I. La confianza y la conspiración

A las 14:00 del día después de la derrota en el referendo, el gobierno de Guillermo Lasso conservaba la esperanza de que los votos en Guayas, que no a esa hora no aparecían contados en el sistema informático del CNE, dieran vuelta en favor del Sí, al menos en la primera pregunta de la consulta, la de la extradición. La pregunta 1 era la última esperanza de salvar alguna cosa trascendente de la revolcada que el electorado propinó al gobierno el 5 de febrero. Cerca de las 17:00, esa esperanza se había esfumado. La derrota del Sí, y del gobierno por tanto, había sido límpida.

Tres días antes, un ministro de mucha confianza del presidente le dijo a Plan V que el gobierno estaba entusiasmado con una victoria arrasadora en la consulta. Es más, se hizo pública una convocatoria al Gabinete de Ministros en pleno para las 18:30 de ese día. Y para las 20:00 se anunció un acto del presidente Lasso en el patio central del Centro Cultural Metropolitano, aledaño a Carondelet. Los resultados preliminares del exit poll de  la empresa Cedatos ratificaban todos los pronósticos: que el gobierno, a pesar de su paupérrima credibilidad iba a ganar el referendum porque, según los analistas progubernamentales, la pregunta 1, sobre la extradición, iba a jalonear a las otras preguntas, y las de la Asamblea y el CPCCS se iban a convertir en un voto castigo en contra de los políticos. Algo así como el voto que llevó a la victoria a Alianza PAIS en el 2006, cuando los estrategas de campaña colocaron adecuadamente el meollo de la contradicción en un voto en contra de la partidocracia.

Guillermo Lasso presenta a la prensa su votación positiva en el referendo. Ganó el NO. Foto: Presidencia de la República

El ministro que habló con este medio sobre la consulta y las elecciones en general no estaba tan optimista como el presidente y buena parte de su gabinete. Estaba seguro, gracias a las encuestas que corrió el gobierno —incluso algunas de filiación correísta— que la consulta sería ganada por el gobierno, pero temía que el correísmo, Pachakutik, y el sociacristianismo, partidos de oposición a Lasso y empeñados de acabar con su gobierno antes de tiempo, adquieran tal densidad política en lo local, con una victoria arrasadora en los gobiernos seccionales que sumen nuevos arrestos para intentar una nueva etapa desestabilizadora con el guión protestas-destitución, es decir, de la calle a la Asamblea, y el pretexto sería —y sigue siendo— las denuncias de corrupción en las empresas públicas, y la vinculación del gobierno con una mafia, la albanesa, algo que el exministro del Interior, José Serrano, se ha encargado de acusar, sin pruebas, en su cuenta de Twitter. Es más, el asambleísta Ricardo Vanegas, encabeza una investigación en ese sentido y ha enviado una serie de peticiones a entidades de control para averiguar las relaciones entre el personaje llamado Rubén Chérrez Faggioni, empresarios albaneses y actividades irregulares. Vanegas ya tiene toda la información sobre la lista de unas veinte empresas que envió y conoce su historial, sus accionistas y administradores. Chérrez fue involucrado en dos grabaciones clandestinas como uno de los sujetos involucrados en una supuesta estructura corrupta en las empresas públicas. 

A pesar de que el presidente y otros funcionarios criticaron las advertencias del ministro mencionado, el tiempo le dio la razón. No en el sentido de que ganarían la consulta, porque la perdieron, sino porque ni bien el presidente Lasso, en la primera reacción oficial a su derrota, llamó a un acuerdo nacional para enfrentar las crisis y los temas que pretendía cambiar con el referendo, el ex presidente Rafael Correa, dijo en un tuit que "un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años", sin mencionar que, al igual que para los alcaldes y prefectos de su partido que ganaron las elecciones, el periodo presidencial de cuatro años es un mandato constitucional que fuera aprobado en elecciones populares en el 2008. De todas maneras, la frase de Correa es el disparo inicial para otro intento de terminar anticipadamente con el mandato constitucional de Guillermo Lasso. Así, se pretente tumbar a un gobierno por un "simplismo" democrático.

