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8 de Julio del 2022
Historias
Lectura: 29 minutos
8 de Julio del 2022
Redacción Plan V
Las lecciones para Ecuador del informe de la Comisión de la Verdad, de Colombia
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Las Lavanderas es un colectivo de mujeres afro de Turbo, Antioquia, en su mayoría víctimas de violencias sexuales por cuenta del conflicto armado. Gracias a su ancestralidad, y por medio del lavado, sanan los impactos a sus cuerpos, sus familias, su comunidad y su territorio. Foto: Comisión de la Verdad de Colombia

 

La puerta de salida de una guerra brutal, que ha sobrepasado todo límite, solo se encuentra emprendiendo el camino de la verdad. Este es el espíritu que por más de cuatro años ha llevado adelante la Comisión de la Verdad, de Colombia, que entregó su informe final. Plan V, al compartir con sus lectores este contenido, espera que la experiencia colombiana con la violencia, sea escuchada en Ecuador, que, al parecer, va por similares caminos.


El monumental informe de la Comisión de la Verdad, de Colombia, hecho público el 28 de junio del 2022, tiene el título de Hay futuro si hay verdad, y es el relato sistematizado y crudo del camino del país vecino, de sus hombres, mujeres, jóvenes y niños,  por la ruta de la violencia hacia la búsqueda de su utopía: la convivencia pacífica.  

Este es el volumen testimonial del Informe de la Comisión de la Verdad. Ver PDF

Este informe, que contiene diez volúmentes y una declaración final de la Comisión, recoge la historia de 60 años de conflicto y pone énfasis en las hallazgos y recomendaciones de la Comisión, que fue conformada a raiz de los acuertos de paz con las FARC, en noviembre del 2016, con la misión de fortalecer el proceso de paz sobre la base de la verdad. Pero como los mismos comisionados dicen en la introducción del informe, ni la paz ni la verdad son fáciles. 

"La tarea del esclarecimiento de la verdad es y seguirá siendo, un proceso de construcción lleno de desafíos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el Acuerdo de Paz como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD. Los once comisionados fuimos seleccionados en noviembre de 2017, y la Comisión comenzó a
funcionar oficialmente en mayo de 2018, cuando tomamos posesión, por un periodo de tres años", cuentan los comisionados. 

Este es el volumen donde se han sistematizado los hallazgos de la Comisión. Ver PDF

La introducción al informe relata su modo de trabajo: "En los cuatro años efectivos de vida que tuvo la Comisión –y a pesar del obstáculo que significó la pandemia– se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Adicionalmente, se recibieron más de mil informes de las instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales. Dentro de las limitaciones de tiempo, del contexto político y de salud pública, la escucha de la Comisión fue amplia y plural, asertiva y reparadora. Se activaron conversaciones inéditas entre sectores otrora enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente, y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno".

El Informe Final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad necesaria para, dicen los comisionados, "transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelvan en democracia, y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto".

En los cuatro años de vida de la Comisión se realizaron 14.000 entrevistas y se conversó con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas.


La comisión presentó el informe en un portal transmedia y multimedia. Ir al portal web

En una de las múltiples entradas esa historia de violencia, el informe relata la historia del narcotráfico y la guerra comtra el flagelo, tomando al narcotráfico como uno de los princiales protagonistas del conflicto armado y como un de los factores de su persistencia.  Y no solo como eso, sino además, "como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país, debido a que reproduce un modo de acumulación mafioso (usa la violencia) de riqueza y poder, a partir de una economía ilegalizada por el prohibicionismo, la cual necesita ser legalizada después por medio del sistema económico nacional e internacional". 

Esto es lo que ha dicho la Comisión de la Verdad sobre el tema, en un relato que muestra qué tan similar es el camino por el cual transita ahora mismo el Ecuador:

El narcotráfico y la política

La investigación de la Comisión de la Verdad muestra que el narcotráfico ha estado imbricado con la economía de Colombia y el poder político desde los años sesenta. En los setenta, el narcotráfico alcanzó dimensiones internacionales y relaciones con algunas élites de la economía formal que aprovecharon infraestructuras, contactos y redes existentes (tales élites, además, crearon nuevas infraestructuras, como pistas para aviones que transportaban la droga y se hicieron al control de los puertos marítimos, buscando las rutas hacia los Estados Unidos principalmente). De este modo se dio una adaptación al tipo de negocio que suponía la droga ilegalizada, ya fuera con la incorporación de las élites económicas al negocio –dedicadas antes, por ejemplo, al banano, el algodón y el café– o en otros casos se constituyeron nuevas élites a partir de los carteles, los clanes o las familias locales basadas en negocios ilícitos. En algunas familias de la élite regional caribeña, la marihuana fue un eslabón clave en su consolidación estamental.

el Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década del noventa, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político.

