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19 de Junio del 2024
Historias
Lectura: 24 minutos
19 de Junio del 2024
Gustavo Isch

Consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

Noboa: la crisis eléctrica, la gasolina y la inseguridad terminan con la luna de miel
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Fotos: Reuters, AP, Presidencia de la República. Fotomontaje: PlanV

 

La tormenta perfecta, esa conjunción de factores negativos para la gestión de un gobierno, parece conspirar contra la marcha a paso de vencedor del presidente Daniel Noboa, camino a su reelección. El joven presidente acumula enemigos y aleja a probables aliados en el cercano proceso electoral, en medio de una carrera de obstáculos por la crisis eléctrica, el conflicto político, la crisis económica, el inicio del fin de los subsidios a los combustibles, el facto Verónica Abad, la protesta social...


Ecuador enfrenta una serie de desafíos políticos y sociales que han generado un clima de incertidumbre y tensión en el país; un juego de sombras que envuelven a la política nacional. Algunas de las más intensas deambulan entre el regreso de los cortes de luz, la persistencia de la inseguridad, la falta de medicinas en los hospitales, las inminentes reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la anunciada eliminación de subsidios, las tensiones entre la Asamblea y el Ejecutivo, la afectación de la vialidad por los rigores estacionales del clima y la falta de gestión preventiva, las emergencias por lluvias torrenciales, y el contexto electoral que podría derivar en un cambio temporal de la presidencia, lo que ha desatado una fuerte polémica en la esfera pública.

I. Los cortes eléctricos opacan la gestión del gobierno

El apagón nacional de tres horas en la tarde del 19 de junio, por una falla en el sistema de transmisión eléctrica, fue la cereza del pastel de una semana de anuncios contradictorios por parte del ministro de Energía (e), Roberto Luque. Ya parecía superada la emergencia de fines del año 2023, cuando los cortes de luz había resurgido luego de 13 años, como un problema significativo en varias regiones del país, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. En el primer trimestre del 2024, se registraron más de 500 horas de interrupciones eléctricas, lo que representó un incremento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta situación no solo ha afectado la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que tiene repercusiones económicas, especialmente en el sector industrial y comercial. Solo en los primeros ocho días de cortes programados de luz, Ecuador habría perdido USD 576 millones, USD 12 millones por hora, según había anunciado el ministro de Energía, Roberto Luque.

Quito, en la Avenida 10 de Agosto, un pequeño generador suple el dèficit de energía. Los comercios y empresas en todo el país han debido realizar gastos adicionales por la negligencia del Estado. Foto: Luis Argüello / PlanV

La tarde del viernes 7 de junio el ministro anunció que ya no existía riesgo de cortes de energía emergentes por falta de generación eléctrica. Sin embargo, el domingo 16 de junio los apagones volvieron luego de una corta tregua. Esta vez por las intensas lluvias, la peor en 20 años en el caso del cantón Baños (Tungurahua). Luego de superado el incidente eléctrico, el ministro Luque volvió a anunciar que se superaban los cortes y que ya no habría más quebrantos energéticos. La naturaleza lo desmintió pocas horas después cuando varios deslaves en Baños causaron 13 fallecidos, 12 heridos, varios desaparecidos y la destrucción de vías, casas y puentes.  Los cortes volvieron por el colapso de Coca Codo Sinclair debido a los sedimentos y la caída en cascada del sistema de generación hidroeléctrica, que derrumbó a la mitad la cobertura de la necesidad nacional de generación, que es de 4200 MW hora.

Si en abril de este año se adujo que la crisis obedecía a la falta de lluvias y al “sabotaje” como principales causas; ahora, el problema se endilgaba al fuerte caudal de lluvias que provocó el sorpresivo apagón en algunas provincias del país, la noche del domingo 16 de junio, en algunos sectores, y que habría afectado a tres centrales de generación hidroeléctrica. Fue ostensible la confusión informativa al respecto. Hasta que las tres horas sin luz que los 18 millones de ecuatorianos debieron soportar, por la caída de una línea de trasmisión, fue la muestra más palpable de la improvisación del Estado.

