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15 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 8 minutos
15 de Enero del 2024
César Trapani
El problema no es el garantismo
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Portada referencial: PlanV

 

El garantismo no tiene pasaporte socialista. Es una escuela filosófica (digamos así) de raigambre liberal, que propugna utilizar el derecho penal para los conflictos más graves (para todo lo demás, siempre podemos encontrar un remedio menos severo).


La situación que vive el Ecuador debido a la criminalidad organizada es trágica y agobiante. Quisiera compartir unas reflexiones con relación a cierto discurso que, a mi juicio, supo adquirir carnadura y divulga criterios problemáticos para pensar el asunto.

Este discurso pareciera sugerir que un fantasma recorre el Ecuador: el fantasma del garantismo; él es responsable de la violencia que anida en el país. Un conjunto de postulados que sostienen una forma de organizar la justicia: con demasiadas ventajas para los delincuentes. El Estado se ve imposibilitado de luchar contra el crimen, sea porque sus reglas animan la manifestación criminal (“el precio de delinquir es demasiado bajo”), sea porque sus arreglos institucionales no sirven para aislar la perversidad (“la cárcel es un parque de diversiones desde el cual se sigue haciendo el mal”).

La solución, para muchos, sería unirse en una especie de santa cruzada contra este invento de la izquierda, con el objetivo de eliminar de la ley los obstáculos que impiden usar la fuerza del Estado para combatir a los delincuentes. Sin embargo, el garantismo no tiene pasaporte socialista. Es una escuela filosófica (digamos así) de raigambre liberal, que propugna utilizar el derecho penal para los conflictos más graves (para todo lo demás, siempre podemos encontrar un remedio menos severo). Tan liberal que, en palabras de Andrés Rosler, quizá sea lo único liberal que se puede invocar sin tener que dar mayores explicaciones, puesto que no hace falta ser un partidario del mercado, sino solo considerar que todas las personas tienen los mismos derechos.

El garantismo plantea poner en el centro a los individuos, quienes merecen igual respeto y consideración. Siempre alguno podrá optar por desviarse y romper el contrato social, por lo que se admite la imposición de las penas. Sin ellas las cosas serían peores y la convivencia devendría imposible. Castiguemos, entonces, para defender la coexistencia de los intereses comunes y disuadir delitos futuros. El comportamiento irreflexivo traerá consecuencias. Desde la perspectiva que alimenta al garantismo, si algo justifica la existencia del Estado, siendo que los recursos son escasos y las personas autointeresadas, es la necesidad proteger el bienestar personal y evitar una guerra de todos contra todos.

El garantismo plantea poner en el centro a los individuos, quienes merecen igual respeto y consideración. Siempre alguno podrá optar por desviarse y romper el contrato social, por lo que se admite la imposición de las penas. Sin ellas las cosas serían peores y la convivencia devendría imposible.

Para no correr el riesgo de que las autoridades castiguen como quieran todo lo que consideran intrínsecamente malo, el garantismo dice: solo se pueden sancionar las conductas que decidimos prohibir por ley; esas leyes deben aprobarse antes de que se realicen las conductas; hay que probar apropiadamente que las conductas se cometieron; corresponde a quien acusa probarlas; para tenerlas como probadas, hay que alcanzar cierto nivel de convencimiento; hasta tanto se comprueben, los acusados serán tratados como inocentes; la comprobación no puede implicar tratamiento indigno del acusado; las penas tienen que ser proporcionales a los intereses violados; y, otros principios orientados a que la justicia penal se equivoque lo menos posible. Cualquier desacierto significaría infligir dolor a alguien que no produjo daño.

Como resultado de la intervención en@tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Foto: Policía Ecuador

Ser garantista no supone pedir que el Estado “tenga mano blanda”. Significa exigir que el uso del poder punitivo se adecue a ciertas exigencias. ¿Qué respondería un garantista, por caso, si tuviera que referirse a la delincuencia que azota el Ecuador? Seguramente, reconociendo necesaria castigarlas por razones de “defensa social”, clamaría, de manera vigorosa, que la legislación prohíba todas estas conductas llevadas a cabo por los criminales. Sería inadmisible que actos ponen en jaque la vida en sociedad no sean merecedores de pena. Luego, en la misma línea (de utilidad social), creería que los legisladores deben asignar un monto de castigo que se corresponda con el agravio causado (el veneno está en la dosis). Por lo demás, sabiendo que siempre se puede equivocar, pediría, nada más, que el Estado se atenga a las reglas: que averigüe la verdad, que no torture, que ofrezca razones a la hora de sancionar, etc.

Quizá alguien replicaría que los delitos cometidos por los grupos criminales tienen penas muy bajas. El garantismo no rehuiría a esa discusión. Entendería que ella pasa por “medir” el daño social: a mayor perjuicio, cabrá mayor respuesta. ¿Y qué hay de la forma en que los delincuentes siguen haciendo el mal desde las cárceles? ¿No deberíamos, acaso, revisar los valores del garantismo ante semejante realidad penitenciaria? Pues bien, eso sería confundir los planos normativos y descriptivos. Una cosa es el objetivo moral que nos resulta defendible (cómo organizar el castigo penal), otra cosa es dimensionar la realidad (degenerada, en este caso). La ineficiencia y la corrupción, tanto en el ámbito judicial como penitenciario, no tornan injustificables a los ideales del garantismo. Así como no decimos que la democracia dejó de ser la mejor forma de organizar la vida en común, porque los políticos roban.

El garantismo, esa supuesta antorcha humanizadora del proyecto penal que surgió a consecuencia de los abusos del antiguo régimen, por su inspiración individualista, ha sido criticado “desde la izquierda” y no, como se alude en la actualidad, “por ser de izquierda”.

El garantismo, esa supuesta antorcha humanizadora del proyecto penal que surgió a consecuencia de los abusos del antiguo régimen, por su inspiración individualista, ha sido criticado “desde la izquierda” y no, como se alude en la actualidad, “por ser de izquierda”. Así, se le acusa de ser legitimador de las desigualdades injustas (porque toma la realidad económica y social como dada), elitista (porque el derecho penal está reservado a un saber especial), antidemocrático (porque excluye la voluntad popular de la formación del derecho penal) y otras cosas más.

No hay que ser seguidor de culto del garantismo para reconocer sus cualidades positivas y, sobre todo, saber cuál suele ser su contrapropuesta: el punitivismo. Esta alternativa teórica viene a decir, más o menos, que hay algunos seres humanos que son peligrosos por naturaleza y nadie (medianamente sensato) dudaría del carácter nocivo de sus acciones, más allá de que la ley las prohíba o que hayan sido probadas en un juicio con arreglo a ciertos requisitos. Solo importa no dejar impunes a los malos.

Ese modelo filosófico-penal, que parece ajeno y lejano al no vivir en un régimen autoritario, puede volver a colarse. No desapareció. Pero pareciera que el punitivismo, al igual que el diablo, como dijera Verbal Kint en la película The Usual Suspects (parafraseando a Baudelaire), convenció al mundo de que no existe. Sería bueno estar alerta y no retroceder en una de las mayores conquistas de la humanidad.

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