La presencia de traficantes internacionales en Colombia se dio tempranamente; así, se constituyeron redes entre traficantes chilenos, cubanos y colombianos centradas en Estados Unidos. El general José Joaquín Matallana, en 1974, denunció en un memorando de la Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN) que había un «cinturón de marihuana» en el que participaban extranjeros, personas de la Florida y Texas, así como mafias italianas e israelíes. La Comisión de la Verdad logró establecer que Estados Unidos fue el segundo lugar de registro de aeronaves en la Aerocivil entre 1975 y 1986, especialmente en los estados de Florida, California, Kansas y Texas. Años después, dos informes anuales de la Procuraduría General de la Nación sobre la interdicción de drogas ilícitas informaron de un número significativo de capturados estadounidenses por la policía judicial. Investigaciones del Congreso de Estados Unidos han confirmado el uso del transporte marítimo desde inicios de los años setenta.


 Elimelec Núñez nació en el campamento de una finca bananera en Turbo, Antioquia. Es excombatiente y víctima del reclutamiento infantil que, tras su desmovilización, encontró en el ballet un camino de paz.En Apartadó hay cinco parques, todos más o menos iguales. Ninguno ostenta el título de parque principal. En el recién remodelado Parque de los Artistas, el cual la gente sigue llamando por su antiguo nombre, Parque de los Bomberos, hay pocos árboles, mucho asfalto y una cancha polideportiva en la que a esta hora juegan fútbol unos niños. Fotoilustración: Comisión de la Verdad de Colombia

La entrada del narcotráfico a la política

La relación de la política con el narcotráfico ha sido motivo de preocupación y disputas entre partidos políticos. Desde mediados de los años setenta se adelantaron debates en la prensa y en oficinas del Estado sobre la infiltración de contrabandistas y traficantes de drogas ilegalizadas en el Congreso de la República, en la Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN) y en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –promovidos por algunas agencias de los Estados Unidos–544. Desde los años setenta, varias campañas presidenciales han sido señaladas de estar financiadas con dineros provenientes de traficantes de drogas ilegalizadas, lo que ha levantado un manto de ilegitimidad sobre el primer cargo público de la nación. De este modo, la primera articulación del narcotráfico fue con el régimen político, antes que con la violencia del conflicto armado.

Si bien el proceso 8.000 puso en evidencia la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) con dineros del Cartel de Cali, dicho fenómeno, tanto en lo regional como nacional, se insinuaba en casi todas las campañas y los candidatos se señalaban entre ellos. Desde 1977, en los cables enviados por su embajada al gobierno de los Estados Unidos, se informaba de los posibles relacionamientos con narcotraficantes de campañas presidenciales de periodos anteriores y se planteaba que la corrupción que estaba en todos los sectores y estamentos del gobierno era la principal amenaza para «la sobrevivencia de las instituciones democráticas». Sin embargo, en muchos de esos cables es claro que la preocupación de Estados Unidos estaba relacionada con el compromiso de colaboración de Colombia con las agendas de dicho país (como las políticas de presencia de sus pilotos en operaciones antidrogas, los programas de desarrollo alternativo, la erradicación con herbicidas y la extradición). Mientras tanto, algunos políticos denunciaban que estos señalamientos eran solo rumores.


Izquierda: María Flor, la mujer resgurdo, es indígena embera del territorio de Apartadó, Antioquia. Recuerda cómo en su niñez todas sus costumbres se vieron obligadas a cambiar, a causa de un conflicto ajeno a ella. Es la primera mujer en ser elegida como gobernadora en su cabildo, y su voz nos acompaña en un recorrido por su territorio. Derecha: Vidas en re-existencia Viviana la mujer llanura Viviana creció en La Julia, Meta, donde fue testigo de las dinámicas de reclutamiento infantil y hostigamiento a la comunidad por parte de los grupos armados. Sus experiencias la llevaron a trabajar en la defensa de la vida y los derechos de las mujeres.