II. Un conflicto armado que se basa en la propaganda

La inseguridad es otro de los problemas graves que enfrenta Ecuador. En 2023, la tasa nacinoal de homicidios alcanzó 14 por cada 100 000 habitantes, un aumento del 20% respecto al año anterior, según el Ministerio de Gobierno. El incremento de delitos violentos, robos y secuestros en el 2024 ha generado una muy alta percepción de inseguridad entre la población. Este aumento de la criminalidad se atribuye a diversos factores, incluyendo la falta de recursos para las fuerzas del orden, la corrupción, la influencia del narcotráfico, y a la pobreza estructural que ningún gobierno ha logrado enfrentar con éxito, si acaso tal objetivo formaba parte de sus prioridades.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en un decreto la existencia de un «conflicto armado interno» en el país. En la foto, soldados del ejército ecuatoriano patrullan el centro histórico de la capital. Foto: EFE

Actualmente, el azote de la criminalidad no tiene la respuesta anhelada de la sociedad, y se cuestionan ya el modo irresponsable en que se posicionó una narrativa publicitaria triunfalista desde el oficialismo. Las limitaciones del Estado para enfrentar eficazmente al crimen organizado y a la delincuencia común, no garantizan la seguridad de sus ciudadanos, y el efecto consiguiente es la erosión de la confianza en las instituciones; lo que puede traer consecuencias políticas significativas, que desborden los distractores comunicacionales, que poco a poco van desgastando una conducta enfocada en desviar la atención, para evitar la potencial activación de los ecuatorianos alrededor de temas sumamente sensibles.

III. Los líos en la salud pública persisten

Las quejas por la falta de medicinas en los hospitales son una muestra más de la crisis en el sector salud. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el 40% de los medicamentos esenciales estaban desabastecidos en hospitales públicos a finales de 2023. La escasez de medicamentos esenciales afecta a los pacientes más vulnerables y pone en riesgo vidas.

Esta situación refleja problemas estructurales que se han enraizado en la administración del sistema de Salud Pública, como la falta de financiamiento del sistema, actos vinculados a casos de corrupción, y mala gestión.

IV. Las pensiones jubilares en la mira

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha anunciado acciones “para salvar al IESS de la quiebra”. Siendo solo correctivas las pocas que se han hecho públicas, no alcanzarán a superar los numerosos problemas de esta institución. Durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, se anunció el pago de más de USD 3.100 millones por la contribución del 40% a las pensiones jubilares y USD 400 millones en deudas auditadas relacionadas con servicios de salud y devoluciones de IVA, que se arrastraban desde el año 2011. En total, el IESS reclama una deuda histórica de USD 12.518 millones al Estado, con corte a junio de 2023.

La falta de conciliación en las cuentas de la institución es notable. El gobierno de Daniel Noboa ha anunciado que se trabaja en una reforma que aumentará el tiempo para que un afiliado pueda jubilarse, también aumentará el porcentaje del aporte destinado a su jubilación, pero disminuirá el monto que finalmente obtenga el afiliado por ese beneficio social garantizado en la Constitución, todo lo cual afecta directamente a cientos de miles de contribuyentes que, con sacrificio, han alimentado durante toda su vida laboral el saco roto de una entidad estratégica que ha sido parte del botín político de sucesivos gobiernos.

El tema del IESS sigue siendo una bomba de tiempo  para este y anteriores gobiernos. Las anunciadas reformas a la ley para cargar sobre los afiliados el costo de la ineficiencia y la corrupción están congeladas. Foto: Luis Argüello / PlanV

La corrupción, la mala administración, la política clientelista, la presencia de mafias en enclaves de contratación de insumos, infraestructura y provisión de medicamentos, han llevado al IESS a una situación crítica. Las medidas anunciadas, serán un duro golpe a los afiliados y no solucionarán problemas de fondo, que requieren una reforma integral y un compromiso real de transparencia y eficiencia del Gobierno, pero que exigen un consenso social que al parecer el actual régimen no está dispuesto a impulsar.

