El propósito de la política de paz total es reducir la violencia del conflicto armado y, por lo mismo, el costo humanitario para miles de colombianos. Dar prioridad a la vida —como dijo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda— responde al reclamo de las comunidades de condiciones humanitarias mínimas para llevar en paz su día a día. Se trata de “sacar a la población civil del conflicto”, en palabras de un líder campesino en el sur de Córdoba.

Pero la realidad es otra cuando se recorre el territorio colombiano, y en especial regiones como Arauca, Cauca, Córdoba o Nariño. Si bien es cierta la reducción de los homicidios en algunas zonas del país, la tendencia durante los últimos seis meses ha sido hacia el recrudecimiento del conflicto.

Los primeros esfuerzos del gobierno para desarrollar su política de “paz total” están reescribiendo la lógica del conflicto porque los grupos armados tratan de llegar a la mesa de diálogo con más integrantes y un mayor control territorial.

Es más: el gobierno está intentando entablar un diálogo con grupos armados y criminales, cuando estos grupos no ven al Estado como su principal adversario en la lucha por el control territorial. Es esencial comprender esta lógica. Para un grupo armado o criminal, la violencia más útil es aquella que más asegura el control y la intimidación de los civiles.

En este contexto, el gran riesgo de la paz total es que los grupos armados aprovechen el diálogo y la suspensión de las actividades militares para consolidar su control coercitivo sobre las comunidades. Aunque esta iniciativa aún está en sus comienzos, los indicios sobre el comportamiento de estos grupos durante los primeros meses de la paz total son desalentadores.

Violencias sustitutas

Para lograr lo anterior, estos grupos han cambiado un tipo de violencia por otro. Algunos de ellos han reducido el uso del homicidio, pero las comunidades cuentan que la violencia referente al control social se ha vuelto más intensa.

Sus manifestaciones incluyen el reclutamiento de menores, la violencia de género y las restricciones de movilidad.

Quizás el signo más grave de esta tendencia sea el aumento el reclutamiento de menores por parte de todos los grupos y en distintos territorios.

Este reclutamiento es, además, eficaz para disminuir la resistencia de los familiares y amigos del nuevo recluta hacia el grupo armado en cuestión. Por miedo las familias se rehúsan a denunciar el reclutamiento o a intentar recuperar a sus hijos; es más probable que los familiares colaboren con el grupo si este les pide que lo hagan, con la esperanza de que los menores regresen algún día.

Los testimonios de múltiples comunidades coinciden con las escasas cifras sobre el asunto: el reclutamiento está aumentando con rapidez. 2022 fue el año con más casos registrados de menores recuperados por el ICBF. El ejército dice que en los primeros cinco meses de la presidencia de Petro ha recuperado al menos a 70 menores y que alrededor del 20% de los combatientes de grupos rebeldes se han entregado voluntariamente.

Habitantes de Cauca, Arauca y Nariño nos dijeron que varios grupos armados están montando operaciones dentro o cerca de las escuelas con la intención de atraer a los niños.

Miembros de varios frentes disidentes de las FARC en el norte del Cauca han establecido depósitos de armas junto a los colegios e invitan a los menores a visitarlos, atrayéndolos de la misma manera que lo harían los policías o los bomberos al mostrar sus equipos.

Además los maestros que han protestado ante esta práctica han sido intimidados para que guarden silencio o se han visto obligados a marcharse.

Varias comunidades indígenas en la zona rural de Tumaco han denunciado que facciones disidentes de las FARC han instalado minas antipersonas alrededor de las escuelas y han establecido puestos de control a lo largo de las rutas hacia el colegio, en particular las que permiten el cruce de ríos.

Estos mecanismos ponen en peligro a los menores, los disuaden de asistir a clases y los persuaden para unirse a los grupos armados. Como explicó un maestro, “muchos niños se han salido este año por eso, porque tienen tanto tiempo libre y no hay opción de ir a la escuela”.

