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9 de Abril del 2024
Historias
Lectura: 15 minutos
9 de Abril del 2024
Hugo Marcelo Espín Tobar

Especialista en Derecho Penal. Miembro de LEGAL International Advisors

México y Jorge Glas: el apocalipsis de la impunidad
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El ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, fue "extraído" de su refugio en la embajada de México en Quito, y llevado a una cárcel de máxima seguridad. Foto: AFP

 

Esperemos que estas acciones encaminadas por el presidente Noboa, marquen el apocalipsis de la impunidad en el Ecuador, y sirvan de referente para las hermanas naciones del mundo aquejadas del flagelo de la corrupción en todas sus formas.


Como en múltiples ocasiones anteriores había narrado, la crisis de la violencia vino de la mano con la política de apertura de fronteras y la permisibilidad propia de los gobiernos llamados progresistas. En estos se implantaron la tabla de consumo, creada como un mecanismo implementado en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, específicamente por el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), mediante Resolución 001-CO-2013. La resolución establecía una correlación entre el peso de las sustancias sujetas a fiscalización y la condición de consumidor, presumiendo que quien portaba una cantidad mínima de droga era un consumidor; por tanto, una persona a ser considerada por el sistema de salud pública y no como un traficante.

Lo que en la práctica trajo esta tabla fue todo lo contrario a lo esperado. Proliferó el micro expendio y la polarización de los territorios en manos de las organizaciones delictivas. Con ello se consolidó su fortalecimiento y la necesidad de implantar estructuras logísticas y financieras, tal como la proliferación de la micro empresa delictiva (emprendimientos del crimen) con “múltiples servicios” de delincuencia a la carta. Las pandillas evolucionaron en auténticas estructuras criminales con el reclutamiento de jóvenes enceguecidos por el brillo del poder, el respeto basado en la violencia y sobre todo las cantidades impensables de dinero en economías deprimidas, ligadas a la normalización del robo, la receptación, micro expendio de sustancias sujetas a fiscalización, hasta el boleteo, extorsión, sicariato y control violento de las macro rutas del narcotráfico.

Las ciudades evolucionaron hacia nuevos escenarios delictivos entregados por acuerdos mafiosos entre el poder político, funcionarios públicos, judiciales, policía y fuerzas armadas hasta “lobistas” del mundo de la farándula dispuestos a todo.  Los casos “Encuentro-León de Troya”, “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”, entre otros menos publicitados, dejan en clara evidencia la existencia de estos vasos comunicantes de la delincuencia organizada, donde cada uno cumplía un rol vinculado al imperio de la droga y la presencia de los cárteles principalmente mexicanos y colombianos que usaban el Ecuador del Encuentro, como un lugar de acopio y despacho del macro tráfico de drogas, y su variable mundo de la oferta y demanda con mercados internacionales cada vez más crecientes.

La corrupción, un cáncer esparcido a lo largo y ancho del mundo entero, muestra sus más putrefactos tentáculos en todos los países de una u otra manera. Delitos como la trata de personas, venta de órganos e inclusive el tráfico de personas por pasos ilegales son parte de la nueva normalidad, que no escandaliza a sociedades endurecidas por las crudas imágenes cotidianas de la violencia y el crimen cada vez más cercano a la puerta de sus casas.

Este marco contextual determinó la finalización de uno de los peores gobiernos de la historia republicana, que debió anticipar elecciones ante su incapacidad para solventar problemas básicos como el despacho de energía eléctrica, mantenimiento vial y sobre todo seguridad en todas sus formas y presentaciones. El delito paralizó al país en múltiples ocasiones. La respuesta fueron los famosos estados de excepción, que resultaron absolutamente  ineficientes y  cargados de excusas e inoperancia que solamente dejaba en exposición la incapacidad  de los personajes  vinculados a la seguridad pública del fallido gobierno de Guillermo Lasso. A estos, las cifras les decían que no había de que alarmarse, que todos los demás países estaban mal y finalmente se debía contener el delito porque las capacidades operativas estaban desbordadas; sumándose a esta actuación un despliegue militar sin misiones claras, subempleado en acciones de presencia más que de impacto, contribuyendo al desgaste y debilitamiento de la credibilidad de respuesta estatal. El resultado lo vivimos todos y las huellas de esa violencia se evidenció en el control de las cárceles del país en manos de acuerdos criminales para privilegios y control de lo que sucedía dentro y fuera de ellas. Poner orden en el caos se les hizo una tarea inalcanzable.

