En los casi dos años transcurridos desde que Guillermo Lasso, un millonario banquero conservador, ganó la presidencia en Ecuador, la región ha cambiado considerablemente. Líderes de izquierda han ganado elección tras elección, incluso en la vecina Colombia, que había sido el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el hemisferio durante décadas. Este cambio geopolítico de gran alcance hacia la izquierda ha hecho que la relación entre Estados Unidos y Ecuador sea de suma importancia para Washington, así como para Quito.

Múltiples funcionarios estadounidenses de alto nivel han viajado a Ecuador y el propio Lasso recibió una calurosa bienvenida en la Casa Blanca en diciembre. En vísperas de esa visita, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Asociación EE.UU.-Ecuador, que busca fortalecer aún más las relaciones bilaterales.

"Ecuador se ha convertido en un modelo en América Latina y el Caribe por sus continuos esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad democrática y los derechos humanos", declaró entonces el senador Bob Menéndez, copatrocinador de la ley.

Pero la situación en la práctica no es la misma.

En los últimos años, Ecuador ha experimentado un acusado declive en la mayoría de los indicadores de desarrollo y bienestar público y ha retrocedido hacia la anarquía. La pobreza y la desigualdad han ido en aumento tras años de mejora constante, mientras que la situación de seguridad del país ha empeorado drásticamente.

La tasa de homicidios de Ecuador ha pasado de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017 -una de las tasas más bajas del hemisferio occidental- a 25,5 en 2022. A día de hoy, dos ciudades ecuatorianas son consideradas las más mortíferas del mundo.

Ecuador también ha alcanzado niveles espantosamente altos de violencia carcelaria. Once masacres a gran escala relacionadas con bandas en el sistema penitenciario del país, con 416 reclusos brutalmente asesinados desde febrero de 2021, han conmocionado al país y a la región.

Los cárteles de la droga también se han infiltrado en la policía y el ejército. En diciembre de 2021, Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, denunció públicamente a los "narcogenerales" del país, aunque no sirvió de mucho para frenar el entusiasmo en Washington por la nueva administración.

Como resultado de este deterioro de la situación, Lasso se ha vuelto extremadamente impopular. En las encuestas más recientes, su índice de aprobación oscilaba entre el 12 y el 14 por ciento.

En febrero, el principal partido de la oposición ganó todas las elecciones locales de Ecuador, incluidas las alcaldías de Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país, y ahora también ocupa las gobernaciones de las provincias más importantes, donde reside aproximadamente el 70% de la población.

En esas mismas elecciones, los ecuatorianos votaron ocho preguntas de referéndum, todas ellas promovidas por Lasso, entre las que se incluían cambios en la Constitución. Los votantes rechazaron todas sus propuestas de reforma.

En las últimas semanas, varios escándalos de corrupción han asestado nuevos golpes al asediado presidente de Ecuador. El cuñado de Lasso, Danilo Carrera, está siendo investigado por una trama de corrupción a gran escala de falsificación de contratos en el sector energético.

La fiscal general también ha abierto una investigación sobre los presuntos vínculos entre uno de los estrechos colaboradores de Carrera y una red de narcotráfico albanesa y el intento del gobierno de Lasso de cerrar una investigación sobre esta red de delincuencia organizada.

También se sospecha desde hace tiempo que el cuñado del presidente tiene activos ocultos en Estados Unidos, incluidas inversiones en Florida. El propio Lasso ha sido acusado, desde antes de su elección en 2021, de dirigir una compleja red de empresas extraterritoriales en jurisdicciones que supuestamente le han permitido eludir impuestos. También ocupa un lugar destacado en los Papeles de Pandora.

Desde 2017, es un delito sancionable para los funcionarios públicos ecuatorianos tener activos en paraísos fiscales. A pesar de incumplir potencialmente esta prohibición, Lasso se las ha arreglado para seguir en el cargo... y en los registros de visitas de la Casa Blanca.

El presidente ecuatoriano ha rechazado las acusaciones de corrupción. Carrera también ha negado cualquier delito y ha interpuesto una demanda contra un periodista que ha informado sobre el escándalo.

Lasso también ha intentado intimidar públicamente a los periodistas que investigan las acusaciones de corrupción, llamándoles "terroristas de los medios de comunicación", "mercenarios del entretenimiento informativo" y "mocosos malcriados [a los que] hay que detener de inmediato". Reporteros sin Fronteras ha condenado sus "violentas diatribas" contra la prensa.

Cuando fue convocado por la Asamblea Nacional de Ecuador, Lasso se negó a asistir a las audiencias legislativas para presentar su versión de los hechos.

Un día después de que la fiscal emitiera una orden de registro del palacio presidencial en relación con una investigación por corrupción, el gobierno destituyó a los investigadores policiales asignados al caso, medida que fue denunciada por la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de Lasso no ha recibido más que elogios de las autoridades estadounidenses. "Admiramos la fuerte voz a favor de la democracia que usted ha compartido con el pueblo ecuatoriano, pero también con la gente de todo nuestro hemisferio", dijo el Secretario de Estado Antony Blinken durante su visita a Ecuador en octubre del año pasado. "Usted y yo estamos unidos no sólo en nuestros valores, sino en nuestra visión del futuro, uno que sea libre y democrático", dijo el presidente Joe Biden tras reunirse con el presidente ecuatoriano en diciembre.

Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, pidió a Estados Unidos que ayudara inequívocamente al Ecuador de Lasso, una "democracia fuerte en una vecindad problemática".

El recurso fue escuchado por el senador republicano Marco Rubio, quien, sin inmutarse por la proliferación de acusaciones de corrupción, voló a Ecuador a finales de febrero en una muestra de apoyo al cuestionado gobierno de Lasso.

Pero lo cierto es que, bajo Lasso, Ecuador ha ido retrocediendo. Las instituciones y el Estado de Derecho se han ido desmoronando y la corrupción ha prosperado y penetrado en el círculo íntimo de Lasso. A la luz de estos preocupantes acontecimientos, la administración Biden debería mantener su compromiso de luchar contra la corrupción, incluso cuando se trata de un aliado percibido.

Debería denunciar los ataques de Lasso contra los medios de comunicación y sus intentos de intervenir en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas por sus allegados. El Departamento de Justicia y el Tesoro de Estados Unidos deberían investigar las acusaciones de que Lasso, su cuñado y otros asociados poseen activos en jurisdicciones estadounidenses.

Si Estados Unidos sigue apoyando ciegamente al presidente ecuatoriano, corre el riesgo de ser percibido por los ecuatorianos y otros ciudadanos de la región como un facilitador de la corrupción y el autoritarismo. Y a medida que se agrave la crisis en el país, Washington puede acabar en el lado equivocado de la historia.

*Este artículo se publicó en la sección de opinión del portal web de Al Jazeera. El autor es Luis Ortiz, analista político y consultor de desarrollo. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial del medio.