II.  La legitimación política del narcotráfico

Fernando Carrión, investigador y académico de la Flacso, dijo en una entrevista con la Mesa de análisis de Plan V que el Gobierno erró desde el principio con poner la pregunta por la extradición como una contradicción entre buenos y malos.  La propaganda del gobierno y de sus aliados fue clara en proponer a los electores que quien estaba en contra de la extradición era narco o aliado de los narcos y de la narcopolítica. Como el pueblo ecuatoriano dijo No en esta, la primera pregunta, entonces está en favor de lo que piensan los narcopolíticos y así se dio una legitimación política del narcotráfico. Si vamos a la cifras, 3'129.100 ciudadano votaron por el No (¿en favor de los narcos?), mientras que 2'952. 496 votaron por el Sí, la diferencia más apretada de las ocho preguntas. Pero además, esta pregunta tuvo 1'334.402 votos nulos y casi 700.000 votos en blanco (más de dos millones de votos en total). Lo cual puede significar que muchos votantes o no entendieron las preguntas, o no les importó el tema o lo hicieron para votar contra el gobierno, lo cual reduce considerablemente el voto positivo de un electorado al cuál sí puede preocuparle y estaba de acuerdo con la visión del gobierno de que el narcotráfico es la mayor amenaza para la seguridad del Estado y la sociedad y que la extradición era parte de una efectiva solución. Pesó, señalan numerosos observadores, más el rechazo al gobierno y ejercer un voto castigo que el contenido de las preguntas. 

Una muestra de las miles de pintadas que aparecieron en las paredes de las ciudades del Ecuador durante la campaña. Foto: Luis Argüello / PlanV

Karen Sichel, funcionaria de la Presidencia, quien se convirtió en el rostro amable y visible de la propuesta del Gobierno de Guillermo Lasso. Foto: Presidencia de la República

Esos y otros errores de una mala campaña propagandística son los que cobraron la factura en las ocho preguntas del referendo. El otro, como lo señaló Carrión,  fue mezclar el referendo con la campaña para la renovación de los gobiernos seccionales. Esto dio pie a que la oposición al gobierno unifique el discurso del voto castigo y, sobre todo al correísmo, le permita relacionar exitosamente ese rechazo al régimen con sus opciones para los gobiernos seccionales. La campaña del gobierno fue también voluntariamente paupérrima, intentando evitar lo que al final ocurrió: que la bajísima popularidad del Presidente influyera en la decisión de los votantes. Los adherentes a la opción por el Sí, que puede registrarse en la CNE para hacer propaganda a favor, fueron nulos lo cual impidió que el votante tenga la opinión de un tercero, en cambio varias organizaciones políticas de oposición se registraron en el CNE para hacer propaganda por el No, lo cual no tuvo respuesta del gobierno. La oposición enarboló una sola frase que fue contundente: Dile no al banquero. Solamente la figura de Karen Sichel, la joven e ilustrada funcionaria de la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República, fue tomando vuelo en la medida en que su estilo pedagógico y claro era requerido cada vez más por los medios de comunicación y en sus cuentas de redes sociales aparecía con explicaciones simples y las preguntas de la consulta. Aún cuando otros analistas, sobre todo abogados constitucionalistas y expertos develaron las contradicciones en las preguntas, la funcionaria Sichel asumió la carga de convertirse en la vocera argumentativa, aunque no política del gobierno. Lo que los ministros no hicieron, especialmente quien tiene la responsabilidad, como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Toma de una junta receptora del voto en Quito. Los votantes recibieron siete papeletas. Foto: Luis Argüello / PlanV

III. El lío del CPCCS se clarifica

Al intentar el presidente Lasso destrabar el galimatías del Consejo de Participación entró en una paradoja que se resolvió con su derrota en las preguntas 5 y 6 de la consulta. La 5 preguntaba: ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que la designe a través de estos procesos que actualmente elige el CPCCS? Y la pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del CPCCS, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? 

La contradicción para el votante fue: ¿por qué nos hacen votar por candidatos al CPCCS con unas reglas del  juego y a la vez nos hacen votar para que estas reglas de juego cambien? Algo que nunca se explicó debidamente. Por ello es que estas dos preguntas tienen el más alto porcentaje de rechazo: 57,55% para la 5 y 58,55% para la 6. Además, el gobierno tuvo una postura ambivalente en el Consejo, cuando respaldó a cuatro consejeros, encabezados por Hernán Ulloa, para mentenerse en los cargos y de plano aupar una demora inusitada en mantener en sus puestos a autoridades de control a pesar de que varias de estas ya habían cumplido su periodo. Para el constitucionalista Ismael Quintana, la única motivación para esa pregunta era la de mantener en sus cargos a las actuales autoridades. La Corte Constitucional se encargó de tomar el toro por los cuernos, al destituir a los consejero por demorar irregularmente, según la sentencia de la CC, el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, para que su presidente encargado se prorrogue en sus funciones. 

Gracias a este error estratégico, el correísmo copó tres de las siete consejerías en el CPCS,  y sus aliados socialcristianos.  Con ello pueden adueñarse del control del proceso de autoridades como el contralor, la fiscal (cuando termine su periodo si no van por ella antes), el defensor del pueblo, entre otros.