La convocatoria a elecciones estuvo cargada de ofertas de campaña de todo tipo, desde lograr acuerdos con las estructuras criminales hasta la implementación de tecnologías propias del candidato insigne de la empresa que lidera el negocio de la Big Data en el Ecuador, para implantar sistemas de cámaras e identificación biométrica al estilo gran hermano modelo 2024. Pero todo ello en medio de severas denuncias de corrupción e historias inconclusas, expuestas por el asambleísta Fernando Villavicencio, que ya convertido en candidato presidencial, hizo aún más graves denuncias y relatos en los que vinculaba a todos los antes enunciados.

Fernando Villavicencio Valencia en un mitin de campaña en Quito, antes de su asesinato el 9 de agosto de 2023. Karen Toro / Reuters

Fernando Villavicencio confió en la seguridad otorgada por la Policía Nacional y la cápsula de seguridad estructurada para garantizar la vida de un presidenciable. El cruel resultado de este error sucedió el 9 de agosto del 2023, cuando fue asesinado en medio de una serie de falencias evidentes de su seguridad,

Fernando Villavicencio confió en la seguridad otorgada por la Policía Nacional y la cápsula de seguridad estructurada para garantizar la vida de un presidenciable. El cruel resultado de este error sucedió el 9 de agosto del 2023, cuando fue asesinado en medio de una serie de falencias evidentes de su seguridad, con responsabilidades cruzadas entre los mandos institucionales y el propio encargado de la seguridad fallida. Ello se dio en medio de amenazas crecientes en contra de las autoridades del país, la proliferación del crimen organizado y las ofertas descaradas de control de territorio, que habrían sido una forma de pago para el magnicidio, que logró silenciar a quien no tenía límites en sus denuncias y la exposición pública de actos de corrupción.

Fue un hecho sin precedentes que dejó en claro que sus verdaderos asesinos no son solo los que halaron el gatillo y actuaron facilitando el hecho, sino también quienes se sintieron expuestos por su voz altiva. Aquellos de cuello blanco o uniforme que no podían dejar que se hurgue más en sus finanzas. Pero ya serán evidenciados de cuerpo entero, más temprano que tarde.

Este relato de sangrientos eventos siempre tuvo un factor común en la corrupción, la droga y el crimen organizado en todas sus formas y niveles. De ahí que cuando Diana Salazar Méndez, fiscal general, con total entereza arremetió contra estructuras intocables e hizo que se muevan los cimientos de la corrupción enraizada e institucionalizada, logró también que los ecuatorianos tengamos una esperanza de que efectivamente la trillada frase de “hasta las últimas consecuencias” no se limite al siguiente escándalo de farándula o politiquero.

Y el presidente Daniel Noboa decidió poner un broche de oro a su estado de emergencia con la incursión en la embajada de los Estados Unidos de México. El 5 de abril de 2024, una operación policial extrajo con seguridad al prófugo de la justicia que se refugió en dicha sede diplomática. Este evento creó una de las mayores polémicas de la diplomacia internacional, cuyo alcance aún no se puede determinar, pero fue una confrontación entre la soberanía nacional y la lucha contra la impunidad versus quienes defienden a ultranza la impunidad de sus acciones.

 Militares ecuatorianos permacieron en estado de vigilancia fuera de la Embajada de México la noche en que se capturó a Jorge Glas. Foto: EFE

El ingreso policial a la embajada mexicana se enmarca en una violación del Art. 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 (fijada en un mundo polarizado en medio de la guerra fría y con condiciones anacrónicas a la fecha). Por ello, se puede entender que en aplicación a los canales diplomáticos se condene esta acción.

