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2 de Noviembre del 2022
Historias
Lectura: 13 minutos
2 de Noviembre del 2022
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

El “martes sangriento” y la inseguridad del Ecuador
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Tres detonaciones de objetos explosivos en Esmeraldas y seis en Guayaquil se registraron la madrugada del martes 1 de noviembre. Foto: AFP

 

Debe existir el respaldo permanente al Comandante General de la Policía Nacional y permitirle libremente la toma de decisiones operativas y administrativas, sin la injerencia ministerial que hoy existe. El Ministerio del Interior fija políticas de seguridad y es órgano de apelación, pero no puede ser el que decida operativamente en las diferentes circunstancias de las acciones en territorio y de la cotidianidad institucional.


Por mucho tiempo hemos advertido sobre el empoderamiento de los grupos delincuenciales, aupados por las grandes masas de dinero que mueve el narcotráfico. Se advertía que la ausencia de Estado era suplida por la presencia de grupos armados irregulares, que se mueven entre los marginados ofertando un mundo de lujos, poder y respeto basado en el miedo. Todas las descripciones y narrativas previas se ajustaban a las que eran objeto de los más diversos guiones de las series de narcos en Netflix o de películas de crímenes violentos y estructuras delincuenciales que controlan en submundo urbano.

Lo cotidiano era ajeno a los gobernantes de turno, que asumían los cargos de conducción de las políticas de seguridad desde la óptica de sus entornos sociales y desde la visión elitista que mira a esos marginados, llenos de tatuajes y rituales de pandilla, como parte de las historias de ficción de la televisión y el cine. Tuvimos un ministro de Gobierno que pisó un día su despacho con una delicada condición de salud, que el Presidente conocía y que, pese a ello, lo nombró por cumplir con la promesa hecha al amigo. Esto sacrificó momentos críticos para la transición de la seguridad, la que posteriormente fue entregada a una ilustre catedrática universitaria, cuya capacidad de conducción de la seguridad pública se evidenció en las primeras crisis.

El estado de abandono de la Policía Nacional es cuenta de larga data, luego de 11 años sin uniformes de dotación básicos y de haber quebrado la empresa que los proveía, la cual había ganado no solo experiencia sino que era ya la industria especializada en seguridad más importante de la región. El resto de la historia muestra una serie de incumplimientos y negocios fallidos que incluían hasta los absurdos circos sociales, cuyas estructuras y carpas siguen siendo un recuerdo de la payasada en la que se convirtió la seguridad.

Los destrozos ocasionados por una bomba en las inmediaciones de la Alcaldía de Durán, tras una oleada de violencia en Ecuador. EFE / Mauricio Torres

Hay que advertir que si bien las incautaciones de droga no han cesado —y que estos resultados deberían dar cuenta de un verdadero debilitamiento de las estructuras narco delictivas— su repunte es evidente. Los narco funerales, lujos en zonas empobrecidas y paupérrimas de la sociedad dan fe de ello. Pero a este escenario debe sumarse, el que en las enormes capturas de miles de kilos del preciado alcaloide, las detenciones siempre están limitadas a los custodios y transportistas, cuando se habla de cargamentos cuyos valores superan en el mercado de destino varios miles de millones de dólares. ¿Qué pasa entonces en el país? La llegada de un nuevo director de Antinarcóticos infiere coincidencialmente con duros golpes al narcotráfico en cuanto a cantidades de droga incautadas, pero hasta la presente los verdaderos líderes de las organizaciones no han sido detenidos en el Ecuador. El dinero fluye y fluye por diversos sectores del país, los sistemas de control son insuficientes o direccionados, pero en la práctica la búsqueda no ha dado resultados relevantes.

El 1 de noviembre del 2022, la violencia tuvo un clímax cuando la Policía Nacional se volvió uno de los principales objetivos del hampa organizada. No solo que los delincuentes no tuvieron el temor de poner carros bomba, atacar las obsoletas unidades de policía comunitaria, sino que causaron la muerte de cinco policías y otros tantos resultaron heridos.

El 1 de noviembre del 2022, la violencia tuvo un clímax cuando la Policía Nacional se volvió uno de los principales objetivos del hampa organizada. No solo que los delincuentes no tuvieron el temor de poner carros bomba, atacar las obsoletas unidades de policía comunitaria, sino que causaron la muerte de cinco servidores policiales y otros tantos resultaron heridos por estos execrables ataques criminales.

Es de relevar que estas estructuras de policía comunitaria fueron pensadas en el trabajo del policía en un mundo ideal, donde el policía es un vecino más del barrio. Pero nunca se tomaron las medidas de seguridad mínimas que se infiere de la presencia de estas unidades en zonas controladas por pandillas, bandas de sicarios y verdaderos carteles capitaneados desde el interior de las cárceles del país. Nunca se pensó en paredes reforzadas, puertas de seguridad, o vidrios de policarbonato balístico. Se hizo lo más simple en estructuras con evidentes vulnerabilidades que han costado la vida a Verónica Songor, Félix Contreras Montoya, Eduardo Perlaza Cevallos y el policía Estalyn Chunata Martínez, solo por mencionar el nombre de algunos de los servidores policiales que pagaron con su sangre por cumplir con su labor luchando hasta su último aliento. Mi solidaridad para todas las familias policiales por las pérdidas irreparables y el dolor que permanecerá siempre.

