El mes de noviembre de 2022, la empresa Imasen S.A.C. (*) cerró un estudio de opinión pública que arrojó resultados preocupantes sobre el futuro que podría esperarle al Ecuador pues, al menos frente a la política, el sentir de la enorme mayoría de 2000 entrevistados nada espera ya del presente. 

El estudio realizado a contramano por consultores peruanos y ecuatorianos fue presentado de manera reservada a tomadores de decisiones y actores políticos; al no haberse diseñado con fines de predicción electoral, evitó los sesgos y los acostumbrados deslices de muchas encuestadoras que suelen comportarse como casas de apuesta, en su afán de captar atención mediática para jugar con ventaja en el rentable espacio de las elecciones. 

Lo importante de una investigación cuanti-cualitativa es interpretar la percepción de los entrevistados sobre el entorno en que viven. Las respuestas obtenidas a los cuestionarios, con un margen de error de +/- 2.2 en el 95% para los resultados globales, en la hipótesis más desfavorable, son desalentadores en torno al ambiente social y político que se ha venido preñando desde hace algunos años, de densos nubarrones.

El presidente Guillermo Lasso congregó a un grupo de simpatizantes en el pórtico del Palacio Legislativo. Su aceptación está a la baja. Foto: Bolívar Parra /Presidencia de la República

Percepción política 

Con un rechazo en promedio de más del 70% de personas sobre la política, el presente como espacio para la transformación en ese campo está perdido, y el futuro está tomado por la incertidumbre; el sentimiento positivo hacia estas dos dimensiones temporales se afinca en la iniciativa y fortaleza individuales y familiares, no en la política, los partidos ni en los movimientos, y tampoco en el Estado como estructura de apoyo y fomento del bienestar personal o colectivo, menos aún, como garante de derechos.

La institucionalidad pública atraviesa una crisis sostenida de altísimo descrédito y desconfianza, las 2 o 3 instituciones históricamente mejor calificadas no llegan al 50% de aprobación ciudadana; la caída en credibilidad y reputación de las demás es estrepitosa.

Alcaldías y prefecturas registran cifras bajas y medias, a excepción de Manabí, cuya alcaldía y prefectura promedian más del 50% y menos del 60%; en Pichincha la aprobación a sus alcaldes es prácticamente la más baja a nivel nacional, la prefectura marca el 15% y esta última, en Guayas el 33%.  

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, tiene un aceptación mínima, a pesar de encabezar la remoción del alcalde anterior. Foto:Luis Argüello. PlanV 

La Asamblea tiene un 17% de desaprobación en su mejor ponderación, pero el rechazo crece hasta niveles de una cifra porcentual, si se afina el análisis de resultados y se lo coteja con la data comparada de recientes investigaciones. El actual presidente del legislativo bordea al 13% de aprobación. El Poder Judicial apenas pasa del 16% 

Los principales problemas

La percepción ciudadana sobre los tres principales problemas ha variado: ahora son el narcotráfico, en conexión con la violencia y la inseguridad originadas en la delincuencia, los vectores que encuentran su confluencia en las respuestas “preocupado”, “angustiado”, temeroso”,  “pesimista” que dominan en el 75% de los entrevistados su sensación ante el presente y el futuro. Ello obedece al incremento incontrolado del crimen organizado, la violencia en las cárceles,  y la impunidad imperantes, la violencia política también aparece como razón del desaliento. En simultáneo,  la narrativa del Gobierno nacional al respecto, y la difusión de noticias en medios tradicionales y en redes sociales coadyuvan al enraizamiento de la percepción pesimista; lo anotado implica algo muy serio: estos negativos se han posicionado por sobre el histórico porcentual de la preocupación ciudadana por el acceso deficitario de la población a derechos y servicios fundamentales como salud, educación o aseguramiento. El temor a la delincuencia ya es más importante que el desasosiego por el desempleo, en una relación porcentual de casi el doble. La pobreza ya no es el enemigo principal a combatir.

