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22 de Marzo del 2024
Historias
Lectura: 23 minutos
22 de Marzo del 2024
Napoleón Saltos

Catedrático universitario y dirigente político

Narcotráfico: diez tesis y una propuesta (Parte 3)
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En torno a la pobreza y la violencia urbana hay una serie de construcciones culturales y fenómenos relacionados. Foto: Fuerzas Armadas de Ecuador

 

Los costos, no sólo económicos, sino sobre todo de vidas, recaen sobre los sectores marginados-empobrecidos, barrios, comunidades, parroquias. Y los más vulnerables, tanto para la seducción y cooptación de las mafias y el capital criminal como micro-consumidores y como operadores del tráfico y de la violencia, son los jóvenes y adolescentes.



 

VIII. Sociedad y cultura del narcotráfico

El cuarto cuadrado de la chakana de la violencia del narcotráfico se refiere a la raíz estructural que proviene desde la sociedad imbuida de la cultura y el sentido de vida secretados por el sistema de reproducción ampliada del capital criminal.

“La complejidad del problema del narcotráfico en Ecuador se evidencia no sólo en los juegos arriba, los procesos de dominación, las disputas entre mafias transnacionales, grupos financieros, fracciones de capital, sino también en la invasión abajo, la seducción y cooptación de la mente y el corazón de la gente hasta convertir a las ofertas del narcotráfico en un modo de vida, en una forma de subsistir ante la ausencia de oportunidades desde la sociedad y el Estado. El paso hacia el carácter estructural de la violencia se expresa en el implante de la narcocultura en el sentido común de la masa.” (Saltos, 2023)

La geografía de las bandas se ubica en zonas asoladas por la pobreza, la marginalidad y la ausencia de horizontes de vida, sobre todo para los jóvenes, que sufren un doble asedio: son captados como mano de obra de las bandas y como mercado del microconsumo. La pertenencia a las bandas implica no sólo la oferta del acceso a ingresos económicos fáciles, sino sobre todo un sentido de pertenencia-subsistencia ante los vacíos y abandonos de la sociedad y el Estado. No se trata de una ausencia del Estado, sino de una forma de su funcionamiento, ligado al capital lumpenizado. La violencia y las bandas operan como un dispositivo para la dominación de las poblaciones, la destrucción del tejido, la organización social y las redes comunitarias. 

Los costos, no sólo económicos, sino sobre todo de vidas, recaen sobre los sectores marginados-empobrecidos, barrios, comunidades, parroquias. Y los más vulnerables, tanto para la seducción y cooptación de las mafias y el capital criminal como micro-consumidores y como operadores del tráfico y de la violencia, son los jóvenes y adolescentes. A la vez víctimas y victimarios, se encuentran atrapados en caminos sin salida.

Hay una línea de continuidad y expansión entre la cultura hedonista del dinero fácil, el éxito individualista y el placer inmediato, difundida por el capitalismo en su fase neoliberal, a partir de una fractura entre las prácticas y las normas, entre las relaciones económicas y políticas, y los referentes de la ética iluminista, libertad-igualdad-fraternidad, y de la ética protestante del trabajo y el ahorro, y la forma extrema desarrollada por el capital en su fase de capital criminal.

No se trata sólo de un problema cultural local, sino de una cuestión civilizatoria, la articulación modernidad-ilustración que guió el ascenso del capitalismo se ha agotado, y el sistema entra en una fase de decadencia, que produce una representación del mundo movida por las pulsiones de muerte y por la necropolítica en contra de sectores desechables y en contra de la naturaleza.

