCOP, Código Orgánico de las Entidades de Seguridad y Orden Públicos, que en esencia creó más incertidumbre administrativa y operativa de la que jamás habían existido. Puso al Ministro del Interior como el juez final del accionar policial, tanto en su estructura interna administrativa como en la operativa.

La realidad determinó que varios ministros, neófitos en temas de seguridad, asumieran el control de la entidad pública más compleja y grande que existe al momento, que es precisamente la Policía Nacional del Ecuador. El resultado de ello fue el crecimiento del crimen organizado y de las estructuras delictivas, las que desbordaron su accionar en el 2018 con las masacres carcelarias y en el 2022 con el ataque directo en contra de los miembros de la propia Policía Nacional. A ello se debe sumar la proliferación del sicariato, desperdigado por todo el territorio nacional, con los más diversos motivos, siendo los más comunes las luchas por territorios y control de micro expendio de drogas, pero no dejaron de aparecer motivaciones como vendettas personales, pasionales o crímenes políticos. Las víctimas fueron principalmente personas jóvenes, pero nadie quedó exento de esta violencia criminal, pues han fallecido neonatos, adolescentes, ancianos, existiendo más víctimas masculinas que femeninas, pero nadie dejó de ser un posible objetivo de esta violencia criminal.

En este 2022 se presenciaron ataques a unidades policiales con armas de asalto y explosivos de uso militar tipo granada, hasta acciones de asalto en operaciones de tipo militar para sustraer armas de fuego y chalecos de protección balística.

El Ecuador oficialmente dejó de ser la llamada isla de paz para convertirse en territorio en guerra; una guerra declarada por el Presidente contra los Carteles de la Droga y las macroestructuras delictivas. Hemos podido presenciar como la Policía se ha empleado a fondo, interviniendo con sus grupos de élite, unidades especiales y de apoyo. El trabajo del eje investigativo ha sido tan intenso como las acciones de inteligencia antidelincuencial y estratégica. La seguridad ciudadana ya no se puede limitar a un indicador estadístico de reducción de delitos, como fue manejado por varios ministros de gobierno o interior, sino que se entendió que el concepto es mucho más amplio y complejo.

Quito, 31 de mayo de 2022. El presidente del Ecuador posesionó como nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al General de Brigada Nelson Proaño Rodriguez y Comandantes Generales de la Fuerza Terrestre y Área. Al Sr. Grab. Gustavo Acosta Yacelga como Comandante General del Ejercito y al Sr. Brigadier General, Gabriel Garcia Urbina como Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Foto: Carlos Silva. Presidencia de la República.

Militares en el centro histórico durante las protestas del paro nacional el 22 junio del 2022. Foto: PlanV

El Estado encaró crisis tras crisis en el tema de seguridad durante el 2022. Los eventos de junio implicaron una gran movilización nacional, con la misma tónica de la ocurrida en octubre de 2019. Sus nefastos resultados aún se viven en el sector agro productivo. Inmediatamente debió capear el brutal impacto que un femicidio acaecido dentro de una instalación policial tan simbólica como la Escuela de Formación de Oficiales. Y mientras los más radicales y muchos oportunistas requerían la salida de todo el mando institucional, un acto de cordura presidencial ratificó al equipo de generales y dio por terminado todo cuestionamiento. Este mismo equipo debió enfrentar inmediatamente el embate de la violencia criminal, que cegaba la vida de más de 67 policías, siendo uno de los casos más icónicos el del asesinato brutal de la policía Verónica Songon, que pretendía dejar un mensaje de terror y zozobra en los uniformados. Esto buscó hacer retroceder y dimitir a la Policía en sus acciones de control, principalmente en los territorios reivindicados por las bandas criminales. El cambio de estrategias y la libertad que dio el nuevo ministro Juan Zapata en el ámbito operativo, permitió acciones coordinadas con la Fiscalía para ejecutar múltiples allanamientos en zonas que las bandas criminales consideraban inexpugnables. Inmediatamente empezaron a ser detenidos los más violetos, muchos de ellos pocas horas más tarde de ejecutar sus execrables crímenes. El liderazgo y firmeza demostrada por el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, lo sacó de toda controversia, pues su accionar ha mostrado resultados tangibles en la recuperación del espacio público y la lucha contra las organizaciones delictivas en todos sus estamentos y reductos. Las acciones pendientes son enormes, pero los pasos más fuertes y decisivos han sido tomados por la vía correcta.

Y ahora, la cooperación...

Este 2023 se mostrará como un año de nuevas tecnologías en materia de seguridad y la implementación de acciones conjuntas entre las fuerzas nacionales y la asistencia policial y militar internacional para asegurar las fronteras y con ello, nuestras ciudades.

Existe una amplia expectativa sobre las acciones de control a la ruta del dinero y de los sistemas de lavado que se han implementado en el país como eje de la economía ilegal y sustento de la logística criminal. Las acciones son complejas y diversas al igual que necesarias, si se pretende asegurar el crecimiento de la economía nacional y la capacidad de inversión en el país. La inseguridad ha pasado factura a todos los sectores del país y las acciones de mitigación de toda clase de riesgos se tornan imprescindibles.

Este año 2023 genera muchas expectativas para todos, principalmente para la concreción de acciones de colaboración internacional publicitadas en los diferentes encuentros realizados con mandatarios y funcionarios internacionales que han ofertado su apoyo al aseguramiento hemisférico. Ello tomando en cuenta la estratégica posición que tiene el Ecuador en materia de política regional. Finalmente considero que se han dado los pasos correctos y, pese a los errores que siempre existirán, el sistema de seguridad se irá fortaleciendo y mejorando frente a los nuevos desafíos, condición fundamental para el futuro del país. Igualmente se deberá reformular y ajustar el llamado Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 ya superado en muchos de sus conceptos. Es hora del pragmatismo y acciones reales en territorio y el fin de las frases trilladas y explicaciones confusas de los ministros eruditos. Es hora de que los ciudadanos nos sintamos más seguros en nuestro Ecuador.