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4 de Octubre del 2023
Historias
Lectura: 16 minutos
4 de Octubre del 2023
Luis Córdova-Alarcón

Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.

Las «operaciones de estabilización» autoritaria en América Andina
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El representante republicado de Texas, Dan Crenshaw, recibió en el Capitolio de Washington al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Foto: Leah Herman

 

¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos desplaza tropas militares a Perú y Ecuador? En ambos países la presencia amenazante del «populismo de izquierda» sirve de subterfugio para apalancar los intereses de Estados Unidos.


El pasado 29 de septiembre Washington Examiner informó que el presidente Guillermo Lasso habría suscrito dos acuerdos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que tropas del Comando Sur se desplacen a territorio ecuatoriano y patrullen su espacio marítimo. Todo esto con el pretexto de combatir el narcotráfico y demás redes del crimen organizado. El 3 de octubre el canciller ecuatoriano confirmó la noticia, en una rueda prensa, en Quito.

El 19 de mayo, el Congreso del Perú autorizó el ingreso de tropas militares de los Estados Unidos durante el segundo semestre del 2023. Pero el pretexto fue otro: en el caso peruano, la intención declarada públicamente es cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el marco del programa de operaciones especiales Resolute Sentinel.

A fines junio ingresó el primer grupo de «asesores militares» con el propósito de establecer un aeródromo en la Base Aérea de Chiclayo, Perú. Mientras en Ecuador se estima que esto ocurrirá a fines de año, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional y el nuevo gobierno asuma el mando.

¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos desplaza tropas militares a Perú y Ecuador?

Es cierto que en Perú se vive una grave inestabilidad política y social, aplacada a sangre y fuego por el gobierno de Dina Boluarte. Así también, en Ecuador la violencia criminal acecha gracias a la connivencia de agentes estatales con los operadores de las economías ilícitas.

Es cierto que en Perú se vive una grave inestabilidad política y social, aplacada a sangre y fuego por el gobierno de Dina Boluarte. Así también, en Ecuador la violencia criminal acecha gracias a la connivencia de agentes estatales con los operadores de las economías ilícitas.

En tales circunstancias, para ciertos sectores, la noticia de que de tropas militares estadounidenses arribarán a los países andinos podría resultar hasta esperanzadora.

Sin embargo, poco se conoce sobre el trasforndo político-estratégico que motiva a Estados Unidos en esta dirección.

Para comprender el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia los países andinos es necesario ubicar el marco político-estratégico que orienta estos movimientos. Entendiendo el acumulado histórico y la inercia institucional que producen es factible observar la tendencia general de estos despliegues operacionales y las implicaciones que tienen.

A continuación me refiero a cuatro componenetes de ese marco político-estratégico.

Primero, la «Estrategia para el Combate del Crimen Organizado Transnacional» emitida en julio del 2011, durante la administración de Barak Obama. En ella se establece por primera vez un interés explícito de proyectar el combate a las redes de Crimen Organizado Tranasnacional (COT). Así, la «guerra contra las drogas» y la «guerra contra el terrorismo» quedaron subsumidas a esta nueva estrategia bajo el concepto de redes ilícitas transnacionales y transregionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

El cambio en la estrategia no fue arbitrario. Respondía al nuevo contexto internacional en el que los Estados Unidos intentaba renovar su liderazgo maltrecho tras la crisis financiera del 2007-2008. Así como a los informes de inteligencia que habían detectados grandes vulnerabilidades en este ámbito, abriéndose una ventana de oportunidad para capitalizar influencia y ofrecer asistencias internacional en seguridad y justicia penal. 

No fue casual que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contribuya a destapar casos de corrupción de gran impacto regional y mundial. En marzo de 2014, por ejemplo, se lleva a cabo la operación «Lava Jato» en Brasil; en mayo de 2015 sale a luz la corrupción en la FIFA; y a partir de diciembre de 2016 se conocen los vericuetos del «caso Odebrech» que impactaría en más de 12 países. 

El principio unificador de la Estrategia en mención fue «construir, equilibrar e integrar las herramientas del poder estadounidense para combatir el Crimen organizado Transnacional y las amenazas relacionadas con la seguridad nacional e instar a sus socios extranjeros a hacer lo mismo».

Esto sirvió para replantar los fundamentos operacionales del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés). En su «Estrategia del Teatro 2017-2027», publicada en abril de 2017, adoptan un enfoque en red para defender sus vías de acceso en el sur de los EE.UU., preservar su seguridad doméstica y la convivencia regional de acuerdo a sus interéses.