Hasta un 71% de los encuestados dicen estar a favor de penas más duras contra el crimen. Foto: Carlos Silva / Presidencia de la República

Al 71% que se manifiesta a favor del endurecimiento de penas para combatir al hampa, se le planta el espejo de la provincia más asolada por la delincuencia común, el pandillerismo y el sicariato, exhibiéndose como una paradoja, el silencio de más del 80% de personas que se negaron a responder sobre el tema. La razón es simple: miedo.

Ocho de cada 10 entrevistados creen que el problema de seguridad pública está agravándose en lugar de estar controlado o mejorando, y siete de cada diez creen que la responsabilidad para resolverlo es del presidente. Esto es efecto de la equivocada estrategia política y comunicacional del Ejecutivo, que sobreexplotó la vocería e imagen del primer mandatario, los continuos gazapos de su comunicación oficial, y el embate permanente de troll centers y vocerías de distinto origen que invisibilizan al obra pública marketeada por el Gobierno, donde el único mérito que se reconoce a nivel nacional, es el de la vacunación.

Por otro lado, la Asamblea como blanco de las críticas oficiales, es un discurso boomerang que se vuelve contra el Ejecutivo cada vez que no puede  pasar leyes económicas urgentes (por estar mal hechas o mal concebidas, o por la adversa composición de la Asamblea, con cuyos bloques o líderes tarde o temprano busca coincidir). Muchos ya no sintonizan con un discurso que en la práctica política es ambivalente a conveniencia y confuso en su retórica. Los entrevistados juzgan ese comportamiento político bajo una sencilla palabra para definir al Gobierno: “incompetente”.

La  Asamblea dobló la mano al argumento del bloqueo, dejando en claro que en un régimen presidencialista corresponde al Ejecutivo gobernar, y la legislatura no podía hacer lo que es competencia del poder central. 

Finalmente, y luego de achacar todos los males del Ecuador al correísmo, y terminar dialogando y hasta pactando con ese actor político, el liderazgo de Lasso sigue en el limbo en tanto que el de Correa no se debilitó, aunque la división electoral de esa organización, a puertas de los comicios seccionales sin duda se siente como una bocanada de aliento para otras fuerzas. La Asamblea actual, probablemente la más cuestionada y digna del desprestigio que lleva a cuestas, resulta al final del día más sólida que el Ejecutivo.

Asimismo, el desgaste orquestado desde la oposición organizada y el efecto de la poca credibilidad ciudadana en la palabra oficial, mantienen siempre a la defensiva al Gobierno en coyunturas políticas de alta conflictividad. Mencionar las cifras bajas de confianza, credibilidad o respaldo a la gestión del régimen, es hacer leña de un árbol caído, pero no es el único al que le pasa factura el desdén ciudadano:  las calificaciones para los líderes locales son paupérrimas, tanto que es mejor no dar nombres para evitar especulaciones innecesarias en esta coyuntura preelectoral. La ausencia de líderes nacionales ni siquiera provoca vergüenza, pues no sorprende. 

En lo económico

En este aspecto, lo que más destaca, es que, según el estudio, el 65% rechaza el pretendido acuerdo comercial con China al que el gobierno del presidente Lasso parece apostarle buena parte del capital político que requiere para reflotar en el tiempo que le resta, sin embargo, las cifras son una advertencia: 70% dice estar poco o nada informado, del 79% al 87% se afirma que el régimen debería informar a todo el país sobre los términos de ese acuerdo comercial, incluidos las cámaras, los sindicatos, los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

Las respuestas de la enorme mayoría de entrevistados requieren al Gobierno absoluta transparencia con la negociación, y cumplir todas las normativas internacionales que, en otros acuerdos entre estados, protegen el medio ambiente, los recursos naturales, la riqueza marítima, objetan la minería irresponsable, sancionan la sobreexplotación de trabajadores y la explotación infantil, impiden que se inunde de basura y de productos de baja calidad a los mercados de uno de los socios (en este caso a Ecuador), precautelando la estabilidad de emprendedores e industrias nacionales.

Beijing-China, el presidente Guillermo Lasso se reunió con su homólogo chino, Xi Jing Pin, pero la negociación del acuerdo comercial fue declaradada reservada.

Y la preocupación se entiende, el mismo presidente Lasso afirmó el 9 de febrero de este año que “cerca del 50% de la deuda con China se paga con la entrega de petróleo, lo cual es lesivo para Ecuador.