Según los testimonios recogidos por la Comisión, la entrada de dinero del narcotráfico en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político. En el periodo de la configuración de los carteles de Medellín y Cali, el tema central de disputa política fue la extradición.

Según los testimonios recogidos por la Comisión, la entrada de dinero del narcotráfico en las campañas presidenciales fue una de las formas en que el narcotráfico obtuvo poder y control político. En el periodo de la configuración de los carteles de Medellín y Cali, el tema central de disputa política fue la extradición. La Comisión tuvo acceso a documentos del gobierno estadounidense donde representantes y agencias mostraban serias preocupaciones por el nivel de penetración que podían llegar a tener estos dineros en las campañas de 1974, ganada por Alfonso López Michelsen; la de 1978, ganada por Julio César Turbay Ayala; y la de 1982, donde López Michelsen intentó ser reelegido. Es difícil precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática –sobre todo a nivel regional– y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político.

Los señalamientos por el involucramiento del narcotráfico en la política han salido de los propios narcotraficantes. En julio de 1984, el expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) se entrevistó con narcotraficantes en Panamá, donde dijo que ellos «[c]onfirmaron rumores que circulan acerca de cheques que comprometían a funcionarios públicos, recibidos durante la pasada campaña presidencial». La Comisión de la Verdad entrevistó a conocidos narcotraficantes del Cartel de Cali, que confirmaron una frecuente relación y apoyo económico a diferentes políticos, particularmente miembros del Congreso, Senadores y Representantes de quienes entregaron a la Comisión los nombres.

Frente a estas denuncias, el Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década del noventa, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político e inauguraron una nueva etapa donde el clientelismo y la corrupción aumentaron. El primero fue el proceso 8000: en él, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aduciendo falta de pruebas, sobre la responsabilidad del presidente Samper en la infiltración, ciertamente comprobada de dineros del Cartel de Cali en su campaña, ordenó el archivo del proceso que se adelantaba contra el presidente Samper por infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña. El proceso deterioró las relaciones de Colombia con Estados Unidos, situación que puso en juego la estabilidad institucional del país. En este periodo, a pesar de que el Cartel de Cali se desmanteló, floreció con fuerza el Cartel del Norte del Valle.

El segundo proceso ocurrió en la historia política más reciente. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la ley de justicia y paz que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, reveló que en 2005 el 35 % del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas.


Muchos hombres posibles. El Hombre que sana. Raul Estupiñán fue enfermero del Ejército e hizo parte de una brigada móvil en Ituango, Antioquia, cuando fue víctima de minas antipersona. Tras dejar la institución, inició un proceso de reconciliación a través del teatro y el cine. Fotoilustración: Comisión de la verdad de Colombia

A pesar del escándalo y las investigaciones de la parapolítica, no hubo una transformación significativa de la cultura o del sistema político del país que desmontara la relación del narcotráfico y el régimen político, vinculación que aún pervive.

El escándalo de la parapolítica evidenció que el dinero que financió la política regional y nacional también coadyuvó al agravamiento de la guerra y a la corrupción del régimen político colombiano. Se profundizó el daño a las reglas del juego de la democracia y a las maneras de hacer política, debido a la distorsión de una competencia transparente y democrática, y a la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses, entre otras. Por ejemplo, Salvatore Mancuso estableció una red de alianzas con los actores políticos de Córdoba que contó con la decisión y voluntad de los mismos, sin ejercer la presión de las armas. En la misma región, como le explicó a la Comisión de la Verdad una excongresista acusada de tener nexos con los paramilitares, candidatos al Congreso que no tenían un peso relevante en la política local, tras la inyección del dinero del narcotráfico y el apoyo de los ejércitos privados paramilitares, lograron más votación que los políticos tradicionales, como «Eleonora [que] salió con 82.000 votos en Córdoba que era una locura. O sea, para una muchacha que acababa de ser concejal de Tierralta con 400 votos».