Desde entonces, el Comando Sur plantea convertirse en una «red de redes» articulando a las fuerzas de seguridad de sus aliados y copartícipes, con el fin de aplicar una «defensa escalonada» contra las amenazas de las redes ilícitas. Esto se traduciría en una combinación de instrumentos de diplomacia, desarrollo y defensa en su área de responsabilidad.

Desde entonces el Comando Sur se plantea convertirse en una «red de redes» articulando a las fuerzas de seguridad de sus aliados y copartícipes, con el fin de aplicar una «defensa escalonada» contra las amenazas de las redes ilícitas. Esto se traduciría en una combinación de diplomacia, desarrollo y defensa en su área de responsabilidad.

El segundo giro estratégico importante se refleja en la Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategic, NSS 2017) emitida por el presidente Donald Trump, en diciembre de 2017, en la que por primera vez se reconoció a China y Rusia como los principales desafíos geoestratégicos para Estados Unidos.

La guerra económica y tecnológica con China y la posterior invasión rusa a Ucrania (2022) son puntos de inflexión que están reconfigurando el orden internacional. 

El tercer momento de quiebre se da con la aprobación de Ley de Fragilidad Global (Global Fragility Act, GFA) en diciembre de 2019, por el Congreso de los Estados Unidos. Mediante esta ley, apoyada por demócratas y republicanos, el gobierno debía diseñar una estrategia de largo plazo (10 años) para intervenir en los «países frágiles». La «Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad» fue emitida en 2022 y define la fragilidad en estos términos:

«Fragilidad se refiere a la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas trasnancionales y otras perturbaciones significativas. La fragilidad es el resultado de una gobernanza ineficaz y con escasa rendición de cuentas, débil cohesión social y/o instituciones o líderes corruptos que no respeten los derechos humanos».

Los primeros países seleccionados para implementar operaciones de estabilización a largo plazo (10 años, según la Ley en referencia) son Haití, Libia, Mozambique, Papua Nueva Guinea y los países costeros de África occidental de Benín, Costa de Marfil, Ghana, Guinea y Togo.

El cuarto componente es la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS-2022) publicada por el presidente Joe Biden en octubre de 2022. La principal novedad del documento fue la introducción del concepto de «disuasión integrada» en la política de defensa de los Estados Unidos. Además que reitera los desafíos que plantean China y Rusia para el poder estadounidense.

Explícitamente, la NSS-2022 señala que la «Estrategia de Defensa Nacional se basa en la combinación perfecta de capacidades para convencer a los adversarios potenciales de que los costos de sus actividades hostiles superan sus beneficios» Y esto incluye la «integración a través de todos los dominios del poder estadounidense (tierra, airte, mar, ciberespacio y espacio ultraterrestre), tanto en el campo militar como no-militar (económico, tecnológico e informacional).

Todos estos documentos muestran una constante histórica: la estrategia militar ha calando en la percepción de amenazas y riesgos de los tomadores de decisión en Washington y permendo el diseño de la política exterior contemporánea de los Estados Unidos. Lo que se traduce en una expansión del poder militar en todos los demás ámbitos de la acción gubernamental. Nada nuevo bajo el sol, dirán muchos.

Todos estos documentos muestran una constante histórica en los Estados Unidos: conforme crece el complejo bélico-tecnológico-industrial la estrategia militar permea la percepción de amenazas y riesgos de los tomadores de decisión en Washington y condiciona el diseño de la política exterior. Lo que se traduce en una expansión del poder militar en todos los demás ámbitos de la acción gubernamental. Nada nuevo bajo el sol, dirán muchos.

Pero la doctrina militar que subyace a las «operaciones de estabilización» tiene un portavoz ecuatoriano. Se trata del general en servicio pasivo Oswaldo Jarrín Román, ex ministro de Defensa en los gobiernos de Alfredo Palacios y Lenin Moreno, y profesor ocasional del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry.

En una reciente publicación del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, el Gral. Jarrín justifica que las «nuevas competencias de los ministerios de Defensa en América Latina» se relacionan con «la necesaria participación de las fuerzas armadas en la prevención de los conflictos políticos y crisis [mediante] operaciones de estabilidad». Y agrega que, en América Latina existe un nuevo factor de inestabilidad «la tendencia regional hacia el populismo», sobre todo «el populismo de izquierda radical» (página 319, primer párrafo).