Uno de los eslabones es la difusión de una cultura de espectáculo que ensalza la vida de los narcotraficantes, convertidos en figuras emblemáticas del placer inmediato y la opulencia. “Nuestra aprehensión del narco la proyectan artefactos culturales como novelas, películas, series de televisión y música, que se basan en el periodismo narrativo que, a su vez, se nutre del discurso securitario. Este último hace lo propio alimentándose de los diferentes medios culturales. Un círculo vicioso que pone al descubierto la falta de “materialidad histórica debajo de la representación textual que supone mostrar lo real del narco” (Zavala, 2018, pág. 87)

IX.  Estrategias

Uno de los temas menos analizados es el estudio de las estrategias aplicadas ante el problema. En este período se han impulsado diferentes estrategias.

En la primera fase, la estrategia de la “Isla de paz” permitió una convivencia con los negocios ilegales y el narcotráfico sobre todo por los puertos. Tuvo la secuela de no ver los cambios y prepararnos a las respuestas que se requerían. “Las políticas públicas de seguridad ciudadana fueron muy débiles, tanto que no se diseñaron desde una visión estratégica, dado que se consideraba un problema poco relevante para el país. Su enfoque se inscribió en la inercia, porque se creía que la violencia le era ajena al país. Pesó más el imaginario de la Isla de Paz, creyendo que en el Ecuador no había violencia, mientras que en los otros países sí. Esto es, un sustento falaz.” (Carrión, 2022)

En el período de la Revolución Ciudadana (2007-2017) se impulsa una estrategia de pacificación con las bandas y de reformas de leyes, sistema de inteligencia, sistema carcelario. La negociación con los Ñetas y los Latin King intentan una salida política. La incorporación de algunos miembros de las antiguas bandas a las filas de la RC abre riesgos de contagio que se profundizan progresivamente.
Un tema difícil que enfrentó fue la relación con las FARC, para evitar la alinearse con la estrategia del Plan Colombia, pero que dejó también brechas a la presencia de grupos de narcoguerrilla. Sin embargo el problema principal está en el silencio y la falta de una política suficiente ante la presencia y el crecimiento del vínculo con las bandas internacionales y el capital criminal mundial.

Rafael Correa inició un proceso de pacificación de bandas urbanas del que surgieron cuadros como Ronny Aleaga.

A raíz de los acontecimientos de Angostura y del 30S, el régimen impulsa varias reformas. El control de la justicia debilita la autonomía del poder judicial y no logra superar el inveterado ejercicio de invasión desde los otros poderes del Estado, desde intereses políticos y económicos. El control de la inteligencia desde el Ejecutivo y la orientación sobre todo al control de las disidencias sociales y políticas, debilitan la institucionalidad de seguridad y las instituciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía. Las reformas a las leyes, en particular, del COIP, borran las fronteras entre la persecución al crimen organizado y la criminalización de la lucha social, afectando al tejido social. La reforma al sistema carcelario introduce el modelo de megacárceles, siguiendo las experiencias sobre todo de Francia y Estados Unidos. Allí empieza un problema que no ha sido resuelto, pues las bandas, con el aprendizaje de bandas internacionales, como los Zetas en México y la mafia Distrito Capital de Brasil, han convertido progresivamente el control de las cárceles en una base para la coordinación y dirección del control y la violencia en los territorios.

Uno de los elementos más importantes en este período es la institución y fortalecimiento del control con apoyo tecnológico; en particular, el sistema 911 permite una vigilancia a nivel nacional. En los gobiernos siguientes disminuyó la atención al sistema.

Durante los gobiernos de Lenin Moreno y, sobre todo de Guillermo Lasso, se debilita la estrategia estatal ante el narcotráfico y el capital criminal. Los intentos de reformas de la justicia se truncan y quedan atrapados en nuevos controles y vínculos, utilizados por las redes delictivas. El fracaso de la reforma de la justicia, el empate político catastrófico entre el Ejecutivo y el Legislativo, controlado por la RC  ye PSC, la ausencia de control de las cárceles, el silenciamiento de la Fiscalía ante diversos casos denunciados, como en el caso Gran Padrino, terminan por abrir paso a la agudización de la crisis y el estallido de la violencia. Se suceden las declaratorias de Estados de excepción ante la violencia y las masacres en las cárceles, pero no tienen ningún resultado.

