I. Los argumentos del gobierno no pegan

Casi siete de cada diez personas consultadas en una encuesta de la firma peruana Imasen, a la cual Plan V tuvo acceso, consideran que el paro de junio, que protagonizaron la Conaie y varios movimientos sociales, fue producto del descontento ciudadano por la mala situación económica. Solo el 29% de las 1200 encuestas a escala nacional atribuyen la responsabilidad de la violenta movilización de 18 días a la presencia de agitadores políticos que buscaban sacar al presidente Guillermo Lasso del poder.  Con ello, el discurso de regimen de que se trató de un intento de golpe de Estado financiado por el narcotráfico puede incluso que tenga algo de verdad, pero pocos lo creen así. Es más, al gobierno no ha presentado una sola prueba sobre su denuncia de que la narcopolítica había puesto 15 millones de dólares para financiar el paro. 

La encuesta fue realizada a 1200 personas, de entre 18 y 70 años, y en 23 provincias. Fue realizada entre el 18 y el 22 de julio y el margen de error es del 2,9% para el 95% de los casos. Unas 300 encuestas se hcieron en Guayas, 300 en Pichincha, 100 en Manabí, 60 en Azuay, 60 en la Amazonía, 240 en las demás provincias de la Sierra y 140 en las de la Costa.

Revise aquí el contenido completo de la encuesta. Ver PDF

Para los consultados, quienes peor actuaron en las protestas fueron el presidente Lasso (86%), el  ministro del Interior, Patricio Rosero (73,7%), Virgilio Saquicela (70,3%), Jaime Nebot (69%), los medios de comunicación (67%), los correístas (65%), Rafael Correa (61%). Quienes actuaron mejor, según los consultados, fueron la Conaie (51,3%), Leonidas Iza (44%), las Fuerzas Armadas y la Policía (37% cada una). El 69% cree que las protestas se hicieron más violetas por la actitud del presidente Lasso y porque el gobierno detuvo a Leonidas Iza. Una amplia mayoría (73%) cree que no fueron los correístas los que promovieron la protesta.

Foto: PlanV

No solo en eso le va mal a Lasso en términos de comunicación política. Su porcentaje de desaprobación es del 82,8%, el más alto de las también alicaídas instituciones como las Fuerzas Armadas (49,8%), la Policía (51,8%), la fiscal general (68,2%) y el poder judicial (77,4%). 

La mayoría de las personas consultadas concuerda en que la protesta de junio por las condiciones de vida de los ecuatorianos y que poco tuvieron que ver el narcotráfico y el correísmo.

Entre las razones por las que se cuestiona la gestión de Lasso están: no ha hecho nada (44,8%) y con procentajes similares pero menos del 11%: el alza del precio de los alimentos, no solucional los problemas, la falta de empleo, dice cosas que no hace y no cumple lo que promete. Razones donde se mezclan tanto los impactos de sus políticas como ciertos rasgos de su personalidad. 

En el escaso margen de quienes apoyan su gestión (13,5%), la mayoría le reconoce la vacunación, que enfrenta los problemas del país, que es trabajador, que ha mejorado la economía, eliminó la prueba del Senescyt y que "es democrático".

Pero tampoco le va bien a la Asamblea Nacional, que tiene una aprobación del 16,9%  y una desaprobación del 75,7%. El presidente del Parlamento tiene una alta desaprobación también, acorde con el cuerpo colegiado que dirige: 70,1%, aunque más del 18% de los consultados no respondió a esa pregunta.

Virgilio Saquicela y la Asamblea están entre los peor evaluados es su gestión. Foto: Asamblea Nacional

Entre los problemas que la gente consultada ve en el país, el  más grave es la delincuencia, con el 60%, luego el desempleo con el 52%, la crisis económica  el 28% y la corrupción 22%. El narcotráfico, el cual el gobierno ha dicho que es el problema más grave del país, tiene una mención del 3,7%. Esto puede reflejar que hay un abismo entre lo que la población cree y lo que piensa el gobierno, o que la población no logra relacional a la delicuencia como causa directa del accionar del crimen organizado.