El efecto político y social de una declaratoria de quiebra del IESS, o de la aplicación de medidas sensibles no consensuadas con los afiliados podría ser devastador, y potencialmente solo comparable a la quiebra de la banca y las medidas de salvataje entre los años 1.998 y 1.999.

V. Eliminación de subsidios

El gobierno ha anunciado la eliminación de varios subsidios, una medida que ha generado controversia y preocupación entre la población. Los subsidios a los combustibles, que representan un gasto de aproximadamente USD 1 500 millones anuales, han sido un mecanismo clave para mantener la gobernabilidad, y una relativa estabilidad social y económica, especialmente entre las clases más deprimidas económicamente. Su eliminación podría desencadenar protestas como las producidas en los años 2019 y 2021, y aumentar la presión sobre el Gobierno de transición, que, a falta de una política que busque un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el bienestar de sus ciudadanos, está distraído en su afán de mantener una burbuja de aprobación ciudadana y nuevas alianzas políticas, para allanar el camino hacia la reelección del presidente-candidato. 

El valor del subsidio por galón de gasolina extra es de USD 0,59 y en el galón de ecopaís es mayor: USD 0,80, según datos de Petroecuador. Foto: Bienvenido Velasco / El Universo

Según reportó el diario La Hora, el Gobierno reducirá el subsidio, sin liberalizar el precio de las gasolinas, a través de dos fases. Desde finales de junio (la fecha exacta todavía no está definida), los consumidores pasarán de pagar USD 2,46 a USD 2,72 por galón. Luego, se implementará una banda de fluctuación donde el precio podrá subir un máximo de 5% o bajar un máximo de 10% cada mes. Se anunció la entrega de compensaciones a taxis, tricimotos, camionetas de servicio mixto en la ruralidad, las cuales serían depósitos directos a las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las organizaciones populares han anunciado movilizaciones de protesta. 

VI. La luna de hiel entre la Asamblea y el Ejecutivo

La relación entre la Asamblea y el Ejecutivo está en uno de sus momentos más críticos. Las tensiones políticas, la falta de consenso y los enfrentamientos constantes dificultan la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas. En 2023, se contabilizaron más de 50 sesiones legislativas suspendidas por falta de quórum, y se rechazaron el 70% de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo (Asamblea Nacional). Este año 2024 en aproximadamente seis meses, la legislatura ha emitido más de 4.500 solicitudes de información dirigidas a ministerios y otras entidades del Estado. Este ejercicio de transparencia que es parte de las atribuciones de la Asamblea, podría percibirse como una presión hacia un Ejecutivo, ya de por sí deficiente en áreas claves de la gestión administrativa y política de un país que espera con urgencia más sensatez, equidad y justicia por parte de sus representantes en los distintos poderes del Estado. La crisis empezó con los cuestionamientos del presidente de la Asamblea a las gestiones y declaraciones del vicemistro de Gobierno, Esteban Torres, quien había denunciado una conspiración para tumbar al presidente Noboa desde la Asamblea. La paranoia oficial llegó al climax cuando voceros de su bancada, ADN, señalaron que los movimientos opositores en el legislativo estaban dispuestos a "declarar loco" al presidente para sacárselo de encima, con el argumento, según el oficialismo, de que Noboa ganará en las próximas presidenciales, convocadas para febrero del 2025. Como respuesta las bancadas opositoras. PSC, RC, Construye y otros conformaron una comisión ocasional y pluripartidista, excepto el oficialismo, para investigar "irregularidades en la gestión" del Ejecutivo, aumentando con ello la presión politica al Gobierno.

VII. Infraestructura vial severamente afectada

La vialidad en Ecuador está gravemente afectada, con infraestructuras deterioradas y carreteras en mal estado. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 60% de las carreteras del país requieren mantenimiento urgente. Esto no solo dificulta el transporte y la comunicación, sino que tiene un impacto negativo en la economía, especialmente en sectores como el turismo y el comercio. La falta de inversión y mantenimiento adecuado de la infraestructura vial es un problema que requiere atención inaplazable.

