El diablo de la Historia está en los detalles

Como en todos los sucesos históricos y las revoluciones, el diablo siempre está en los detalles, por lo que hay que encontrar la verdad, recordando y quitando el velo de los hechos, develándolos, para verificar las propuestas de los finalistas de la campaña electoral Luisa Gonzales y Daniel Noboa, para un corto gobierno de 18 meses y exigirles respuestas contundentes para enfrentar los tiempos oscuros que vive el país.

La Constitución de 1830 definió al Ecuador como Estado unitario y centralizado; una división territorial sin raíces sólidas, con dos sociedades complementarias entre sí, la terrateniente conservadora en la sierra y agroexportadora en la costa, con sus respectivos bancos, que compartían en común un solo poder real en la sombra, financiador de sistemas electorales fraudulentos para conformar cúpulas partidistas, caudillos y jerarquías políticas, bajo una democracia de mayorías dominadas por peleles levanta manos que facilitaban los negocios del Estado para restituir lo financiado y asegurar la impunidad, desde las funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

Entre política y negocios opacos llega la primera gran crisis nacional, para enseñarnos que no es causa sino síntoma y, en este caso, el sistema colapsó cuando la banca privada prestó dinero al Estado con billetes emitidos sin respaldo ni control. El resultado fue inflación y empobrecimiento con crisis social que provocó que socialistas y obreros se rebelasen y llega la Revolución Juliana, del 1925 al 1931, con el espejismo de democracia moderna que dignificaría al proletariado y al indígena. Esta terminó con una nueva Constitución y logró modernizar la institucionalidad pública y la economía, logrando en derechos el voto de la mujer. 

Hubo relativa estabilidad hasta mediados de los años 60, luego las dictaduras y tras estas el endeudamiento externo agresivo, en los 70, para el supuesto desarrollo dilapidado entre caudillos y golpes militares. Luego el retorno a la democracia en 1979, con los herederos del poder real modernizado y siempre en la sombra, con nuevos actores sociales y políticos para mantener el espejismo de democracia; con un régimen de partidos políticos para aparentar ideologías y elecciones con representantes políticos designados en primarias en una sólida democracia interna, pero esta vez ya financiados con recursos del Estado aunque en la práctica continuaron como simples maquinarias electorales. Pero los peleles levanta manos de turno, con legislación a la carta y negocios en la sombra, con impunidad, sin culpables ni responsables, facilitaron que el gobierno de turno se haga cargo del peso de la deuda de los empresarios privados en dólares y, a cambio, los privados pasaron a tener deudas en sucres. Impidieron también que prescribiera la deuda externa del país y la refinanciaron en la década de los 80; quitaron los controles en el sistema financiero del país, hubo más gasto público por emisión inorgánica y más deuda externa que se diluyó entre negligencia y corrupción. La mayor emisión de moneda sin respaldo se dio para prestar a los bancos escuálidos sucres y los cambien por dólares de exportaciones, especulando en las mesas de dinero del Banco Central, haciendo millonarios a los tenedores de dólares y empobreciendo los patrimonios en sucres. En la crisis bancaria del 99 por la catástrofe del manejo estatal y privados, se llevó a dolarizar la economía.

Quitando el velo de los hechos, el diablo siempre estuvo en los detalles de las grandes propuestas nacionales de la última década. Partimos del 2007 con un triunfo de la llamada Revolución Ciudadana, que se inicia con denuncias del sistema político de componendas, lucha contra la corrupción y y una propuesta anti sistema. Con la Constitución del 2008, Ecuador fue transformado en un Estado de derechos y justicia social, intercultural, plurinacional, bajo una nueva democracia de participación directa.  Fueron años —2007 al 2017— bajo el liderazgo de Rafael Correa, luego vino la continuidad 2017-2021 con el sucesor y heredero político de la Revolución, Lenin Moreno, bajo la celosa custodia de la Revolución Ciudadana en la Asamblea y otros organismos y finalmente llegó Guillermo Lasso quien, por su falta de carácter, ánimo y valor, el diccionario encuentra la palabra que más se adapta a él y a su gobierno: pusilánime para superar los desafíos.