Con la llegada de Noboa se instaura una estrategia del shock blando, que impulsa un estado de guerra interna con una acción directa contra las bandas locales, lo que ha obtenido el respaldo tanto de la sociedad como del Parlamento; y la utilización del atemorizamiento en la población para impulsar un paquete de medidas económicas que afectan a la economía de los sectores populares. “… el autoritarismo  significa una  predisposición  defen¬siva a  conformarse acríticamente a  las  normas  y mandatos  del  poder  inves¬tido  por  el  sujeto  de  autoridad.  Desde  el  punto  de  vista  individual,  los autoritarios  son personas  que  invariablemente  se  hallan  dispuestas  a  coin¬cidir  con  las  autoridades porque  necesitan  la  aprobación  o  la  supuesta aprobación  de  éstas  como un  alivio  de  su ansiedad  personal.” (Adorno & otros, 1965, pág. 5. Prólogo)

La estrategia de guerra interna, instituida en el Decreto 111, se fundamenta en una definición amplia del conflicto armado, según definición de la ACNUR: “Todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: (…) b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a demandas de autodeterminación o autogobierno, o aspiraciones identitarias; la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna e internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva apara acceder o erosionar al poder; o al control de los recursos o el territorio.”

El Artículo 3 dispone la lucha “contra el crimen organizado internacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”. Se deja una frontera indefinida y porosa entre las actuaciones del crimen organizado y las luchas de movilizaciones sociales, lo que corre el riesgo de abrir espacio a la persecución y criminalización de las organizaciones y movimientos sociales.

Esta estrategia cuenta con el asesoramiento y presencia de Estados Unidos. Esa potencia ha estado presente no sólo en la génesis de la “guerra contra el narcotráfico” y posteriormente la “guerra contra el narcoterrorismo”, sino que ha pincelado cada etapa en la relación con América Latina.

En el caso del Ecuador, “el estallido de la violencia criminal en enero del 2018 abrió una ventana de oportunidad para que el gobierno de los Estados Unidos intervenga, al percibir que ciertos intereses estratégicos limitados estaban siendo amenazados. Al cabo de seis años de este proceso Ecuador se ha convertido en un «estado cliente» de Washington, pero no está claro si la estrategia militar será suficiente para desarticular las redes de crimen organizado en el país.” (Córdova, 2024)

Las dudas empiezan por la sostenibilidad de esta estrategia: ¿hasta cuándo pueden operar las Fuerzas Armadas bajo el Estado de excepción y el estado de guerra interna? Las preguntas de la Consulta apuntan a institucionalizar el Estado de excepción permanente, para que las Fuerzas Armadas puedan prolongar su intervención.

¿Cuáles son las políticas para enfrentar las raíces del problema, las articulaciones con el poder político y el poder económico, las condiciones sociales que permiten que jóvenes sin horizonte de vida encuentren en la seducción del narcotráfico y el crimen organizado una alternativa de vida?

La guerra es no sólo la continuación de la política por otros medios, sino también la construcción de una cultura de violencia, de destrucción del otro, convertido en el enemigo absoluto, la destrucción del sentido de humanidad. La estrategia de guerra contra el narcotráfico ha fracasado en Colombia y México.

Actualmente se presenta la estrategia Bukele en El Salvador, como exitosa para el control de las bandas y la violencia, pero falta un estudio objetivo de los resultados, pues todavía estamos en la fase de la propaganda bajo el relato de un canje de seguridad y control de la bandas por libertad y democracia.

X. Experiencias alternativas

¿Cómo logra sobrevivir la población afectada en medio de un funcionamiento sistémico de la violencia?

La imagen que se presenta desde el poder es de violencia permanente, sobre todo en las provincias afectadas por el narcotráfico y la violencia, Esmeraldas, Manabí y Guayas, silenciando las estrategias de resistencia  de la población.