El principal investigador de la parapolítica le relató a la Comisión que una de las pistas que develó la infiltración del narcoparamilitarismo en las elecciones fue la distribución de las votaciones en los distritos electorales de una manera tan estricta que causó sospechas: «O sea, esto no puede ser disciplina electoral, no puede ser que los partidos son tan fuertes y que les atienden tanto las bases que dicen: “Aquí solo votan por Pedro y al lado solo votan por Juan”, y la gente cumple. Esto tiene que ver con algo más».

A pesar del escándalo y las investigaciones de la parapolítica, no hubo una transformación significativa de la cultura o del sistema político del país que desmontara la relación del narcotráfico y el régimen político, vinculación que aún pervive. De estos dos procesos quedaron varios impactos. Por un lado, con el proceso 8.000 los Estados Unidos utilizaron la coyuntura para incidir en la agenda antidrogas del país; y, por otro, en el caso de la parapolítica, emergió una crisis de legitimidad, y aunque 44 congresistas estuvieron en la cárcel, no se ha investigado suficientemente las redes del sistema político que la hicieron posible, ni los partidos que fueron influenciados o cooptados.

La Comisión de la Verdad considera que la penetración del narcotráfico obedece a un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares. Tales redes y relaciones, aunque son conocidas de manera informal o se han evidenciado en escándalos sucesivos, no han sido investigadas en profundidad ni desmanteladas.


La verdad del Pueblo Rrom. El pueblo Rrom Gitano es un pueblo minoritario étnico nómada con una lengua y un sistema de justicia propia que está presente en el territorio colombiano hace más de 300 años. Como estrategia de pervivencia el pueblo rrom se había mantenido invisible hasta finales de la década del 90, cuando por ocasión de los impactos del conflicto decidieron iniciar su proceso organizativo y exigir la garantía de sus derechos. Ilustración: Comisión de la Verdad de Colombia

Mientras colombia construía un discurso sobre el «flagelo del narcotráfico» que propiciaba un aparente consenso nacional, aumentaba la presencia de la D.E.A. en Colombia y se reconfiguraba el Estado en función de la «lucha contra las drogas.

Estos vínculos son rastreables en Magdalena, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Meta, Boyacá, Sucre, Cesar, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira, Nariño, Chocó y Santander, lo que evidencia que no solo las periferias, sino también los centros de poder político, han sido decisivos en la consolidación del poder del narcotráfico. En algunos casos, parte de la impunidad y la corrupción se concentraron en el poder del Congreso, donde se dan los principales debates sobre la agenda antidrogas y la extradición, que determinan el rumbo de la misma. Lo que ha permanecido en el régimen político es una estructura constituida bajo las dinámicas de financiación de campañas, pactos locales y nacionales irradiados o convergentes en el Congreso, y complicidades explícitas entre el narcotráfico, la contratación pública y la representación política. La falta de investigación a profundidad del caso del Parqueadero Padilla, de la Oficina de Unicentro y de Funpazcor son ejemplos de cómo no se alteraron las estructuras financieras ni de poder del narcoparamilitarismo en el país.

La función pública ha sido utilizada por el narcotráfico de dos formas. Por una parte, para asegurar la impunidad en la logística ilegal de la operación del narcotráfico, lo que muestra el entramado paramilitar ya descrito por la Comisión y su influencia en el propio sistema de investigación judicial en diferentes momentos de las últimas décadas. Y por otro, para lavar el dinero a través de la contratación pública o de la compra de tierras (esta compra muchas veces ha estado ligada al despojo de población campesina víctima del conflicto armado y en tal despojo han estado involucrados diferentes niveles de organismos e instituciones del Estado, como algunas notarías).

Es importante prestar atención a la impunidad junto con la corrupción en la reproducción y el escalamiento de las violencias del conflicto armado y el narcotráfico, dado que no ha habido mecanismos efectivos para ejercer justicia frente a la violencia que se desató. Como advirtió en su tiempo el procurador Carlos Jiménez Gómez cuando investigó el grupo Muerte a los Secuestradores (MAS), «nuestra misión no era escribir un informe, sino trabajar contra la impunidad». La arremetida violenta de la alianza de políticos y narcotraficantes tuvo un tremendo impacto negativo en la fortaleza judicial del país.