Contraloría: 12.000 millones de glosas ...y nada

La Función de Transparencia y Control Social debía, con absoluta autonomía, cambiar los obsoletos partidos políticos e incentivar nuevas formas de participación ciudadana con organizaciones sociales y control social con mecanismos de veedurías. También debía fortalecer el control social, con transparencia en la gestión de las instituciones públicas que debían divulgar en su totalidad sus planes, ejecución y consecución de objetivos para justificar sus gastos e inversiones, establecer presupuestos para uso de los recursos del Estado con la participación de la ciudadanía, fortalecer los pueblos y nacionalidades indígenas, que con el poder mágico de la plurinacionalidad —los llamados colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio— tendrían sus instituciones y derecho propios, con detalles que deben generar una posición política hacia el futuro próximo.

Sin avance alguno sobre los temas en cuestión, el Consejo de Participación Ciudadana ha incumplido todos los objetivos legales planteados desde su creación. Jamás se presentó resultado alguno de la prevención y lucha contra la corrupción en las instituciones, pagando favores de la Contraloría al archivar informes sobre el manejo interno de la deficiente institucionalidad del Consejo de Participación y otras instituciones, con sistemas dolosos de elección de autoridades del Estado.

Ejemplo de ello, el 100/100 de Carlos Pólit que se preparó mucho tiempo antes de que se inicien siquiera los concursos públicos que ganó, para instituir un sistema de coerción estatal que ha llegado a establecer más de 12 mil millones de dólares en supuestos perjuicios al Estado desde el 2007 hasta hoy, en una mezcla de ficción y realidad que jamás podrá conocerse en su totalidad, excepto por los informes de rendición de cuentas anuales 2007-2022. Estos quedan como prueba documental de los hechos, además de cientos de informes inservibles de indicios de responsabilidad penal que la Fiscalía difícilmente podría procesar, porque en su mayoría eran simples copias de informes administrativos o investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios, sin resultado alguno. O la ausencia de ese tipo de informes sobre patrimonios, en casos internacionales de corrupción seguidos en cortes americanas.       

Nunca se conoció la existencia de una veeduría ciudadana de control social de la gestión de lo público, que haya realizado un seguimiento de las actividades de dignidades electas, a pesar de las atribuciones legales que tuvieron sobre todas las actividades de cualquiera de las funciones del Estado, coartando así el derecho creado en teoría, de participación ciudadana y el control social.

El Consejo Nacional Electoral como autor, cómplice y encubridor

Con un sistema informático automatizado que hasta hoy no ha sido auditado por una firma internacional independiente; y aplicando el método d'Hondt —que consideraba resultados de manera independiente en cada provincia para calcular porcentajes de representación— el CNE benefició a minorías de movimientos locales, pero en el manejo del Estado benefició finalmente a los grandes partidos Revolución Ciudadana —que realmente es Rafael Correa— y al Social Cristiano, que bajo distintas denominaciones es simplemente Jaime Nebot, lo cual permitió diez años de mayorías estables y controladas. Esto incluía otro detalle: la existencia de partidos políticos con fondos del Estado para campañas electorales, cuyo manejo hasta hoy está en informes de los partidos sobre el uso de recursos públicos, un sistema de control electoral que revisa el CNE y la Contraloría audita. Lo turbio viene por la ausencia de información oficial. Hasta hoy no se han  publicado los informes de los partidos políticos entre el 2008 y el 2023 ni los informes de control electoral. Por todo esto,  la partidocracia que se quiso eliminar em el 2008 sigue más viva que nunca, aunque en decadencia, porque las decisiones las siguen tomando los jerarcas del poder real: Correa y Nebot, con sus respectivos pelotones de torpes, salvo honrosas excepciones, que sin la participación ciudadana debilitaron aún más la democracia real.

Gracias al CNE, la partidocracia, que se quiso eliminar el 2008, sigue más viva que nunca, porque las decisiones las siguen tomando los jerarcas del poder real: Correa y Nebot. Foto: PlanV

La desarticulación del Estado: una implosión no controlada

Al crearse los ministerios coordinadores y nuevos ministerios —cuyos representantes ya no cabían en la sala de gabinete de la Presidencia en la última década— que actuarían como eje de las políticas públicas de cada sector, con sistemas informáticos como el Gobierno Por Resultados (GPR), no hubo resultado alguno. Prueba de ello: la ausencia de definición legal del sistema de control administrativo, de las evaluaciones institucionales, los planes y el seguimiento de resultados mediante indicadores de gestión y desempeño.  No se sabe si al menos se han publicado los resultados de la ejecución de esos planes y los indicadores. Por tanto, en pleno siglo XXI las instituciones del Estado ecuatoriano no han medido el grado en que están logrando sus metas y objetivos estratégicos. Han caminado sin rumbo y con la brújula rota por 12 años, incumpliendo todos, en conjunto, los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República. 

