No se puede decir que las crisis en un país las provoca únicamente la corrupción, pero esta influye mucho porque pone en juego dinero y poder.

Lo que está sucediendo en Argentina, Perú y Ecuador es un ejemplo. La corrupción funciona como una empresa legal, pero tiene una estructura delincuencial dirigida por una familia con su círculo íntimo que también opera con familiares. Juntos reclutan a líderes leales que son capacitados en el manejo de las trampas económicas y legales para llevarse el dinero del Estado.

Paralelamente, los estrategas políticos se ocupan de mantener latente y aumentar la masa de electores con bonos,  pequeñas obras y un permanente lavado de cerebro, con discursos en los que se presentan como generosos y víctimas de persecución. Así se mantienen o retornan (o buscan retornar) al poder que les da inmunidad y les permite amedrentar a la justicia.

Lo último es su intención de hacerlo incluso con golpes y autogolpes de Estado. Pero muy preocupante es que en la estructura corrupta se agregó un ‘plus’ criminal y en algunos países, la corrupción estaría incluso ligada al narcotráfico.

Ejemplo de tres países

Argentina: la gran corrupción

Es manejada desde mayo del 2003 por la pareja presidencial Kirchner-Fernández. Los casos específicos de corrupción en los que se involucra a Cristina Fernández de Kirchner que le sucedió en la presidencia a su esposo, Néstor Kirchner, fallecido, y a sus hijos son:

Administración fraudulenta, La ruta del dinero K, Hotesur-Los Sauces y Los cuadernos de la corrupción.

Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina y ex presidenta, está involucrada en varios casos de corrupción.

Son de algunos años atrás pero la acción judicial caminó lento porque Cristina Fernández estaba inmunizada por su cargo de presidenta, legisladora, ahora es vicepresidenta.

Recién recibe una condena, junto con otros 12 imputados, por la causa Vialidad que reúne varios de los casos citados, vinculados a la obra pública. 

Amado Boudou, que fue su vicepresidente, también estuvo procesado y detenido por enriquecimiento ilícito.

Perú: siete ex presidentes involucrados en corrupción

El expresidente Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2007 y en el 2009 también  fue sentenciado por corrupción. Desde el 21 de diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunció sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos de 12 países latinoamericanos, se formó una cadena con presidentes involucrados: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García ((1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio 2016 -23 de marzo 2018), su sucesor Martín Vizcarra (23 marzo 2018-9 nov 2020) y recién Pedro Castillo (28 julio 2021-7 diciembre 2022) que para evitar su enjuiciamiento por ser ‘cabecilla de una organización criminal’ integrada por familiares y altos funcionarios que habría cometido irregularidades en ascenso de militares, compra de biodiesel y obra pública, intentó un autogolpe que terminó en boomerang: el Congreso lo destituyó  despertando la ira de quienes creen y quieren a Castillo, pese a todo. 

Ollanta Humala, uno de los ex presidentes peruanos presos por casos de corrupción.

Ecuador: una excepción en la modalidad de corrupción

Desde el 2007, cuando asumió Rafael Correa, la presidencia es democrática, o sea, repartida entre la cúpula del gobierno con sus familiares, más funcionarios y afiliados leales a su partido.

Su líder, Correa, fue sentenciado a ocho años de cárcel por el Caso Sobornos, delito de cohecho agravado. Una hábil y desesperada jugada que le salió mal. Sin sentencia habría logrado la candidatura, la inmunidad, el poder para manejar a la justicia y quedar libre de toda culpa.

A esa fecha, Correa tenía 33 denuncias y procesos judiciales por:  plagio, mal uso de los aviones presidenciales —por lo cual está glosado—, renegociación de la deuda pública, irregularidades en la reconstrucción de Manabí, fallida construcción de la refinería del Pacífico, caso Angostura, peculado, tráfico de influencias, daño moral, delito de odio, muerte de un policía el 10S, entre otros.

Recientemente se le incluyó en la denuncia de un multimillonario negocio de contratos petroleros, caso por el cual hay un detenido en Estados Unidos. 

El ex vicepresidente Jorge Glas “mantiene en firme dos sentencias, seis años por asociación ilícita y ocho años por cohecho pasivo”, pero salió libre por orden de un juez.  Se fue sin devolver un dólar de los 25 millones que, se supone, se llevó ilegalmente.