Los rigores climáticos se han sumado a la falta de mantenimiento de vías y rutas por parte de los GADS y del Gobierno central desde hace no poco tiempo. La explicación es tan antigua como el problema: “los recursos no llegan a tiempo a los GAD”, “el Ejecutivo no tiene disponibilidad fiscal”, “Encontramos una caja fiscal en soletas”; “la mesa no estaba servida”; “estamos en espera de un nuevo préstamo…”. Lo cierto es que los eslabones de ineficiencia, falta de planificación adecuada y oportuna, la corrupción en procesos de contrataciones, y el manejo político de los recursos financieros han forjado una cadena difícil de romper. Más aún en el contexto de un régimen de transición y un proceso electoral ad portas.

El clima sí avisa, pero muchos gobiernos no escuchan. Varias poblaciones en Ecuador están en emergencia debido a lluvias torrenciales, que han causado graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Entre enero y marzo de 2024, se reportaron más de 3,000 desplazados y 25 fallecidos debido a estos eventos climáticos (SNGRE)”. El dato actualizado hasta el martes 18 de junio es de 17 muertos y 5 desaparecidos, tal como reportan varios medios de comunicación. Según el Portal Informativo Primicias, el reporte actualizado al 27 febrero, de 2024, a las 17h00, en base a data de la Secretaría de Riesgos, el número de afectados hasta la fecha es de más de 105 mil personas. Sin embargo, hay que advertir que hay diferencias de origen entre las varias publicaciones periodísticas que informan al respecto, incluso desde agencias internacionales, y su contrastación con cifras oficiales, dada la dificultad que entraña la verificación y contrastación de cifras por la complejidad de las condiciones propias de la emergencia.

VIII. La crisis económica sigue impactando a la población

La situación económica de Ecuador se ve agravada por una serie de factores adicionales: la tasa de desempleo alcanzó el 6.5% en 2023, afectando particularmente a los jóvenes y a las zonas rurales. La migración ha aumentado en el último año, con más de 200.000 ecuatorianos emigrando en busca de mejores oportunidades y para salvarse de la delincuencia que campea a escala nacional. La cifra puede ser mucho mayor, por las condiciones de ilegalidad que soterran esta nueva ola migratoria. Además, la deserción escolar se ha incrementado, con un 5% de los estudiantes abandonando sus estudios en 2023, según datos del INEC, y solo el 18% de la población joven está matriculada en las universidades en este 2024.

La deuda pública del Estado ecuatoriano ha alcanzado el 63% del PIB, con significativos préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales que condicionan la política económica del Gobierno de transición (Ministerio de Finanzas). La falta de inversión pública y privada, exacerbada por la incertidumbre política y la falta de confianza en las instituciones, ha frenado el crecimiento económico y la generación de empleo.

IX. Contexto electoral y cambio en la Presidencia de la República

Ecuador se encuentra en una etapa electoral, donde el presidente transitorio podría ausentarse para optar por la reelección. Este contexto añade una capa adicional de incertidumbre política. Si el presidente Daniel Noboa reitera su decisión de participar como candidato en las elecciones previstas para 2025, la vicepresidenta Verónica Abad podría asumir la presidencia de manera temporal. Este cambio de liderazgo constitucional ya ha generado tensiones y desafíos adicionales para la estabilidad política del país.

Voceros cercanos al régimen han cuestionado la posibilidad de que la vicepresidenta Abad asuma la presidencia, argumentando diversas razones, que incluyen la falta de lealtad de la segunda mandataria con el presidente, su presunta vinculación en actos investigados por las autoridades competentes; entre otras. Sin embargo, se debaten en redes sociales, medios de comunicación y en toda la esfera pública, argumentos jurídicos y constitucionales que establecen el derecho legal que le asiste a la vicepresidenta Abad para asuma la presidencia, conforme al artículo 149 de la Constitución de la República del Ecuador, que estipula la sucesión presidencial en caso de ausencia temporal del
presidente.

X. Abad es la pieza angular del contexto electoral

La jugada para que la Asamblea Nacional franquee el levantamiento de la inmunidad a la vicepresidenta Abad se necesitaban 92 votos. Esto fracasó. 

