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24 de Octubre del 2023
Historias
Lectura: 12 minutos
24 de Octubre del 2023
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

¿Hacia dónde van la Policía y el país?
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La Policía Nacional del Ecuador, con 58 mil efectivos, es la entidad de seguridad más grande y compleja. Su fortalecimiento y depuración son esenciales para una lucha efectiva contra el crimen organizado. Imagen referencial: Presidencia de la República

 

Reorganizar las funciones de los servicios policiales y revisar la misión asignada a cada uno de ellos es fundamental. Es hora de asumir la realidad del país con responsabilidad, separándose del modelo anacrónico de policía comunitaria, buscando una policía más proactiva, empoderada y confiable.


El Presidente saliente Guillermo Lasso deja el poder con más pena que gloria y, tras él,  un país convulsionado con el más severo problema de seguridad de toda su historia. Asumió el poder con pleno conocimiento de la crisis producida por la creciente presencia de mafias ligadas al narcotráfico internacional, contra las que no se dio ningún golpe relevante. Por el contrario, a los pocos meses se cuestionaba al círculo más cercano del propio Presidente en un sonado caso, sin muchas aristas, conocido como León de Troya, que levanta ruido sobre la mafia Albanesa en el Ecuador y sus vínculos con el poder económico y político.

No se puede desatender que el presidente Lasso arrancó restando importancia a la seguridad pública y se rodeó de personajes anacrónicos de los mandos militares e incluso policiales, que volvían de su retiro de años para liderar la seguridad pública en cargos de relevancia, teniendo casi al poco tiempo los primeros incidentes carcelarios que han desencadenado masacres con más de quinientos asesinados. Esto sin contar con el crecimiento de “suicidios” en los Centros de detención regionales, el incremento exponencial de muertos en las calles del país bordeando casi 45 muertos por cada 100.000 habitantes. A ello se suma la falta de crecimiento de la economía, la corrupción estatal y la reducida seguridad jurídica para la inversión pública y privada. Este fue el caldo de cultivo que determinó la imposibilidad de gobernabilidad, por lo que el presidente Lasso tuvo que  disponer la muerte cruzada de poderes con el legislativo. Igualmente, una situación inédita en la historia republicana. 



La convocatoria a elecciones anticipadas puso en la palestra al más joven presidente de la historia democrática del Ecuador. Daniel Noboa ganó las elecciones con el 51,83% de los votos, por delante del 48,17% de su contrincante Luisa González, la carta final del correísmo para buscar las reivindicaciones de sus exlíderes, que hicieron abiertamente campaña por recuperar el poder de cualquier forma.

La candidata perdedora dejó como un tema velado que en su probable gobierno no se perseguiría a las estructuras criminales imperantes en el país, e incluso habló de ampliar la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, reconociéndolo como un problema de salud pública que debía incluir nuevas drogas sintéticas. Todo ello en medio de un país polarizado entre la supervivencia frente a la desbordada delincuencia y la incapacidad de incrementar las fuentes de trabajo formal, inversión extranjera, inversión social, mejora de condiciones de gobernabilidad entre otros graves problemas que han dejado una administración cargada de improvisación y evidente mediocridad en temas críticos para el país.  En este escenario, no se puede desatender las constantes acciones para desestabilizar al régimen ejecutadas desde diferentes aristas del Estado, es decir desde una Asamblea que buscó cabezas de turco para justificar su incipiente fiscalización y su mermada productividad legislativa.

La candidata perdedora dejó como un tema velado que en su probable gobierno no se perseguiría a las estructuras criminales imperantes en el país, e incluso habló de ampliar la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, reconociéndolo como un problema de salud pública que debía incluir nuevas drogas sintéticas.

El Presidente Noboa deberá enfrentar, desde el primer día, una crisis de gobernabilidad reflejada en la pobre credibilidad del Ejecutivo saliente, las inacciones de sus autoridades nacionales y seccionales, así como la problemática de la seguridad desde una óptica diferente y radicalmente más efectiva que la que se ha mantenido hasta el momento.

Daniel Noboa Azin tiene entre sus desafios más complejos la insurgencia criminal. que tiene bajo acoso y extorsión a la ciudadanía y al Estado. Foto: Facebook Daniel Noboa

Es necesario partir de la necesidad de continuidad y fortalecimiento del mando institucional de la Policía Nacional del Ecuador, actualmente con una reducida plana de generales frente a una base incrementada de personal policial,  con casi 58.000 efectivos, la primera fuerza del orden del país. Este fortalecimiento no debe ser un cheque en blanco, sino la confianza en las acciones operativas con una política de seguridad pública debidamente dimensionada, separada de las listas de compras que han dejado jugosas utilidades para ciertos proveedores y una gran preocupación para los usuarios de los bienes adquiridos con más cuestionamientos que virtudes. Las armas, municiones, chalecos y otros elementos propios del sistema de seguridad deberán ser auditados severamente en sus procesos de adquisición y calidad de lo entregado, pues se pone en riesgo la vida de sus usuarios.