Estos mini cuarteles de presencia policial nunca fueron funcionales y han servido para generar desconfianza ciudadana por la lluvia de críticas con fundamento o sin él. Este modelo de seguridad comunitaria ajena a la realidad ecuatoriana y latinoamericana se materializó con los autodenominados "gobiernos progresistas", aquellos que veían en los policías (y aún lo hacen) como una representación de misóginos violadores de derechos humanos a los que se debía doblegar y controlar. Prueba de ello, es el decadente COESCOP que rige la vida la Policía Nacional del Ecuador, un Código Orgánico, cargado de sin sentidos y vacíos que han dificultado la vida y estructura institucionales, que es utilizado por las defensas de los policías sancionados administrativamente, que las han convertido en un excelente negocio. Los procesos disciplinarios en la Policía son una analogía absurda de un proceso penal, cargado de dilaciones y formas de evadir las sanciones. Ello da cuenta con la proliferación de inconductas dentro de la institución garante de derechos. El feminidio de María Belén Bernal dejó en evidencia varias falencias en la seguridad, control de ingreso de los cuarteles y, lo que más indignó a la ciudadanía, la evidencia de lo que sucedía dentro de las silentes paredes de estas unidades.

El alto mando de la Policía Nacional y el minstro del Interior, Juan Zapata se dirigen a los medios para informar las acciones en contra del narcoterrorismo y rechazar los ataques, asesinatos y heridas inflingidas a efectivos de la Policía. Em la foto, habla el comandante de la Policía, Gral. Fausto Salinas.

Hoy la sangre de 61 policías deja clara huella de la violencia que enfrentan en su trabajo cotidiano, sumando a ello están las lacerantes condiciones en las que habitan, se alimentan y son dados el pase separándolos de sus familias. La labor policial está cargada de exigencias judiciales y administrativas. Se cumplen horarios inhumanos, hay ausencia de capacitación específica en protocolos de reacción frente a esta clase de eventos de violencia social; los entrenamientos en el manejo de armas es muy limitado o inexistente por las limitantes logísticas; y lo más grave es que, no existe en una verdadera doctrina basada en la realidad nacional y peor aún un marco jurídico que respalde el accionar policial. A ello se deben sumar las incongruencias de la legislación de los uniformados y la proyección de sus carreras, así como la calificación para ascensos y designaciones para cursos nacionales e internacionales. Aquí está el caldo de cultivo para entender la contaminación de los uniformados.

Se cumplen horarios inhumanos, hay ausencia de capacitación específica en protocolos de reacción frente a esta clase de violencia. los entrenamientos en el manejo de armas es muy limitado o inexistente por las limitantes logísticas; y lo más grave es que, no existe en una verdadera doctrina basada en la realidad nacional y peor aún un marco jurídico que respalde el accionar policial.

El presidente Guillermo Lasso se firige a los efectivos policiales y militares en Guayaquil, a donde se dirigió para encabezar la acción del Estado en contra de las bandas criminales. Foto: Policía Ecuador

Las soluciones que deben adoptarse de manera inmediata están a la vista. Solo se recuperará la confianza de la ciudadanía con una verdadera depuración interna, con tolerancia cero a la indisciplina y más aún en caso de vinculación con organizaciones delictivas. El trabajo policial está expuesto al cuestionamiento público, fundado o infundado, y no se pueden permitir más injusticias de las que ya se han cometido a lo largo de la historia. Pero tampoco se puede tolerar que uniformados que han hecho nicho de mercado en la delincuencia sean simplemente dados el pase (traslado) a un nuevo destino para contaminar a otros miembros policiales. Debe fortalecerse de manera inmediata el sistema de disciplina policial y de contrainteligencia delincuencial dentro de la institución, con el apoyo de fiscales especializados. El sistema logístico es urgente y emergente; no puede seguir soportando los embates de los cambios de administración en el ministerio rector de la seguridad que no permiten la adquisición de insumos mínimos indispensables para la protección y seguridad en la operación policial, más aún cuando se entrampan en procesos burocráticos y hasta cargados de cuestionamientos por el direccionamiento a ciertos proveedores.

El mando institucional debe ser concordante en las decisiones y férreo en los momentos de crisis. Debe existir el respaldo permanente al Comandante General de la Policía Nacional y permitirle libremente la toma de decisiones operativas y administrativas sin la injerencia ministerial que hoy existe, dejando en claro que el Ministro de Interior fija políticas de seguridad y se constituye en órgano de apelación, y no puede ser quien decida operativamente en las diferentes circunstancias de las acciones en territorio y de la cotidianidad institucional. Este respaldo es imprescindible cuando se administra y dirige la Institución más grande del país, más compleja por la cantidad de aristas que infiere el trabajo policial, y sobre la cual recae la capacidad de desarrollo de la sociedad. Pues como se ha dicho miles de veces, sin seguridad no hay inversión ni sentido de crecimiento de un país cuando está sumido en el miedo y la criminalidad.

El país debe fortalecer de manera primigenia a la Institución Policial y el sistema de Justicia, invirtiendo en ellos pero igualmente depurando toda mancha de contaminación que hoy afecta al tejido social entre policía y comunidad. Ya no es hora de más diagnósticos y eruditos, es hora de acciones, de eliminar los discursos y someter a los violentos; de controlar las cárceles y no negociar con los delincuentes. Es el momento más importante de la historia para no claudicar ni bajar la cabeza. D

Debemos sentir el orgullo de ser ecuatorianos, de ser una raza especial que se vuelve más fuerte en la adversidad e inclemencia; y que nunca permitirá que los poderes narco criminales  y económicos logren destruir nuestra tranquilidad.

 

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