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26 de Septiembre del 2022
Historias
Lectura: 10 minutos
26 de Septiembre del 2022
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

La violencia infecta al país
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El crimen en la Escuela de Policía de Pusuquí pone en evidencia la necesidad de una reforma policial.  Foto: Luis Argüello / PlanV

 

Recientes acciones desencadenaron la ira social: la muerte de María Belén Bernal Otavalo, deja en claro que estas falencias deben ser determinadas y definitivamente corregidas, ello infiere una reestructuración del sistema de disciplina policial y la aplicación de un análisis en todos los niveles jerárquicos de incompatibilidades con el ejercicio del cargo en una entidad garante de derechos.


El Ecuador hasta hace poco se vanagloriaba de considerarse como la “isla de paz” en medio de la violencia criminal de nuestros países vecinos del norte y sur; el narcotráfico actuaba en Ecuador de manera marginal buscando exclusivamente el despacho de su ilegal producto desde los puertos ecuatorianos hacia los mercados de Europa y Estados Unidos,  pero evitaba confrontar directamente con la Policía Nacional y las acciones de violencia que se desencadenaban eran el resultado de conflictos entre las propias organizaciones delictivas por el control de espacios de acopio y despacho. 

Es necesario entender que este “negocio” no se trata de la producción de drogas, sino por el contrario, es un “negocio logístico” que genera utilidades enormes cuando el producto alcanza su destino intermedio, pues se vuelven realmente importantes las ganancias cuando llega al mercado final, actuando como una gran empresa dedicada, exclusivamente al mundo de lo ilícito en todas sus formas.

Los narcotraficantes festejan con juegos pirotécnicos y grandes fiestas cuando han “coronado”; cuando el dinero invertido en la fase inicial está devengando y ha generado jugosas utilidades. Ahora bien, ¿por qué debería preocuparle a un país que esta economía criminal inyecte millones de dólares en todos los niveles sociales? Es una pregunta que más de un iluminado economista se ha planteado, y muchos de sus asesores han concordado con las bondades del desarrollo social como resultado de permitir el fortalecimiento de estas transnacionales de la droga. Al final, los comercios prosperan, el mundo inmobiliario se extiende exponencialmente en una sociedad ávida de recursos.

Pero la cruel verdad es otra, pues el dinero manchado con sangre que se inyecta en la sociedad deja su esencia en todo lugar;  la violencia criminal crece, como crece el negocio criminal, el comercio informal se convierte en una fachada para la venta de sustancias sujetas a fiscalización; los jóvenes ven la posibilidad de alcanzar grandes fortunas de manera muy rápida que son igualmente dilapidadas de las maneras más absurdas e inusuales. Pero sobre todo, se ha ido creando en la sociedad envenenada por la droga una subcultura que tolera la violencia y la acepta como parte del camino o ruta del dinero. Ser poderoso es ser despiadado.

Los violentos se convierten en líderes y su liderazgo les garantiza supervivencia en medio de esta subcultura en la que la cárcel ya no es el fin del camino si no una parte importante para el fortalecimiento de los líderes. Por ello, las figuras de capos detenidos que controlan los centros de detención, mal llamados de rehabilitación social, no es ajena a nuestra realidad. Las órdenes se dan desde el corazón de las cárceles y desde allí se extiende a las calles o al “territorio” como lo definen las autoridades. Por su parte, el Estado igualmente busca sus caudillos, sus propios expertos en contrarrestar este denso panorama que ha ido tiñendo de sangre las calles y enlutando a familias a lo largo y ancho del país: el ministro del Interior saliente, Patricio Carrillo ocupó este lugar sin mucho éxito en los resultados alcanzados.


Cambios en la mentalidad, la disciplina y los procedimientos se imponen tras la muerte de María Belén Bernal. Foto: Luis Argüello. PlanV

La muerte de María Belén Bernal Otavalo deja en claro que estas falencias deben ser determinadas y definitivamente corregidas, ello infiere una reestructuración del sistema de disciplina policial y la aplicación de un análisis en todos los niveles jerárquicos de incompatibilidades con el ejercicio del cargo en una entidad garante de derechos.

