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4 de Septiembre del 2023
Historias
Lectura: 10 minutos
4 de Septiembre del 2023
Ramiro Ávila Santamaría

Abogado, docente universitario, ex juez de la Corte Constitucional del Ecuador. 

La amenaza a la Corte Constitucional y el recuerdo de ex presidentes condenados penalmente
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La actual Corte Constitucional es considerada como un baluarte del Estado de derecho. Foto: Luis Argüello. PlanV

 

La Corte Constitucional ha demostrado ser una institución que, con la Constitución como escudo y con sus resoluciones argumentadas, ha puesto límites a quienes ejercen el poder político. Hasta ahora la única institución en la que la arbitrariedad, la influencia política, la corrupción, la división interna, los intereses particulares de sus miembros, no tienen cabida.

¿Cómo anular un juicio penal en el que existe una sentencia condenatoria contra un ex presidente?

Una persona jurista miraría los recursos existentes en el sistema jurídico. Si están agotados, no hay nada que hacer. Las sentencias se ejecutorían y simplemente hay que cumplirlas.

Un político, sin escrúpulos, tumbaría a las instituciones que condenaron a la persona, a pesar de que en el derecho no se pueda hacer nada.

Este cuento no es nuevo. Lo hizo el ex presidente Lucio Gutiérrez en el año 2004.

Recordemos un poco, porque la memoria es frágil en nuestro país. Por aquellos tiempos había, para variar, una crisis institucional en el país. La amenaza de un juicio político en contra de Gutiérrez y la típica jugada de mover mayorías en lugar de saber si existían razones para enjuiciar. Se movieron mayorías. Pero como suele pasar en nuestra política, los favores se pagan. A cambio de votos, se negoció la conformación de la entonces Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para volarse a la Corte que condenó al ex presidente Abdalá Bucarám y enseguida para anular la sentencia condenatoria y, con ello, permitir el regreso del expresidente entonces prófugo en Panamá.

Una jugada arbitraria de ese calibre solo podía lograrse vulnerando la Constitución y las leyes. Pero para garantizar que la Constitución se respete está la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional de la época era un obstáculo.

No importó. Mayorías con motivaciones exclusivamente arbitrarias son aplanadoras. Fácil en un país como el nuestro. Una persona asambleísta busca un pretexto (no importa si es ridículo o falso, cualquier pretexto sirve), mociona al pleno del parlamento y la mayoría destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional.

Obstáculo superado. Eliminado el garante de la Constitución. El siguiente paso fue destituir a la Corte Suprema de Justicia, poner un presidente de la Corte a medida del partido político del ex presidente condenado (Guillermo Castro Dáger) y anular el juicio penal. Segundo obstáculo superado. El juicio se anuló y Abdalá Bucaram pronto regresó al país.

El ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz.  Foto: Archivo

Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Ecuador por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al derecho a la independencia judicial de los jueces del Tribunal Constitucional y de la entonces Corte Suprema de Justicia.

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Uno diría que precedentes así son un mensaje lo suficientemente fuerte como para que no vuelva a repetirse una triste historia de desinstitucionalización. Pero…

¿Podría pasar nuevamente algo así?

¿Por un acaso en Ecuador tenemos, otra vez, una Fiscal que acusó penalmente y una Corte Nacional que condenó a un ex presidente del país, Rafael Correa, y a altos funcionarios de su gobierno; un ex presidente prófugo; una Corte Constitucional independiente que es garante del respeto a la Constitución; una posible mayoría parlamentaria dispuesta a negociar votos a cambio de favores?

El escenario está ahí. ¿Será que en Ecuador tenemos políticos inescrupulosos que no les importa la historia, los precedentes ni la institucionalidad?

Veamos algunos síntomas que nos permiten pensar mal.

Un síntoma es la forma de actuar de la mayoría correísta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tienen agenda. Basta escuchar sus furibundos discursos en contra de lo que llaman el “trujillato”. Pero más decidor es su forma de proceder. Ahí encontramos dos señales preocupantes.

El uno es esa especie de “persecución” a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por un supuesto plagio en su tesis para la obtención de su título de abogada. Aún cuando no tienen potestad alguna para revisar su designación, al parecer quieren tener algún pretexto para un potencial juicio político. Recordemos el pasado. Cualquier pretexto para consagrar un acto arbitrario sirve, siempre que se tenga una mayoría parlamentaria.