La pregunta a nivel social es no sólo, ¿por qué hay un porcentaje de jóvenes que son cooptados por el narcotráfico?, sino también, ¿por qué hay un porcentaje, quizás mayor, que no entran en estas propensiones? Se trata de investigar las dinámicas socio-económicas, la cultura, la psicología, de los sectores populares, sobre todo juveniles, incorporados a la violencia y a la reproducción del capital; y también sistematizar las experiencias de resistencias-supervivencia, caminos de vida, espiritualidad y comunidad. Y, a partir de ello, proponer planes de vida y estrategias alternativas para reconstituir el tejido social y la solidaridad.

La fuerza pública aplica los mismos mecanismos de control. Foto: Policia Ecuador

Quizás las respuestas van sobre todo por la presencia y fortaleza del tejido social, la construcción de formas de poder y economías autónomas, la presencia de la comunidad y de la solidaridad social. El punto de partida es creer que hay soluciones alternativas.

Es importante sistematizar estas experiencias, para poder trazar una estrategia de liberación. Podemos recoger experiencias a nivel internacional, como la propuesta del “vivir bonito” de las poblaciones afro en Colombia. O la educación interpares que ha dado resultados eficaces para enfrentar las violencias de género en diversos países de África. O la experiencia de incentivos para los jóvenes en Islandia, que permitió bajar el alcoholismo del 48 al 4%, con resultados avanzados en deportes, artes, tecnologías.

Una propuesta

La propuesta es sencilla y puede parecer utópica: mirar más allá de la estrategia unilateral de guerra interna contra el narco-terrorismo; y trazar una estrategia a mediano y largo plazo para desmontar las raíces estructurales, impulsar un Acuerdo Nacional y un Plan que fortalezca las políticas de prevención e inclusión, las visiones y prácticas de paz y fraternidad y de reconstitución del tejido social, asentado en el poder autónomo de las comunidades y los pueblos, con apoyo del Estado.

La conclusión principal es que la violencia del narcotráfico y del capital criminal es un problema estructural, con dos raíces principales: desde arriba, los vínculos con el poder y el Estado, y con el mercado y los grupos monopólicos, nacionales y transnacionales; desde abajo, las condiciones socio-culturales que propician la cooptación de las poblaciones, con dinámicas diferenciadas para las familias, las mujeres y los jóvenes de los territorios en disputa.

Este problema es un signo del tiempo de decadencia de la modernidad capitalista que retorna a ciclos de acumulación originaria y de acumulación por desposesión en torno al capital financiero-rentista-criminal mundial, y se articula a un tiempo caótico previo al proceso de transición civilizatoria.

Por tanto, se requiere una estrategia integral, que atienda a los cuatro cuadrados de la chakana de la violencia, el narcotráfico y el capital criminal: superar la seguritización de las estrategias de seguridad, que se basan en concepciones de guerra y la institucionalización del Estado de excepción permanente, del Estado policíaco de seguridad, para orientarlas a una propuesta democrática y de paz.

Esta perspectiva exige un viraje no sólo en el campo epistemológico, para el conocimiento holístico del problema, sino también para las respuestas, estrategias y planes. La epistemología de la chakana para el conocimiento, se vincula a una perspectiva integral de las respuestas, a una chakana del equilibrio y la paz.

El objetivo de las estrategias y los planes desde el poder se centra en el control, represión, criminalización y ejercicio de la fuerza contra los operadores, contra la fase D-M, la producción y tráfico desde los países periféricos; se reduce a un tema de seguridad policial y militar, mientras queda un espacio ambiguo en las respuestas ante las raíces económicas, políticas y culturas. Desde la visión de los pueblos originarios el objetivo es restablecer el equilibrio alterado por el narcotráfico y el capital criminal dentro de la comunidad, la sociedad y la humanidad. Se requiere reconstituir una chakana del equilibrio de la sociedad, lo que implica colocar como actor principal a las comunidades y los actores sociales, con apoyo del Estado, y privilegiar las políticas preventivas y de inclusión. Dentro de esta perspectiva se reubica la visión y respuesta de la seguridad y el papel del aparato represivo y jurídico del Estado. 