¿De dónde salen las armas? ¿De dónde se consiguen tantas municiones que además alimentan a fusiles de asalto cuyas características los diferencian inclusive de las armas que usa el Estado a través de sus organismos de seguridad? Y precisamente estas armas tienen su origen en Estados Unidos, en Europa o los más diversos países, lo que solo deja en claro que la globalización de la violencia ha llegado al Ecuador.

Las rutas de la droga se protegen con las armas que llegan por doquier a través de nuestras fronteras y no como armas residuales, sino como entregas de las grandes estructuras criminales para combatir a sus rivales y que también lo están haciendo directamente contra los policías, a quienes disparan y matan para subir en la escala de las jerarquías criminales. El desprecio por la vida hace que se evidencien crímenes atroces, con mutilación y desmembramientos que dan cuenta del nivel que tienen de los criminales que enfrentan a los organismos de la seguridad del Estado.

El panorama no es para nada alentador, y a ello, se debe sumar factores propios de la corrupción de las instituciones; y, adicionalmente se presentan execrables hechos que dejan en evidencia un grado de descomposición de las estructuras de seguridad, por la vulnerabilidad de sus instalaciones y la poca ética de algunos de sus miembros.

Estas recientes acciones desencadenaron la ira social: la muerte de María Belén Bernal Otavalo, deja en claro que estas falencias deben ser determinadas y definitivamente corregidas, ello infiere una reestructuración del sistema de disciplina policial y la aplicación de un análisis en todos los niveles jerárquicos de incompatibilidades con el ejercicio del cargo en una entidad garante de derechos. Se debe separar sin miramientos y de manera ágil a miembros policiales cuestionados en su idoneidad por casos de violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia de género o abusos contra los derechos humanos. De la misma manera que quienes hayan sido sentenciados por la violación de derechos humanos o el Estado haya repetido contra ellos por estos mismos motivos, no podrían ser jamás parte de los funcionarios llamados a garantizar derechos. No se puede permitir que se reciclen mediante la rotación quienes ya han defraudado a la sociedad.


Varios sectores han criticado a la Policía por el caso de la muerte de Bernal.  Foto: Luis Argüello. PlanV

El caso Bernal deja huellas en la sociedad que no van a sanar en el corto plazo pero, sobre todo, deja expuestas las falencias de la forma en que se atienden las investigaciones criminales en el Ecuador: no se puede olvidar que el presunto autor de este femicidio se encontró durante 8 horas en manos de la Fiscalía, que se negó a formular cargos cuando existían graves contradicciones en la versión rendida que dejaba claro que el último en ver viva a María Belén Bernal fue precisamente su cónyuge y hoy principal sospechoso de su crimen. Ya no se puede dejar de lado lo ocurrido en el interior de la Escuela Superior de Policía y lo que ha sucedido en muchos otros cuarteles policiales y militares en todo el país. No se pueden acallar las denuncias presentadas por mujeres agredidas que han quedado en el anonimato o simplemente nunca fueron atendidas. Y ante procesos cargados de una revictimización constante pues, mucha de esta violencia simplemente desaparece en el limbo del silencio. 

Es imposible no ser empático con cada una de las víctimas de los acosos y violencia en el Ecuador, pero igualmente es necesario entender que las acciones ejecutadas por mentes macabras no pueden destruir las instituciones, sino que se las debe mejorar y ser coherentes con la realidad que se vive en el país. No es posible permitir que el caos reine en el país, que se fortalezca la delincuencia al debilitar a la Policía y su liderazgo; no se puede pensar en destruir a todo el mando institucional para saciar la sed de venganza de unos cuantos o de grupos que se han beneficiado con todo lo ocurrido.

El Presidente debe ser coherente con sus promesas de apoyo a la Institución policial, que hoy carece de todo, pero se le exige más que a ninguna otra institución del país. El momento en que las protestas sociales vuelvan a surgir en el Ecuador habrá que pensar si luego de todo lo que ha sucedido tendrá el mismo respaldo y entrega que se tuvo en ocasiones anteriores, así como también, qué policía en su sano juicio actuaría decididamente contra la delincuencia, si los resultados contra quienes lo han hecho están a la vista y el respaldo ciudadano es tan volátil como la sensación de paz que vive el país.

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