La Fiscalía fue parte de este escenario al cambiar el delito por el que abrió el denominado caso “Nene” (que involucra al hijo de Abad), señalándolo como “tentativa de tráfico de influencias”, y reemplazándolo por la la figura de “concusión”, en virtud de lo cual pidió a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de vinculación de la vicepresidenta. Para dar paso a ello, primero el juez de la Corte tenía que solicitar a la Asamblea Nacional autorización, pero la pugna de poderes hizo que la Asamblea negara el pedido de la Corte Nacional, generando la reacción del Ejecutivo con un comunicado en el que calificó de "sucia mayoría" a la coalición del Legislativo para no autorizar la vinculación.

Dura de tumbar. La obseción del presidente y su círculo cercano por sacarse de encima a la vicepresidenta Abad  ha hecho que el Gobierno incurra en errores legales y políticos que le puende pasar factura. Foto: Archivo 

El numeral 10 del artículo 120 de la Constitución dispone que la Asamblea autorizará el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta con el voto favorable de 92 legisladores. Si el Parlamento no aprobaba la autorización, no era posible procesar penalmente a Abad.

También cabe el escenario próximo de que un asambleísta formalice un pedido de juicio político contra la vicepresidenta. El artículo 129 de la Constitución permite enjuiciar políticamente a la vicepresidenta exclusivamente por tres causales: delitos contra la seguridad del Estado; delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas. Este medio supo que en la Fiscalía se ventila una denuncia penal por presunto conflicto de interes de Abad, pero en ese conflicto estarían vinculados personajes que, según varias fuentes, tendrían que ver con un grupo de delincuencia organizada, lo cual prefiguraria una acusación de delito contra la seguridad del Estado. Sin embargo, los tiempos para un juicio político se acortan debido al engorroso procedimiento parlamentario, y si persiste la separación Ejecutivo-legislativo, será imposible. La espera por la resolución de la Procuradiría General del Estado para obviar la necesidad de encargar la Presidencia también fue negativo para las aspiraciones de Carondelet, cuando el abogado del Estado se abstuvo de pronunciarse por encontrarse el país, dijo en un comunicado, en etapa electoral. Cada día que pasa sin resolverse el tema, el costo político para Noboa crece e hipoteca sus deseos de una contundente reelección.

Hay un cambio en el escenario político

El presidente gobierna atado a las condiciones de endeudamiento impuestas por FMI y otras entidades multilaterales, y a las ínfulas de su propia agenda política. El incremento del IVA, la inminente eliminación parcial de los subsidios a la gasolina, la anunciada reforma a las pensiones jubilares, el riesgoso aperturismo a inversiones extranjeras en el marco de Tratados de Libre Comercio y sus impactos potenciales sobre industriales, comerciantes, agricultores y emprendedores nacionales que no está en condiciones de enfrentar economías, tecnologías y capacidades provenientes de oros países mucho más fuertes; la atracción de capitales acicateada por la falta de recursos económicos; la falta de gestión para precautelar el medio ambiente del país, sus recursos endémicos ubicados en zonas protegidas acosadas por la explotación petrolera y por el extractivismo minero legal o ilegal que también ha afectado gravemente a habitantes de esas zonas (como ocurre en la provincia del Napo, por citar solo un ejemplo); sumados al sobreendeudamiento con multilaterales, son solo parte de un inventario de riesgos y efectos negativos, algunos de los cuales ya se están dejando sentir.

Ninguna función del Estado se encuentra libre de las presiones de las mafias políticas, lo que fortalece la percepción social de corrupción, impunidad y desconfianza mayoritaria, en la institucionalidad.

La fragmentación, la dispersión, y la incapacidad política de organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos, son los mejores aliados del puñado de élites que empujan al país hacia el abismo. La ausencia de nuevos liderazgos, constantemente buscados por amplias capas del electorado persiste, y alimenta la desmovilización de la ciudadanía que no puede, por sí sola, ni de manera espontánea, organizarse para enfrentar la crisis sistémica que la agobia desde hace décadas y crece cada día.

*Con información de REPORTE GLOBAL y la Redacción de Plan V
 

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