El ingreso policial a la embajada mexicana se enmarca en una violación del Art. 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 (fijada en un mundo polarizado en medio de la guerra fría y con condiciones anacrónicas a la fecha). Por ello, se puede entender que en aplicación a los canales diplomáticos se condene esta acción, que podría determinar en el futuro un peligroso antecedente para acciones similares en cualquier parte del planeta. Igualmente es necesario considerar que una violación a la normativa internacional no se puede sustentar en una violación o atentado a la normativa interna o la propia normativa internacional, pues en el mundo civilizado siempre hay una vía legal. Sin embargo, las circunstancias y declaraciones, así como las acciones precedentes del gobierno mexicano del presidente López Obrador dejaba en claro que se estaba burlando la soberanía del Ecuador y utilizando canales presuntamente amistosos para actuar en forma adversa a los mismos. Solo fue necesario escuchar las primeras voces de protesta subidas de tono, por parte de los voceros de las dictaduras cubana, venezolana, nicaragüense y demás "progresistas" reclamar la intervención de la CIDH. El mismo organismo al que desconocían en ejercicio de las recurrentes violaciones de los derechos de sus conciudadanos. El propio México tiene cifras impresentables de muertes violentas que superan las 165.000 por año, con un promedio de 81 mexicanos muertos cada día, así como, un centenar de extranjeros que tratan de cruzar las violentas fronteras hacia los EEUU cada semana.

Andrés Manuel López Obrador Foto: EFE / José Méndez

México se convirtió en el país que ha servido de punto de encuentro de figuras políticas en conflicto con la Ley, que abiertamente preparan estrategias para recuperar el poder que tanto añoran. Nadie ha desconocido la vigencia de acuerdos que garantizan la figura del asilo político y diplomático, fijados por la Convención de Montevideo de 1933 y de Caracas de 1954, en las que expresamente se prohíbe el asilo en casos de delitos comunes cometidos por los solicitantes, más aún cuando estos delitos infieren el haber afectado precisamente a la sociedad en su conjunto.

Es necesario reconocer que el Ecuador al fin está dando claras muestras de luchar contra la impunidad, de luchar contra las figuras que unen al narcotráfico y sus extensas redes con la política interna y el control del gobierno central y gobiernos seccionales.

Ecuador está acorde a la aplicación de la Convención de Palermo, y el reconocimiento de  instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción. Incluidos, entre otros, la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996.

Ecuador está acorde a la aplicación de la Convención de Palermo, y el reconocimiento de  instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción. Incluidos, entre otros, la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997, entre otros. Todos estos permitieron la entrada en vigor, el 29 de septiembre del 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; elementos que dejan en claro que la lucha contra la corrupción y la impunidad debería ser una carta de batalla común en los países decididos a enfrentar este flagelo de la humanidad. No se puede proteger a quienes actuaron en el dispendio de ingentes recursos destinados para el desarrollo de los pueblos; o que, se dedicaron a incrementar morbosas fortunas personales y familiares; esos que hoy buscan apoyarse en sus similares sen ejercicio del poder para alcanzar paraísos de inmunidad ante las acciones de control judicial que los persiguen.

No se puede desatender la necesidad de retomar las buenas relaciones existentes entre Ecuador y México y encontrar una solución rápida a esta crisis a través de los canales diplomáticos del más alto orden. Así tampoco que esta serie de eventos desafortunados finalmente han colocado en la palestra pública la necesidad de terminar con toda forma de impunidad, unida a la entereza de un gobierno que enfrenta la adversidad para poner fin a una etapa de proliferación de la violencia e injusticia; que entiende que hacer respetar las decisiones judiciales en un país democrático es parte esencial de la seguridad jurídica como eje del desarrollo de los pueblos y fomento de la seguridad pública.

Esperemos que estas acciones encaminadas por el presidente Noboa, marquen el apocalipsis de la impunidad en el Ecuador, y sirvan de referente para las hermanas naciones del mundo aquejadas del flagelo de la corrupción en todas sus formas.

 

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México y Jorge Glas: el apocalipsis de la impunidad
 


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