Las movilizaciones se situaron en la Sierra, sobre todo. La mitad de los consultados cree que Leonidas Iza actuó mal durante el paro. Foto: Luis Argüello. PlanV

II. Un país fragmentado

Un análisis del Comité Ecuménico de Proyectos, firmado por la escritora y editora Milagros Aguirre, sostiene que la actual condición del país es parecida a una "colcha de retazos (patchwork quilt, en inglés, patchworkdecke, en alemán) es la metáfora de un país fragmentado, con piezas de distintos colores y texturas, que deberán coserse porque deben coexistir. El país está roto. Ahora hay que pegar sus pedazos".

El paro, dice el análisis, además de muertos, heridos y encarcelados visibilizó problemas más profundos: violencia, racismo y una enorme brecha de desigualdad, tres temas que ya se dejaron ver en el paro de octubre del 2019 pero que, luego de dos años de pandemia y uno de cambio de gobierno, siguen ahí, intactos y más bien se han profundizado.

Las tareas pendientes son infinitas, señala Aguirre, empezando por la desnutrición crónica infantil que, de acuerdo a UNICEF, afecta al 27,2% de los niños menores de dos años en Ecuador.

Y menciona dos ejemplos para mostrar la situación del país: uno, a pocos días del fin del paro la empresa de aseo del Municipio de Quito abrió una convocatoria laboral: 200 plazas de trabajo para barrenderos municipales a la que acudieron 13 mil aspirantes incluyendo profesionales que no encuentran trabajo. De acuerdo al INEC el desempleo alcanzó una tasa del 4% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el subempleo, 23.5%. Y dos, la migración: entre enero y junio de 2022, un total de 10.527 ecuatorianos han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos y México, según estadísticas de la patrulla fronteriza estadounidense. 

En el paro, dice Aguirre en su análisis, "el gobierno dejó ver sus costuras y debilidades, ignoró el termómetro del país y el bajón de popularidad en los días previos al paro, pero también le está costando separar las aguas del malestar de los ecuatorianos. En sus posturas se deja ver el desconocimiento acerca del movimiento indígena y sus formas de organización y la urgencia de crear un enemigo interno, tema que recae sobre todo en sus ministros del Interior y Defensa y que hace que, en el mismo saco, se quiera poner a indígenas y movimientos sociales, con sus enemigos correístas, pandilleros, narcotraficantes e incluso a disidencias de las FARC que operan en la frontera norte del país".

La CONAIE, en cambio, ha demostrado, una vez más, dice el CEP, "no solo su fuerza movilizadora y su capacidad organizativa, sino su resistencia. Esta vez, a diferencia de los años noventa, sus demandas —los 10 puntos de su agenda— no han sido demandas particulares para la población indígena (como lo fueron el reconocimiento del Estado plurinacional o el territorio de los pueblos indígenas) sino que incluyen demandas de la población en general (control de precios, subsidios, créditos y moratorias, presupuesto para educación)".

La Conaie mostró su fuerza movilizadora, pero también su debilidad en controlar las consecuencias violentas de la protesta. Foto: Josue Araujo

Pero si bien la fortaleza de la organización indígena es aplaudida por un sector de la población "es rechazada por otro que ve con recelo sus acciones y que cuestiona la violencia de las manifestaciones y la dificultad de la dirigencia de controlar infiltrados y eventos violentos como el registrado en Sucumbíos que costó la vida de un militar. El movimiento indígena se convierte en blanco para las expresiones racistas y también en trofeo a conquistar para algunos partidos políticos. Muestra de ello fue el llamado a llevar las movilizaciones a la Asamblea, utilizarlas para pedir la destitución del gobierno. La dirigencia de CONAIE, presidida por Leonidas Iza, pudo sucumbir a la tentación de incluir ese punto en su plataforma, sin embargo, mantuvo su postura de tratar los 10 puntos de sus demandas y con ello, tomó distancia de otros intereses políticos, ajenos a las decisiones de las bases indígenas. De todas formas, el movimiento indígena termina poniendo los cuerpos, los muertos y los heridos y además son ahora rechazados y calificados como terroristas, narcotraficantes y violentos por la sociedad blanco- mestiza, parte de la clase media y las élites del país".