El ex vicepresidente Jorge Glas (2013-2017), sentenciado por asociación ilícita por le caso Odebrecht y por cohecho por el caso Sobornos.

Luego de que Glas saliera de la cárcel, el SNAI interpuso una apelación y los ecuatorianos estamos deshojando margaritas repitiendo: ¿se va o se queda?

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña, sucesora de Glas durante el gobierno de Lenin Moreno, fue denunciada por cobrar diezmos (cuotas) a sus subalternos para su movimiento político y el partido de Rafael Correa. Renunció al cargo el 5 de diciembre 2018 y el 30 de enero 2020 fue declarada culpable por el delito de concusión, con sentencia de un año de prisión que subió a dos. El 30 de octubre 2022 un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictaminó suspensión condicional de la pena de dos años.

Pero las liberaciones de personajes clave están dándose en paquete. A las pocas horas de la liberación de Glas, el 2 de diciembre 2022, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, recibió asilo diplomático del gobierno de Argentina. Ella estaba refugiada en la embajada de ese país en Quito, porque la Contraloría estableció en su contra dos glosas por 111 millones de dólares y fue sentenciada en el Caso Sobornos.

Estos son algunos ex funcionarios involucrados democráticamente en la corrupción del correismo que para no rendir cuentas a la justicia ecuatoriana andan autoexiliados por el mundo: México, Venezuela, EE.UU., Europa, con el argumento del lawfare (uso de procesos legales como arma política). En otras palabras, con alto grado de cinismo se declaran: perseguidos políticos.

“No hay pruebas”, el colmo del cinismo

La corrupción presidencial genera tanto dinero que los billetes los esconden hasta en los cielos rasos (Ecuador) o en conventos (Argentina). Pero los grandes montos van a paraísos fiscales (recordemos los Panama Papers, por ejemplo). Sin embargo, dicen con cinismo: “No hay pruebas”. Documentos, testimonios demuestran que sí hay.

El silencio de los muertos

En Argentina y Ecuador los denunciantes y testigos clave, casualmente, se suicidan, mueren de manera extraña o son asesinados por sicarios.

Perú: el suicidio por el Metro

En este país, lo trágico dentro de su capítulo de inestabilidad política por causa de la corrupción, ha sido el suicidio del ex presidente Alan García. En su primer mandato se sucedieron diversos escándalos que implicaron a varios de sus ministros. Luego él fue procesado por, supuestamente, haber cobrado comisiones ilegales a Odebrecht para adjudicarle la Línea 1 del Metro de Lima. Según la Fiscalía peruana, la empresa brasileña pagó USD 7 millones en sobornos para quedarse con ese contrato adjudicado durante el segundo gobierno de García.

Alan García, ex presidente del Perú en dos ocasiones, se suicidó en su casa antes de responder a las acusaciones en el caso Odebrecht.

Paréntesis: de las coimas que, se dijo, hubo en el metro de Quito, ahora nadie habla. El contrato se adjudicó en el gobierno de Correa, cuando alcalde de la capital era Augusto Barrera.

Sigamos con el ex presidente García. El 18 de noviembre del 2018 se fue a la embajada de Uruguay a pedir asilo, pero le fue negado el 3 de diciembre del 2018. El 17 de abril del 2019 se suicidó con un disparo en la cabeza cuando iban a detenerlo en su casa por el caso Odebrecht. Dejó una carta de despedida que fue publicada por la BBC.

Argentina: raro suicidio de un fiscal y dos testigos de corrupción muertos

Alberto Nisman, quien investigó casos de corrupción de Cristina Fernández y apareció muerto. Se dijo que se había suicidado, pero luego se comprobó que fue un asesinato.

El fiscal general de Argentina, Alberto Nisman, apareció muerto. Al comienzo se dijo fue un suicidio, pero en febrero 2016 se rectificó, fue un asesinato posiblemente por sus investigaciones sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Días antes de morir, Nisman apuntó contra Cristina de Kirchner porque consideró que había protegido a los presuntos terroristas iraníes que mataron a 85 personas.

¿Quieren suicidar a otro fiscal?