Entre esas instituciones está el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos del 2007, que estableció el sistema de rehabilitación social, reestructuró la Dirección de Rehabilitación Social, para coordinar, ejecutar y monitorear los programas y proyectos, cuyos resultados se desconocen porque jamás se presentaron al país, hasta su transformación en Secretaria de Derechos Humanos y posteriormente de la SNAI. Con plena autonomía, readecuaron y construyeron penitenciarías. Sin concurso ingresaron personal administrativo, y reclutaron guías penitenciarios sin definir requisitos sólidos, experiencia ni preparación. Esto condujo a crear espacio a los grupos mafiosos y que las penitenciarías del país se conviertan en eficientes centros de coordinación nacional del crimen organizado con plena autonomía y derechos penitenciarios consagrados en la Constitución y viabilizados en el Código Orgánico Integral Penal, cuyas fisuras siguen siendo aprovechadas para la impunidad y el crimen, en contra de la seguridad ciudadana.

La desinstitucionalización condujo a crear espacio a los grupos mafiosos y que las penitenciarías del país se conviertan en eficientes centros de coordinación nacional del crimen organizado. Foto: Archivo Diario La Hora

Agujero negro I: el Sistema de Contratación Pública

El gasto público se convierte en delirio para quien ostenta el poder. Por ello, los techos constitucionales y legales para limitarlo, bajo la asesoría de los expertos planificadores, generó la perversa costumbre de disfrazarlos en proyectos de inversión, los que al no concretarse simplemente contribuyeron a incrementar gastos. Para hacerlo, el agujero negro de los recursos del Estado es el Sistema de Contratación Pública, el cual se mantiene vigente con pagos por debajo de la mesa que ya forman parte de la cultura nacional, sin que desde su creación la Contraloría o algún curioso, haya revisado el flujo de los pagos con recursos públicos efectuados a los proveedores y contratistas, por intermedio de los bancos nacionales, que debía destinarse exclusivamente a cubrir los bienes y servicios adquiridos por el Estado y que en alguna proporción, es el dinero que va casi obligatoriamente al sistema de coimas institucionalizado.  

Agujero negro II: las empresas públicas

Otro agujero negro son las empresas públicas, sus subsidiarias y filiales, creadas bajo la Ley de Empresas Públicas, que con autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión, tampoco cumplieron disposiciones expresas de la Ley. Esta les obliga a tener índices básicos de gestión con parámetros sectoriales e internacionales, para medir su eficacia operativa, administrativa y financiera. Estas deben ser controladas expresamente por la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana, pero no hay auditorías financieras externas e independientes, anuales, de compañías privadas especializadas. Sin una definición exacta del capital de las empresas públicas ni la integración de la suma de las cuentas que conforman el patrimonio registrado en el balance de las empresas —que debió ser cortado a la fecha de su creación— así como sus activos. No hay una valoración de las empresas públicas, ni estas tienen balances hechos con sistemas contables bajo normas NIIF, que aseguren la fiabilidad de la información, excepto el costo que ocasionan al Estado establecido en sus presupuestos de operación.  Tampoco han fortalecido las debilidades de control para frenar la continuidad de casos de corrupción, detectados parcialmente en el país, y su personal no dispone de procesos de evaluación establecidos en la LOSEP y la LOEP. 

¿Qué hará la nueva —vieja— política?

Preguntas para el poder real: Rafael Correa, Nebot, Revolución Ciudadana, Construye, PSC y ADN. ¿Cuál es el plan de acción de los nuevos grupos parlamentarios en sus próximos 18 meses de gestión en la Asamblea Nacional? ¿O acaso simplemente se manejarán bajo el voto de obediencia?   

Quién desee ser Presidente o Presidenta del Ecuador, ¿que harán con las instituciones y empresas públicas que siguen a la deriva? ¿Acaso van a ponerlas en orden, publicar todos los planes, programas, proyectos, contratos, ingresos y gastos efectuados en la década, con el detalle suficiente para la adecuada comprensión del ciudadano, así como, iniciar planes de fortalecimiento para reducir al mínimo sus debilidades que facilitan los actos de corrupción y encauzarlos hacia objetivos? ¿Qué objetivos piensan plantearse para la transición de 18 meses? 

