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6 de Septiembre del 2023
Historias
Lectura: 10 minutos
6 de Septiembre del 2023
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

Ecuador-narcoestado, una realidad
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Portada: fotomontaje referencial. PlanV

 

El Ecuador está en sus horas finales de la vida tal como la conocemos y entraremos a una nueva etapa de violencia indiscriminada, si no se realizan cambios profundos y acciones que transformen las deudas sociales en factores de seguridad y no violencia.


Con profunda preocupación en esta misma columna años atrás narraba el riesgo latente del crecimiento exponencial de la violencia y la regularización de la criminalidad en todas sus expresiones. El saldo de agosto de 2023 para el Ecuador ha sido uno de los más nefastos en su historia, que termina con un hito fundamental: el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, periodista de investigación que expuso múltiples actos de corrupción, pero también fue el primer político en hablar frontalmente de la vinculación del estado al narcotráfico y la cooptación de sus estructuras en todos sus niveles por estos grupos de poder criminal. Habló abiertamente de la corrupción y la necesidad de depuración de la cúpula policial y la reestructuración del ministerio rector como pasos fundamentales en caso de llegar a Carondelet. Comentarios y lucha frontal que le costaron la vida.

Hace catorce años, el médico, político y periodista, Francisco Huerta Montalvo, advertía sobre el riesgo de que el Ecuador se estructure, por diferentes factores, como un narcoestado. Su tesis generó alertas que no quisieron ser escuchadas, mucho menos existió la preparación por parte de las entidades de seguridad y control para enfrentar esta nueva amenaza no solo regional, sino global. Las alertas siempre estuvieron ahí, pero lamentablemente quienes han ejercido la titularidad del ministerio de seguridad (interior – gobierno), no han estado a la altura del desafío. Las frases de ocasión, como contención del delito, ante la incapacidad de combatirlo, aparecieron el léxico policial de las continuas ruedas de prensa ante eventos de la escalada ascendente e incontenible de la violencia en el Ecuador. La sangre tiñó a los hogares ecuatorianos a lo largo y ancho del país, con una recurrencia de hechos que han llevado casi a normalizar la violencia, la cual alcanzó un cifra histórica de 4800 muertes violentas en lo que va del 2023, superando al 2022, hasta ahora considerado el año más violento de la historia del país.

La cancha siempre estuvo trazada, pero la miopía de la seguridad pública e inexistencia de un verdadero Plan de Seguridad Nacional, más allá de las listas de compras que se han presentado desde un famélico ministerio —desesperado por ejecutar un abultado presupuesto sin resultados concretos y con muchos cuestionamientos de calidad, precios y garantías de operación de los pocos bienes adquiridos— ha sido la tónica de este gobierno.

Por su parte, la Interpol ofrecía ayuda a los países miembros para abordar la delincuencia organizada y  sus diferentes amenazas acogiendo la casuística internacional y las medidas adoptadas ante las nuevas tendencias delictivas, para lo cual fijó cuatro líneas de acción que ha saber son las siguientes:

1. Identificación de las redes de delincuencia

2. Tráfico ilegal y mercados ilícitos

3. Delitos de apoyo y convergencias delictivas

4. Flujos ilícitos de dinero y activos

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Uno de los puntos no considerados por la Interpol, pero definitivamente neurálgicos para alcanzar un cambio en la realidad cotidiana, fue y es la depuración de la justicia en todos sus niveles. Los actuales operadores tienen severos cuestionamientos, así como deficiencias operativas, administrativas y estructurales. Estas se evidencian en el continuo abuso de las medidas alternativas a la prisión preventiva, con las cuales se deja en libertad a peligrosos delincuentes, capturados en flagrancia y con abundantes evidencias. El resultado de este abuso del derecho es lógicamente el regreso a las calles, con más virulencia, de estos infractores que ven en la impunidad su mayor fortaleza.

Esta crisis de los operadores de justicia también alcanza a la Policía Nacional y otras entidades de la seguridad pública como el propio Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, que requiere de una necesaria depuración en su conjunto; pues, la única forma de debilitar las estructuras criminales es fortaleciendo las estructuras policiales. El avance de la violencia criminal pone en riesgo a la propia democracia, pone en riesgo a la gobernabilidad, pone en riesgo a la convivencia ciudadana, y se marcan con hitos de sangre de los muertos que se han opuesto a las imposiciones criminales o las han evidenciado. La mayor muestra de ello ha sido el asesinato sistemático de políticos locales y nacionales, volviéndose más real esa trillada frase de “plata o plomo” como la evidencia del control estructural que el COT (Crimen Organizado Transnacional) está alcanzado en el “Ecuador del Encuentro”.