Así, no es difícil concluir por qué el gobierno de Dina Boluarte, en el Perú, y el de Guillermo Lasso, en Ecuador, gozan de tanto respaldo en la Casa Blanca y las Fuerzas Armadas, a pesar del repudio social que se han ganado. En ambos países la presencia amenazante del «populismo de izquierda» sirve de subterfugio para apalancar los intereses de Estados Unidos.

En el caso peruano, el principal objetivo es disuadir a los ciudadanos de movilizarse e impugnar el modelo socioeconómico institucionalizado desde la dictadura fujimorista. Con ese propósito, en mayo del 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró que “las manifestaciones ciudadanas de protesta son un antivalor”, alegó que en el Perú no hay derecho a la protesta y que constituye un acto ilícito. Y en septiembre, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció que el proyecto de ley que delega competencias legislativas al Ejecutivo busca criminalizar la actividad informativa, en contextos de protestas y movilizaciones.

De forma paralela, el 15 de septiembre la Policía Nacional del Perú firmó un Memorandum de Cooperación con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homland Security Department), en Washington, para la creación en Perú de la Unidad Investigativa de Crimen Transnacional.

En el caso ecuatoriano el contexto es diferente. No solo porque el propósito declarado para justificar esta intervención es contener la violencia criminal vinculada al narcotráfico. Sino también porque en Estados Unidos se viven momentos preelectorales muy intensos con ideas claramente belicosas.

En el debate presidencial del 23 de agosto, en Milwaukee, los candidatos que buscan la nominación del partido Republicano para las presidenciales del próximo año postularon el envío de tropas militares para acabar con los cárteles mexicanos que, según ellos, han inundado de fentanilo el país. Vivek Ramaswamy  y Ron DeSantis incluso plantearon la necesidad de retomar la «Doctrina Monroe» para enfrentar a China en el hemisferio.

Lo que empezó como una idea descabellada de Trump en la Oficina Oval, a fines del 2020, quien sugirió enviar misiles contra los laboratorios de los cárteles en México, se está convirtiendo en una doctrina de política exterior para los republicanos, sugirió el The New York Times.

En enero de 2023, los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz presentaron un proyecto de ley denominado «Autorización para el uso de la Fuerza Militar» contra los carteles mexicanos. En febrero, dieciocho fiscales generales estatales dirigieron una carta al presidente Biden solicitándole que declare al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, apoyándose en la justificación de George W. Bush. para el uso de fuerza militar en Irak, en 2003. En marzo, la senadora republicana Lindsey Graham presentó un proyecto de Ley denominado FIN NARCOS para designar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Con eso se aplicarían sanciones económicas y financieras en las zonas de operación de estas organizaciones. 

En mayo, la Cámara de Representantes aprobó «Project Precursor Act», una ley que pretende enmendar la Convención sobre Armas Químicas para incluir al fentanilo como arma química y endilgar su producción y diseminación mundial China.

Como se observa, no son meras propuestas de campaña, en un sector nada despreciable de la élite política y económica hay una intencionalidad por militarizar el combate al tráfico de drogas naturales y sintéticas, a escala regional.

Uno de sus mayores operadores en el Capitolio es el congresista Dan Crenshaw, con quien se reunió Guillermo Lasso en su última visita a Washington, en el marco de la firma de los convenios con el Pentágono.

Uno de sus mayores operadores en el Capitolio es el congresista Dan Crenshaw, con quien se reunió Guillermo Lasso en su última visita a Washington, en el marco de la firma de los convenios con el Pentágono.

Las operaciones de estabilización autoritaria que se experimentan en Perú, y que pronto se harán sentir en Ecuador, podrían ser parte del nuevo modelo de control geopolítico en la «zona de influencia» de los Estados Unidos. Modelo que, a su vez, facilitaría la gestión biopolítica de los flujos migratorios que fluyen incontenibles hacia el Norte del continente, a la par que habilitaría la expansión de la minería de tierras raras que resulta vital en la guerra tecnológica con China, por la hegemonía sobre el «internet de la cosas» y la «inteligencia artificial».

Todo indica que la presencia de tropas militares de Estados Unidos en América Andina no es coyuntural, sino que responde a un planteamiento político-estratégico de gran calado. Las operaciones de estabilización autoritaria que se experimentan en Perú y pronto en Ecuador podrían ser parte del nuevo modelo de control geopolítico en la «zona de influencia» de los Estados Unidos. Modelo que, a su vez, facilitaría la gestión biopolítica de los flujos migratorios que fluyen incontenibles hacia el Norte del continente. 

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Las «operaciones de estabilización» autoritaria en América Andina
 


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