Preguntas para quién desee ser Presidente o Presidenta del Ecuador, ¿que harán con las instituciones y empresas públicas que siguen a la deriva? ¿Acaso van a ponerlas en orden, publicar todos los planes, programas, proyectos, contratos, ingresos y gastos efectuados en la década? Fotos: Facebook de los candidatos

Del dólar a la moneda común latinoamericana, ¿de golpe y porrazo?

¿Que harán Daniel Noboa y Luisa Gonzales, con un detalle que escapa de sus agendas y propuestas y es noticia pública a pesar del silencio de los involucrados? El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha propuesto la creación de una moneda común en América del Sur. El escepticismo no es emocional, sino por la falta de datos históricos propios. Un antecedente sobre los sistemas monetarios modernos: para que la eurozona pueda llegar a una moneda común, el euro, pasaron 14 años de tratados de cooperación exitosos para la integración económica de los países de Europa, nueve años de crecimiento económico con políticas económicas, comerciales, agrícolas, en común; nueve años de consolidación de la Unión Europea, 20 años de un mercado único, sin fronteras nacionales, hasta que 23 años después, comenzara a circular el euro. En el caso ecuatoriano, la Constitución del 2008 establece que la integración es objetivo estratégico del Estado ecuatoriano y lo comprometió a impulsar la unidad productiva, financiera y monetaria, es decir, la moneda común. Pero como en todos los demás casos, 15 años después —con el paréntesis histórico producido por el fracaso del sistema SUCRE— no hemos dado un solo paso exitoso en concreto para concretar el delirio de unidad monetaria.  

La historia latinoamericana nos enseña que una crisis sistémica permanente de gasto público y corrupción, todas con antecedentes de devaluación permanente frente al dólar, resultan en monedas débiles. Estas encarecen los bienes importados que se necesita para la producción y el comercio, causan deudas internas y externas descontroladas, con permanentes dificultades de pago, que contribuyen a la devaluación, la emisión monetaria sin respaldo y a la desconfianza en las monedas locales.  

Controlar el circulante, el golpe final

El sistema de convertibilidad electrónica —idea generada en el Banco Central del Ecuador hace 30 años— hoy es manejada a escala mundial por ciudadanos que en países adelantados, casi en su totalidad, tienen cuentas en el sistema bancario, que les sirve para pagar con su tarjeta bancaria o, por su celular, desde el transporte público hasta los abarrotes en pequeñas tiendas, con el límite de los recursos existentes en sus cuentas. Pero en el Ecuador, el dinero de los ciudadanos —es decir las cuentas corrientes, de ahorro y otras, que son privadas— circula por intermedio de los servicios bancarios del país en alrededor del 71%. El restante 29% es dinero debajo del colchón o en pequeños negocios, bajo la confianza de billetes dólares, por la pobreza y la economía subterránea de subsistencia de la mayoría de nuestra población. La jugada que se pretende hacer es que este dinero pase, de golpe y porrazo, a ser manejado por el buen samaritano Banco Central. Además de facilitar el uso y dilapidación de recursos públicos, con sus nuevos socios latinoamericanos esta estrategia busca controlar el total del circulante y transformarlo en dinero electrónico, para que en un momento dado lo conviertan en una nueva moneda común latinoamericana, saltándose los necesarios pasos históricos que equilibren las economías y las finanzas públicas de los países de la región.

De esta manera, así como hoy en día las monedas fracciones de dólar acuñadas en el Banco Central con respaldo en dólares, no pueden ser medio de pago sino dentro del país, la centralización y el control estatal del total del dinero de los privados (jubilados, parientes de migrantes en el exterior, vendedores ambulantes, trabajadores autónomos.., etc.), ante el crónico déficit de caja fiscal, además de disminuir la capacidad adquisitiva de los ciudadanos violará su intimidad y los derechos económicos, al tener un ente público que conozca la razón de hasta el mínimo movimiento de sus recursos, y que además, puede limitar su uso.

Sobre esto, tanto Daniel Noboa como Luisa González, deben ser precisos en definir sus acciones futuras o repetiremos ha historia que brevemente se repasa en estas notas.