Quien ha puesto énfasis en la investigación de la gran corrupción atribuida a los Kirchner-Fernández, ha sido el fiscal Diego Luciani. A él, el presidente Alberto Fernández —recordando el supuesto suicidio del fiscal Alberto Nisman— le lanzó palabras que sonaron a amenaza.

Tras la pregunta de periodistas sobre “la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad” (que involucra a su vicepresidenta Cristina Fernández), el presidente Fernández dijo: “Realmente alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Después trató de arreglar lo dicho culpando a la prensa de haber hecho “una enorme tergiversación”. (Nos recordó a Rafael Correa que por todo culpaba a la ‘prensa corrupta’).

Un caso de corrupción llegó a manchar a una institución símbolo de los derechos humanos en Argentina y una testigo resultó muerta. 

También apareció muerto un testigo de los negocios de obras públicas con Lázaro Báez, íntimo de los Kirchner Fernández. 

Un asiduo visitante de Quito y muy amigo de los correistas, era el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. En uno de sus viajes, una noche fue a un barrio popular de la capital donde su guardia de seguridad asesinó a un ecuatoriano. El gobierno y los DD.HH. se acogieron al silencio. Fue el 25 de marzo 2013. 

En nuestro país se han dado decenas de asesinatos de personajes, por coincidencia, críticos y denunciantes del gobierno de Rafael Correa.

Si falla todo: ¡Golpe!

El intento de autogolpe de Pedro Castillo, en Perú, nos pone frente a una nueva realidad: la intención solapada de golpes y autogolpes de Estado para apoderarse y perennizarse en el poder y así tapar sus actos de corrupción. Al estilo Chávez, Maduro, Castro, Ortega eternamente reelegidos por fraude. (Es lo que nos sucedería si dejáramos subir al poder a un corrupto).

Pedro Castillo, acusado por corrupción por la Fiscalía peruana y destituído por el Congreso.

En Ecuador se notó esta intención durante los levantamientos indígenas de octubre 2019 y junio 2022. Respaldados por los correistas hacían creer que su objetivo final era ‘tomarse Quito’, pero la Asamblea con mayoría correista que intentó destituir al presidente Guillermo Lasso, dejó ver que su objetivo mayor era tomarse la presidencia de la república que está en Quito, para desarmar el aparato judicial y toda investigación, sentencia, por actos corruptos.

Les falló y, mientras esperan “volver y volver”, los asambleístas se han dedicado a oponerse a proyectos de ley contra la corrupción y el narcotráfico. La gente se da cuenta de ello y ha hecho circular por los medios digitales esta lista:

¿Cómo vota la Asamblea en Ecuador?

Ley de extinción de dominio de bienes obtenidos por corrupción. NEGADA.
Ley de repetición hacia los responsables del atraco y despilfarro NEGADA.
Ley de inversiones NEGADA.
Ley de uso progresivo de la fuerza para combatir al crimen NEGADA.
Amnistía para acusados de vandalismo y terrorismo APROBADA.

Ecuatorianos frustrados, ven poca voluntad

Frente a tanta corrupción, la gente se siente burlada, frustrada, impotente. No entiende por qué muchas denuncias no han sido investigadas. No entiende por qué hay poquísimos presos o los pocos que entran a la cárcel salen pronto libres por los beneficios que les otorga la ley. No entiende por qué los castigados por la justicia con grilletes, se burlan de estos aparatos, y están de candidatos, prestos a gobernarnos. No entienden por qué las autoridades no recuperan los miles de millones de dólares robados. Y eso parece que no es tan difícil como dicen.

Oficiales de policía que están a la caza del dinero que un personaje muy vinculado a altos funcionarios de los últimos gobiernos, robaron al ISSPOL, acaban de demostrar que con voluntad institucional, voluntad del Estado y el apoyo de países y expertos extranjeros, se puede recuperar la plata. ¿Por qué no les piden asesoramiento y siguen su ejemplo? ¡No hay voluntad! Punto.

Top de países con más presidentes y vicepresidentes involucrados en corrupción

Guatemala 7
Perú 5, (pero en diciembre 2022 subió a 7)
Brasil 4
El Salvador 3
Ecuador 3
Argentina 2