Las víctimas a lo largo y ancho del país aseguran que la violencia sexual y de género siguen igual o peor que nunca.

Tal como el reclutamiento, este tipo de violencia pretende someter a la comunidad, al aterrorizar a las víctimas y paralizar a los miembros de su familia para que no denuncien los delitos.

Crisis Group también ha recopilado evidencias visibles del daño causado por el confinamiento forzado, que llegó a su más alto nivel en 2022.

Atrapar a la población civil en un área específica, restringiendo la circulación de entrada o salida, y disciplinar a aquellos que se niegan a acatar las reglas, es una forma contundente de ejercer el control sobre las comunidades.

Las restricciones a la circulación ponen en peligro la seguridad alimentaria de la comunidad, así como el acceso a la educación y atención médica. La erosión de los medios de subsistencia y de las prácticas tradicionales socava los lazos comunitarios, limitando la capacidad que la población local para resistir el control de los grupos armados.

Alto Comisionado para la Paz - La población afrocolombiana y la población indígena son altamente afectadas por la violencia. En 2023, la población afrocolombiana representó el 53 % de las víctimas de desplazamiento forzado. Foto: Facebook

Los olvidados

Las personas más aisladas y desprotegidas de Colombia, incluyendo a comunidades étnicas, mujeres y niños de zonas rurales, se encuentran entre las principales víctimas.

Las poblaciones afrocolombianas e indígenas son los receptores de la peor parte de la violencia. Los afrocolombianos, que representan entre el 10 y el 20% de la población, constituyeron el 53 por ciento de las víctimas de desplazamiento forzado en 2022. Por su parte y aunque constituyen poco menos del 5% de la población, las comunidades indígenas representan más de la mitad de las personas que viven en confinamiento forzado.

Aunque la situación ya es muy grave, bien puede empeorar en los próximos meses si es que el gobierno no enfrenta seriamente las varias formas de violencia.

El diálogo y la búsqueda de la paz total deben contar tanto con incentivos como con elementos disuasorios, y la Fuerza Pública debe tener un papel importante en ambos sentidos.

Para premiar el buen comportamiento y los avances en las conversaciones, puede haber una reducción en las operaciones militares contra los grupos armados. Pero en casos de incumplimiento, debe haber repercusiones en términos militares.

Por ahora, hemos visto que varios grupos se están beneficiando de una menor presión militar, a cambio simplemente de expresar su voluntad de dialogar y reducir los homicidios. Otorgarles concesiones por algo tan inane como sumarse retóricamente a la “paz total” conlleva el riesgo de darles carta blanca para que aumenten otros tipos de violencia.

El gobierno tiene a su disposición estrategias para reducir los riesgos que rodean un proceso de diálogo con grupos armados y criminales, y al mismo tiempo esforzarse por liberar a las comunidades del control que padecen.

La primera, como dice la organización International Crisis Group, es que el gobierno insista en que los grupos armados pongan fin tanto a su violencia letal como a otras formas de coerción menos visibles, pero no menos dañinas.

El propio presidente ha respaldado la fórmula de un cese de hostilidades; mientras que el cese al fuego se limita a los choques con las fuerzas de seguridad, un cese de hostilidades incluye cualquier tipo de abusos sobre la población civil.

El segundo deber del gobierno es diseñar y ejecutar una nueva estrategia de seguridad enfocada en proteger la protección civil. En muchas ocasiones, las víctimas de la coacción se encuentran en lugares aislados en términos geográficos y políticos, sin la protección ni los servicios del Estado.

Poner fin al aislamiento de las víctimas, y ofrecerles alternativas reales, es el golpe más importante que las autoridades pueden dar a estos grupos para despojarlos del poder sobre la población.

Si el gobierno quiere brindar una mejor vida a los civiles a través de la “paz total”, una vida libre de las varias violencias, debe ampliar los mínimos humanitarios que exige a los grupos armados y criminales, en lugar de premiarlos por una simple promesa.