La carencia de un sistema adecuado de movilización y comunicación policiales, así como la limitada capacitación operativa han sido la tónica de estos últimos dos años de gobierno. Como muestra nada más de algunos de los problemas que deberán enfrentarse, con autoridades implacables con la corrupción y cualquiera de sus derivaciones.

Reorganizar las funciones de los servicios policiales y revisar la misión asignada a cada uno de ellos es fundamental. Es hora de asumir la realidad del país con responsabilidad, separándose del modelo anacrónico de policía comunitaria, buscando una policía más proactiva, empoderada y confiable. Reestructurar igualmente los ejes de inteligencia antidelincuencial, inteligencia nacional y asistencia penal internacional. Así como el endurecimiento del accionar de los grupos de reacción policial y control en zonas complejas, manteniendo presencia permanente en los ejes viales con la asistencia de nuevas tecnologías de control no invasivas pero constantes. 

Es hora de recuperar las unidades móviles de control de narcóticos, con su función específica, en las líneas de acceso desde las fronteras y penetración longitudinal del país. Con la misma fuerza se deben robustecer los sistemas de control en todos los puertos estatales y privados a lo largo del sistema fluvial y marítimo del país. Además, la reconstrucción total, sin más parches, del sistema de control aéreo nacional y su red de radares para el tráfico comercial, dándole la fortaleza a la redundancia operativa con un sistema de radares de intercepción aérea con capacidad de respuesta permanente, con el cumplimiento de la misión específica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas no fueron creadas únicamente para cumplir misiones en tiempo de guerra, sino para garantizar la soberanía territorial y reforzar la seguridad interna del país; por ello, las misiones de patrullaje de la Armada Nacional y FAE son acciones rutinarias de control, pero excepcionales cuando son realmente efectivas.

Es fundamental La reconstrucción total, sin más parches, del sistema de control aéreo nacional y su red de radares para el tráfico comercial, dándole la fortaleza a la redundancia operativa con un sistema de radares de intercepción aérea con capacidad de respuesta permanente.

Por su lado, el Ejército ecuatoriano ha dado claras muestras de su efectividad con el despliegue de unidades blindadas y de fuerzas especiales en el control penitenciario, pero también con su presencia en zonas de conflicto en áreas controladas directa o indirectamente por los GDO y pandillas violentas hoy financiadas por el narcotráfico en todos sus niveles, las cuales hacen alarde del uso de armas largas y su capacidad para abrir fuego indiscriminadamente contra la Policía y los propios militares, lo que ya ha dejado víctimas mortales.

Es una tarea ardua la que espera al mandatario, pero con el equipo adecuado se puede realizar, dejando de lado compromisos y amenazas; luchando frontalmente contra la campeante corrupción que socaba las raíces más profundas del Estado. En esta misma línea no se puede dejar en la impunidad la autoría intelectual del magnicidio en plena campaña de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, más aún cuando su asesinato se efectuó cuando tenía la calidad de ecuatoriano en máxima custodia y resguardo de la Policía Nacional. Cabe entonces la duda de qué es lo que sucede con quienes están en absoluta indefensión dentro de este Estado anegado de violencia criminal. 

Fernando Villavicencio era candidato a la presidencia de Ecuador cuando fue asesinado el 9 de agosto. Foto: AFP

La depuración será dura pero necesaria en todos los niveles, sin permitir ninguna forma de impunidad. Se deben aplicar conceptos doctrinarios del “derecho penal del enemigo” ceñidos a las ideas de Günter Jakobs, similares a las líneas trazadas por el gobierno de El Salvador en miras de alcanzar resultados equivalentes. Pues es evidente que la buena intención nunca es suficiente, y más allá de los discursos intensos y soluciones parche, el Ecuador requiere de acciones decididas y hasta temerarias en materia de seguridad. No se puede mantener los roles pasivos de los actores de la seguridad del país, ni limitar las acciones a las referidas listas de compras con justificativos diversos para juguetes caros del sistema de inteligencia, cuya efectividad es por demás dudosa.

Es hora de actuar de manera decidida contra “vacunadores”, asaltantes, micro traficantes, y todas las formas de delincuencia cotidiana con la misma fuerza que se requiere actuar contra las estructuras internacionales enquistadas en la economía nacional. Controlar la escalada de violencia es posible, siempre que se actúe desde el primer día; se reforme los reglamentos de disciplina policiales y militares, se estructure la operatividad y se recupere la infraestructura sin la intervención de los ministerios del Interior o de Gobierno sino con el compromiso de todos los actores estatales desde sus ópticas sectoriales, porque el país requiere del esfuerzo de todos, con un liderazgo que hasta ahora no se ha logrado.

Se pueden hacer grandes cambios solo con acciones decididas desde el Ejecutivo, e incorporar todo lo que llegará con asistencia de países amigos e inversión propia del gobierno saliente, para fortalecer los ejes de seguridad y operatividad estatal en aras de un país que sea nuevamente la isla de paz en América.

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