Las respuestas alternativas parten de la investigación interdisciplinaria para una comprensión del problema integral, que abra las puertas a respuestas que superen estrategias que han fracasado y aborden temas que se han tornado en tabú. El camino es un diálogo de saberes entre los conocimientos que vienen desde las propuestas estatales y de las diversas ciencias sociales, y los aportes de los conocimientos y visiones desde las epistemologías y prácticas de los pueblos originarios y las comunidades.

La comprensión de la violencia del narcotráfico como un proceso de  la reproducción ampliada del capital criminal, del paso hacia el narcoEstado y el necroliberalismo, de la difusión de la cultura del narcotráfico y de la pertenencia a las redes del crimen organizado como una forma de vida, debe llevarnos a un acuerdo de corresponsabilidad entre los actores estatales y los actores sociales, nacionales y transnacionales, a buscar respuestas integrales.

Es un problema transnacional, lo que demanda una estrategia de colaboración internacional de corresponsabilidades, a partir de la soberanía de los Estados y autonomía de los pueblos, superando acuerdos de asistencia con relaciones asimétricas de inmunidad, que parten de una visión de subordinación y dependencia.

Tratar el problema integral implica no trasladar unilateralmente el peso y la criminalización a los países de producción y tráfico, sino desmontar los flujos de financierización legalizada de los capitales criminales, como en el caso de los paraísos fiscales, y los problemas de consumo, la demanda, en los países centrales.

En cada uno de los lados de la chakana del equilibrio es posible iniciar perspectivas de cambio estructural y de respuesta ante las raíces sistémicas.

La base está en desmontar la raíz de la ganancia y la plusvalía extraordinaria del narcotráfico y el capital criminal. Un paso es un acuerdo, al menos regional, para iniciar un proceso de legalización de la producción, distribución y consumo de las drogas, en forma planificada y gradual, bajo control del Estado y del poder autónomo de las comunidades y la sociedad. Es un proceso complejo que abarca la devolución de las tierras invadidas a las familias y comunidades campesinas e indígenas, como fundamento de un proceso de reforma y reactivación del agro; cualquier política de sustitución de cultivos será viable sólo si hay una reforma agraria profunda, bajo las nuevas condiciones tecnológicas y el cuidado de la naturaleza. Abarca también la orientación de los capitales ilegales a procesos de industrialización y de nuevas formas de economía ligadas a la cuarta revolución científico-técnica; el desmonte de los vínculos con el capital financiero y comercial, para romper la unidad banca-Estado que bloquea el desarrollo productivo. En nuestro país, se requiere abordar el tema de la dolarización, al menos para un control estatal de los flujos financieros y monetarios que tengan el riesgo de vincularse con el lavado de los fondos criminales.

Una clave está en el debate y disputa sobre las concepciones y formas de vida, la cultura del narcotráfico y del capital criminal; la educación y reeducación a una visión de paz y fraternidad, y a una ética del bien común. Se requiere una estrategia de sanidad para los consumidores, sobre todo jóvenes, campañas para el no-consumo de estupefacientes y el impulso de programas de incentivos en los planes de vida personal y social.

La iniciativa principal está en reconocer y fortalecer las experiencias-semillas alternativas de las comunidades y los pueblos para impulsar proyectos de vida en medio de la violencia y el miedo. Crear condiciones para un viraje a estrategias de prevención y reinserción de la población en riesgo, basadas en la reconstitución del tejido social y la construcción de diversas formas de poder autónomo, bajo control de las comunidades, barrios y pueblos, con el apoyo del Estado.

GALERÍA
Narcotráfico: diez tesis y una propuesta (Parte 3)
 


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