En un mundo al borde de la aniquilación nuclear, y cargado de locura desmedida de seudo líderes que alardean de su poder y dan muestra de su desprecio por la vida en todas sus formas, el Ecuador no podía ser la excepción de esta tendencia de violencia extrema. Ya hemos dejado de horrorizarnos por los crímenes más atroces y los hemos hecho parte de la cotidianidad de noticiero. Para los ecuatorianos, sentir que la muerte nos ronda cada día se ha convertido en algo rutinario.

Hay violencia en las calles, asaltos a instituciones bancarias, asaltos a restaurantes y negocios a cualquier hora del día, ingresos violentos para vaciar casas y los más execrables crímenes contra la integridad de las personas y su vida. Las represalias son suficiente motivo y justificación para acabar con familias enteras y disparar contra niños indefensos. El femicidio ha crecido con cargo a una infinidad de causas, que no hacen sino reiterar el verdadero estado de descomposición social. Solo como dato aportado por el ECU911, en lo que va de 2022 se contabilizan 84.958 alertas de violencia intrafamiliar, muchas de ellas con terribles desenlaces.

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, en su genial obra Crimen y Castigo, en 1866, ya narraba lo que implica la descomposición social y la pérdida de la confianza en las estructuras del Estado, y realza la poderosa imagen de lo que la cárcel realmente significa en la vida de un ser humano. Luego de leerlo, puede que nos quede más claro que en nuestra realidad nacional, hoy más que nunca, se atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural. Caracterizada esta por niveles de violencia y corrupción sin precedentes, y que responden a una estructura gubernamental débil, poco organizada y con un alto grado de improvisación.

El abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años es evidente, no solo por las precarias condiciones en las que se desarrolla la vida al interior de estas prisiones, convertidas en verdaderas bodegas humanas, sino en la ausencia de control, que se visibiliza desde los accesos sin medios tecnológicos y relaciones cargadas de abusos y permeabilidad, que es el producto de la ausencia de una política criminal integral. Todo ello aporta en gran medida para que no haya rehabilitación social verdadera. No existe un solo director de la SNAI que se haya preparado para cumplir con esta delicada tarea en los últimos diez años. El desfile de militares y policías en servicio pasivo y activo por esa dependencia da cuenta de ello.

El sistema judicial, de su parte, genera más dudas que confianza en los ciudadanos. No existe hasta el momento una trazabilidad del patrimonio de los operadores de justicia y llama la atención las oprobiosas fortunas de algunos de ellos. Las mega urbanizaciones que existen a lo largo y ancho del país, no están precisamente ocupadas por grandes empresarios que han amasado fortunas por varias décadas de esfuerzo y generación de industrias, o el incremento de mano de obra nacional calificada. Por el contrario, las propiedades responden a empresas de papel, y sus beneficiarios hacen alarde de sus posiciones dentro de la administración pública.

Volvamos entonces a entender qué está ocurriendo en el Ecuador del siglo XXI, en este país cargado de violencia y de la infiltración anunciada de las organizaciones delictivas, principalmente asociadas a los carteles de la droga. Y de verdad que fueron anunciadas, pues desde hace casi dos décadas atrás se advertía de la exposición que tenía el país a esta penetración de las estructuras delictivas. Hace casi dos décadas se advertía también de que la narcoguerrilla apuntalaba sus negocios en el Ecuador, financiando candidatos presidenciales y seccionales. Se hablaba de que financiaba la regulación de la legislatura para tener leyes benévolas para ciertas conductas, pero implacables para otras. Se cambió el sistema judicial, se crearon unidades judiciales y jueces multicompetentes en nuestras edificaciones cargadas de retardos procesales y no de las mejores prácticas como alardeaban en la década “ganada”.

Por ello, hoy con asombro se observan decisiones judiciales con las cuales se deja en libertad a líderes de estructuras del delito, con la aplicación de medidas alternativas y la negativa a estas mismas medidas a personas sin antecedentes criminales. Se puede observar cómo los jueces ejecutan acciones para poner en la calle a los más avezados delincuentes, que luego harán clara ostentación de sus múltiples detenciones. Aquello les servirá para reposicionarse en el mercado criminal del “talento humano” para ejecutar las más sanguinarias acciones. Un país en el cual existen escuelas de sicarios de manera abierta y pública ocupando canchas deportivas para el adoctrinamiento e inclusive para la filantropía criminal, en la que las organizaciones del crimen se presentan para entregar de todo, desde ropa y víveres, hasta sillas de ruedas y apoyo social para las familias más empobrecidas, que retribuyen este esfuerzo entregando a sus hijos para ocupar puestos relevantes en las estructuras criminales, conocedores de que, de una u otra manera, serán reclutados ante la ausencia de Estado.

Tras el ataque registrado contra la UPC Prosperina 2, en el norte de Guayaquil, en el que una policía resultó herida de gravedad, la Fiscalía inició de oficio una investigación por presunto terrorismo.

Estas mismas estructuras exigen a sus miembros demostrar su “valentía” atacando a policías prácticamente indefensos al interior de las UPC como lo han evidenciado los ataques en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y el miserable ataque a la UPC en Guayas que dejó como víctima a una joven servidora policial sin chaleco antibalas, pues, "Verónica Songor, de 24 años de edad, tiene 1 año 7 meses de servicio, su primera designación la cumple en Guayaquil", aclaraba el comunicado oficial de la Policía Nacional. Inmediatamente después de este comunicado, hubo varios detenidos que han sido puestos a órdenes de las autoridades judiciales que volverán a cerrar el círculo de la violencia y serán colocados posiblemente en los cuarteles de la droga llamadas cárceles, junto con sus cabecillas, para que ocupen un puesto como escoltas de seguridad con el mismo tipo de fusiles que usaron para disparar a Verónica y a decenas de policías heridos por esta violencia criminal.

En la misma semana que esto sucedió, se formaban las Comisiones de Investigación Legislativa, que lejos de fiscalizar acciones de política pública se han convertido en los nuevos jueces alternos de responsabilidades directas e indirectas pese a la prohibición del Art. 76.7. literal k) de la Constitución: El derecho a ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Pero, sin embargo, el desfile de funcionarios públicos es parte de la nueva realidad de la Asamblea Nacional que busca más la relevancia de Twitter que cumplir con su labor legislativa.

El Ecuador del lavado de dinero, de carteles de la droga de diferentes orígenes y de la impunidad política, deja claras muestras que la inmadurez en el manejo de la seguridad nos está pasando factura a todos.