Nadie se salva de esta violencia, que por primera vez en la historia nacional amenaza inclusive a los propios Policías, convertidos en objetivos de las represalias de los Grupos de Delincuencia Organizada, GOD.  Este Ecuador de ahora ha dejado economías ilícitas enquistadas en lo más profundo del tejido social, las cuales han llenado los espacios de abandono estatal en zonas deprimidas y fronteras para reclutar a sus nuevos miembros obnubilados por el poder del dinero y el temor de la violencia que les genera “respeto” en sus propias comunidades, sin que importen las consecuencias. A ello, se debe sumar las pobres políticas públicas en materias de educación, inclusión social, desarrollo sostenido, fortalecimiento de la inversión privada y por su puesto de seguridad física y jurídica.

Las acciones tardías para la compra de armas, municiones, chalecos, patrulleros, equipos de comunicación, logística básica e infraestructura es parte de esta corrupción cuando al final del día los operadores de seguridad no cuentan con herramientas básicas en medio de una guerra sin cuartel que deja bajas en las filas policiales.

Parte fundamental de las redes de COT se encuentra en el lavado de activos, tráfico de armas, tráfico y explotación de personas, minería ilegal y otros delitos vinculados a las estructuras criminales. Pero también han conseguido captar la corrupción estatal, dejando en claro que la impunidad es posible para quienes están en el ejercicio de un cargo. Esta situación torna imprescindible contar con una Contraloría General del Estado más proactiva, e igualmente contar con herramientas jurídicas que hagan frente a un sistema de compras públicas permeable y direccionado. La corrupción de cuello blanco, es tan nefasta como la delincuencia de fusil en mano.

Las acciones tardías para la compra de armas, municiones, chalecos, patrulleros, equipos de comunicación, logística básica e infraestructura es parte de esta corrupción cuando al final del día los operadores de seguridad no cuentan con herramientas básicas en medio de una guerra sin cuartel que deja bajas en las filas policiales; de la misma manera que se multiplica el delito e inseguridad, destruyendo negocios, emprendimientos y cualquier forma de inversión que se ve enfrentada a vacunas, extorsión directa, asaltos, robos violentos y asesinatos selectivos.

El Ecuador está en sus horas finales de la vida tal como la conocemos y entraremos a una nueva etapa de violencia indiscriminada, si no se realizan cambios profundos y acciones que transformen las deudas sociales en factores de seguridad y no violencia.

Se debe  y responsabilizar a todos los involucrados del magnicidio de Fernando Villavicencio como primer paso para combatir la impunidad, despejar dudas fundamentales como las que genera el ex asesor de seguridad en la Presidencia de la República del Ecuador, General (r) Jorge Luis Vargas, al lanzar con total desparpajo “..que conoce al autor del atentado pero que no está autorizado para revelar su nombre”, por lo que un grupo de legisladores electos exigen conocer sobre lo afirmado por este alto oficial colombiano, que ocupó un cargo importante en la crisis de seguridad del país.

De igual forma, se debe reestructurar totalmente el sistema de control de puertos y aeropuertos, así como el control de las redes de comunicación fluvial y terrestre para debilitar las redes de logística y financiamiento de los GOT a escala nacional, con un control integral de las cárceles en el país que cambie radicalmente el modelo de gestión y estructuración de su seguridad interna. Todas estas acciones se pueden efectuar dentro de los 180 días posteriores al cambio de gobierno, pues este gobierno no ha logrado nada positivo en materia de seguridad y ha prologando nefastamente en la permanencia en los cargos más críticos a funcionarios cuyos resultados los preceden. 

El accionar del nuevo gobierno debe ser decidido e inmediato posterior a su posesión, no se puede repetir la historia del gobierno saliente del presidente Lasso, que no contó jamás con un equipo capacitado para actuar con firmeza y conocimiento en materia de seguridad, que hoy por hoy, es la primera preocupación de los ecuatorianos.

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