El otro síntoma tiene que ver con un nuevo uso inadecuado de una garantía constitucional. Ahí la estrategia es buscar un juez o jueza que se preste a dar forma jurídica a un acto político. Si es de algún cantón de provincia de algún lugar lejano a donde se produce el acto impugnado, mejor todavía. Si se sigue ese juicio sin que nadie sepa, en secreto y con pleno control del resultado, otra vez mejor. Ya vivimos un acto parecido con un hábeas corpus a favor de un ex vicepresidente del correísmo condenado penalmente.

Efectivamente, el 29 de agosto de 2023, un juez del Cantón Montecristi de la provincia de Manabí (Miguel Ángel Balcazar), dentro de una acción de protección, resolvió ordenar al abogado Alambert Vera, presidente del CPCCS, que “proceda de forma inmediata a la conformación de la veeduría ciudadana con la finalidad de “Diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018.”

Enseguida, el señor Alambert Vera manifestó que 

"No es posible que después de tantos años, viendo la demostración de la destrucción institucional que significó ese trujillato… se pretenda limitar la actividad ciudadana o de los organismos de control".

Al señor Vera, al parecer, no le importa la Constitución, el precedente de la Corte Constitucional (Dictamen 2-19 IC/19) ni la institucionalidad. Tampoco le importa saber que esa veeduría o que el mismo CPCCS no podría jurídicamente hacer nada sobre la Corte Constitucional. No importa, cuando lo que se fragua poco tiene que ver con el derecho, como en su momento sucedió con el señor Lucio Gutiérrez. Lo que están acumulando es “pretextos”.

El ex presidente de la República Lucio Gutiérrez  Foto: Archivo

La mayoría correísta en el CPCCS tiene agenda y ésta no tiene que ver con las competencias del Consejo sino con cuestionar e impedir el normal funcionamiento de instituciones como la Fiscalía General del Estado y ahora la Corte Constitucional.

Lo que está sucediendo es lo que en política comunicacional se conoce como “calentar el escenario”. Se pretende posicionar un tema, contar con informes o documentos que aparezcan como un ejercicio de veeduría, encontrar un detonante y luego dar el golpe.

Agreguemos más elementos al escenario: el fatal funcionamiento del Consejo de la Judicatura que ya hizo un intento de abrir un proceso disciplinario en contra de la Fiscal Diana Salazar y se atreve, sin mayoría (apenas dos votos, y uno de ellos de una persona en estado de embriaguez), a destituir a un juez de la Corte Nacional; el discurso insistente de los voceros del correísmo para revisar las designaciones y decisiones de lo que llaman el “trujillato”, mediante consulta o incluso una constituyente para “reinstitucionalizar” el Estado; la agenda de las personas asambleístas correístas electas que anuncian juicios políticos…

La historia fatal de la toma de la justicia para anular un juicio de un ex presidente prófugo esperamos que no se repita.

Solo recuerdo que el desenlace de ese acto arbitrario fue un levantamiento popular, que se le conoció como el de los “forajidos”, que terminó con el derrocamiento del presidente Gutiérrez; y, como ya lo mencionamos, dos condenas internacionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Será que está fraguando otra toma de las instituciones del Estado para anular sentencias condenatorias como la que se hizo en el año 2004?

La Corte Constitucional ha demostrado ser una institución que, con la Constitución como escudo y con sus resoluciones argumentadas, ha puesto límites a quienes ejercen el poder político. Hasta ahora la única institución en la que la arbitrariedad, la influencia política, la corrupción, la división interna, los intereses particulares de sus miembros, no tienen cabida.

Se puede discrepar con sus decisiones, sus interpretaciones, su forma de dar contenido a las normas constitucionales, que son cuestiones propias y necesarias en el debate jurídico, pero lo que no se puede afirmar es que sea una Corte corrupta, ineficiente o fallida.

La Corte ha aplicado la Constitución en momentos difíciles, como la pandemia, y en crisis políticas, como la reciente del juicio político. Y ha demostrado que, aplicando de forma adecuada la Constitución, los actores políticos pueden desplegar acciones dentro de sus competencias. Que esos actores políticos no tomen decisiones adecuadas, es otro cantar.

El escenario político descrito, la memoria reciente de actos tendientes a anular juicios penales, es un llamado de atención para estar alertas y cuidar de las instituciones que han funcionado bien en este país, como lo ha hecho la Corte Constitucional.

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