Ecuador debe alrededor de 4.600 millones de dólares a China, de los cuales 2.000 millones deben ser pagados con la entrega de la producción de petróleo. Para el régimen es claro que renegociar la deuda con el gigante asiático es vital para darle un respiro a la economía, bajar las tasas de interés, ampliar plazos para el pago y desvincular el contrato de comercialización de petróleo. No se conoce si en el marco de las negociaciones el gobierno chino propone perdón, olvido o “amabilidad” con sus empresas acusadas de corrupción en el Ecuador o con sus “inocentes” acercamientos de su devastadora flota pesquera hasta límites de nuestro mar territorial.

Según lo han cuestionado diversos actores políticos y expertos petroleros, el contrato más lesivo en esa área, fue suscrito con China durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), quien además impuso el secreto de estado sobre los detalles. Además, son públicos y notorios los casos de corrupción que envuelven muchas de las actividades comerciales que involucran a ese país a nivel internacional.

Los derechos humanos

A una primera prospectiva basada en las pocas cifras comentadas y en las condiciones anteriormente mencionadas, debe agregarse el hallazgo de una fuerte tendencia que hoy bordea en mínimo el 60% de preferencia de los ecuatorianos a regímenes “de mano dura”, independientemente del tinte político que pudieran revestir a esos gobiernos. Con el rol de los derechos humanos tan desgastado por argumentos u opiniones y campañas directas o veladas cada vez más frecuentes, que acusan a sus activistas u organismos de apoyo de preocuparse más por el bienestar de delincuentes de toda ralea que por el de sus víctimas, la disyuntiva entre gobernar con “mano dura respetando los derechos humanos”, o renunciar eventualmente a hacerlo, disocia la reflexión de los entrevistados y la respuesta al dilema se orienta a preferir la contención de la violencia, el combate a la corrupción, y a la impunidad, privilegiando la aplicación de la fuerza del estado por sobre otras consideraciones. 

El discurso de la mano dura y la militarización despierta la preocupación sobre posibles violaciones de derechos humanos. Foto: Bolívar Parra-Presidencia Ecuador

El riesgo ante de una distorsión punitiva es grave. La vigencia de regímenes autoritarios tiende a irrespetar leyes y protocolos nacionales o internacionales provocando una fractura social inevitable. La irresponsable demagogia de vocingleros políticos que cada vez y cuando se exhiben en la Asamblea y en otros espacios exigiendo leyes más drásticas, eludiendo atacar la raíz del problema y auspiciando la violencia ciudadana en oposición a la violencia  delincuencial, esconde inéditos riesgos para el futuro de la frágil paz que hoy pende de un hilo en el Ecuador.

Sin embargo, tampoco es improbable que organismos llamados a defender los derechos humanos estén fuertemente contaminados por los mentalizadores de violencia política y violencia delincuencial, dicha impresión y controversiales evidencias no escapan a muchos observadores ni a los familiares de las víctimas de estos siniestros ni al ciudadano en general. 

¿Lo peor está por venir?

El escenario posible es sumamente delicado.

Un país se construye con su gente y con sus instituciones; recuperar la fe perdida en la institucionalidad pública no es sencillo, requiere transformaciones y decisiones profundas que van más allá de reformas legales o normativas de papel; exige comprometerse con el futuro de cada familia, de cada persona honesta. El asumir la política como un nicho de enriquecimiento personal y corrupción conspira contra todo intento de preservar la gobernabilidad y la paz. La esperanza en el porvenir es una aspiración legítima que debe acompañarse, en la práctica, con cambios urgentes en políticas de estado para combatir la pobreza con la misma fuerza que a la corrupción, porque son ambas las que se roban el presente de todo niño, joven o adulto que merece vivir en paz, en libertad y dignamente. Cero impunidad, auditoría y participación social activa más allá de las redes sociales; el país no puede esperar más.  Si no reaccionamos ahora, seremos cómplices o mudos testigos de la peor versión del Ecuador que quisiéramos para nuestros hijos y para nosotros mismos.                            

 (*) IMASEN SAC: Dirección de la investigación: Giovanna Peñaflor