Una forma usada por el narcotráfico para crear alianzas con la política ha sido mediante la influencia en el nombramiento de cargos públicos de especial relevancia. Hay varios ejemplos al respecto. José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS (2001-2005), mantuvo relaciones estrechas con el jefe paramilitar Carlos Castaño, a quien indujo a asesinar al humorista Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999. Un exgobernador del Cauca, elegido para el periodo 2004-2008, se vio involucrado en relaciones con los narcoparamilitares del Bloque Calima, quienes incidieron en su elección como gobernador del departamento y en las elecciones a Congreso, también patrocinadas por el paramilitarismo. Jorge Noguera, exdirector del DAS (2002-2005), condenado a 25 años de prisión, tuvo relaciones cercanas con jefes paramilitares de la Costa Caribe como Hernán Giraldo y alias Jorge 40, a quienes pasaba información confidencial si había alguna operación en su contra o en contra de los intereses del narcotráfico (le alertó a Giraldo sobre una investigación que se estaba llevando en su contra por lavado de activos).


Sanar desde o ancestral. Quemar el desierro. Blanca Suárez es indígena uitoto de Puerto Santander, Amazonas. Vive en Bogotá, por causa de haber sido desplazada dos veces. Ella, junto a Maritza Valencia y Carlos Rodríguez, lucha por mantener sus rituales ancestrales para proteger así su cultura y sanar el dolor de la lejanía.

La Comisión encontró que si bien el tema de la corrupción del narcotráfico en la política fue un tema ético que afectó la legitimidad de la autoridad estatal, también fue utilizado para negociar agendas por parte de Estados Unidos.


Cuerpos plurales: construcción de paz y resistencias de personas con discapacidad. La resistencia de personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, ha sido fundamental para la aproximación a un país en paz. Desde la pluralidad de sus cuerpos y territorios, estas historias revelan su capacidad para liderar y aportar a la construcción de una sociedad más justa. Video: Comisión de la Verdad de Colombia.

Aunque estas prácticas se han hecho habituales en diferentes regiones del país como parte de la política colombiana, numerosos testimonios presentados a la Comisión muestran un deterioro en la manera como la población percibe la función pública y el papel del Estado. Por ejemplo, en algunos pueblos los alcaldes son vistos como funcionarios comprometidos con el narcotráfico, al ofrecer conciertos y eventos públicos: «con eso mantiene como empendejado el pueblo mientras convierte el municipio en un berraco lavadero». Esta percepción del narcotráfico se mantiene en muchos lugares, como en Buenaventura, Valle del Cauca, y en Barranquilla, Atlántico, donde una buena parte de la ciudadanía considera que la política está orgánicamente relacionada con el narcotráfico.

En los casos de la UIAF se relacionan solamente cuatro investigaciones sobre lavado de activos y narcotráfico sobre políticos y funcionarios públicos entre 2015 y 2020. Esta influencia del narcotráfico en la política, sea directa o indirecta, y las formas de legalizar dineros del narcotráfico a través de las contrataciones públicas, no solo han profundizado la corrupción estructural, sino que han obstaculizado la posibilidad de una apertura democrática. Así, las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico con la «guerra contra las drogas», focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. El modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y, en algunos casos, tan frecuente y profundo, que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones.

La sospecha que cunde sobre la política colombiana ha dado pie a la preeminencia de las agendas de los Estados Unidos, que se han impuesto o negociado con facilidad. La relación de la política con el narcotráfico ha sido motivo de preocupación y disputas entre actores políticos nacionales e internacionales. La Comisión encontró que si bien el tema de la corrupción del narcotráfico en la política fue un tema ético que afectó la legitimidad de la autoridad estatal, también fue utilizado para negociar agendas por parte de Estados Unidos.

Mientras este país construía un discurso sobre el «flagelo del narcotráfico» que propiciaba un aparente consenso nacional, aumentaba la presencia de la DEA en Colombia y se reconfiguraba el Estado en función de la «lucha contra las drogas. Los Estados Unidos lograron alinear al gobierno colombiano en temas claves como militarización de regiones, empezando por la Campaña de La Guajira en 1978. La Comisión de la Verdad encontró que en medio de estas conversaciones hubo un pico de transferencia de apoyos presupuestales de los Estados Unidos a Colombia a finales de los setenta, cuando se instauró el Estatuto de Seguridad (1978-1982).

GALERÍA
Las lecciones para Ecuador del informe de la Comisión de la Verdad, de Colombia
 


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