Cinco de febrero de 2023: 13'450.047 electores, 5.667 autoridades seccionales (entre ellas 221 alcaldes), 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 8 preguntas del referéndum promovido por el gobierno de Guillermo Lasso, 4.380 recintos electorales habilitados en todo el país, un sentimiento mayoritario a nivel nacional: el del rechazo ciudadano a la política y a sus instituciones.

En este escenario se desarrollarán los comicios previstos para el 5 de febrero de 2023,  evento del cual nadie puede sustraerse dada la intensidad informativa de la prensa, radio y TV, la interacción en redes sociales, y la propaganda de los candidatos en territorio; adicionalmente, la obligatoriedad del voto empuja a que tarde o temprano el elector se active en el proceso.

En lo formal, las campañas para captar alcaldías —sin duda el más atractivo de los espacios en disputa— han coincidido en la retórica empleada por la absoluta mayoría de aspirantes sobre la seguridad, la criminalidad y la delincuencia asociadas, por default, a las muertes y atentados producidos contra candidatos.

Otro rasgo que ha marcado la estrategia de los contendores es su aterrizaje en Tik Tok, un escenario que ofrece amplia exposición pública pero que debido a su naturaleza resulta muy limitado para posicionar calidad de contenidos, lo que degrada la calidad del oferente, la oferta y también termina por degradar la calidad del voto, si llega a captarse.

De igual modo, se ha repetido la presencia de viejas figuras apadrinando las imágenes políticas de nuevos candidatos, cosa que ocurre debido a la falta de nuevos líderes y la débil renovación al interior de partidos y movimientos.

Adicionalmente, los debates organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tuvieron un impacto trascendente en la contienda, y sirvieron sólo para retocar el desinterés manifiesto en el proceso que inició el 3 de enero y finaliza el próximo 2 de febrero. En total, se llevaron a cabo 38 debates electorales (17 de prefecturas y 21 de alcaldías).

¿Contribuyeron los debates organizados por el CNE a un voto informado? Fotos: CNE

De su lado, la campaña para el referéndum, licuada en la coctelera de las seccionales, escamoteó el debate transparente y mesurado, escondió en la “letra chica” —es decir, en los anexos— lo realmente importante de cada pregunta, y enfiló una ruin narrativa de voceros y piezas de publicidad oficiales, orientada a ultrajar toda argumentación crítica con la consulta.

El análisis sobre el diletante manejo comunicacional de ambas campañas merece revisión aparte.

En Quito y con excepción de dos campañas, las demás campañas para la alcaldía parecerían armadas desde el depósito disponible en algún cajón de sastre (con el respeto que merecen los artesanos de esta noble profesión); piezas para la disección en universidades sobre lo que no se debe hacer: alucinantes intentos de conjuntar retazos de viejas campañas en territorio se confunden con los descosidos intentos de modernismo propios de la novelería en redes; carteles, afiches, banderas que confunden el uso de eslóganes de una misma candidatura, consignas repetitivas, ociosamente construidas, tipos de letra disímiles dentro de las mismas piezas, colores de la organización mal resueltos por impresiones baratas; ubicación “a discreción” en impresos propagandísticos e informativos de fotografías de candidatos, imágenes que registran desde rostros trucados para ocultar arrugas y defectos tras el artilugio del photoshop, hasta la de un pretendido finalista con expresión funeraria; perifoneos que farfullan mensajes mal leídos por improvisados locutores, o grabados probablemente con el celular del mismo chofer en vehículos sin brandeo.

Pero la comunicación política es mucho más que la publicidad o la propaganda. Comunicar los mensajes de campaña es una tarea compleja que debe integrar coherentemente varios elementos para lograr una identidad unívoca entre el mensaje, el candidato y las fuerzas que lo respaldan. La selección de temas de campaña prioritarios debe traducirse en discursos y narrativas simples, sencillos y de impacto para generar empatía y recordación positiva entre los electores.

La seguridad, que fue eje central de la retórica y la oferta de los candidatos, mayoritariamente muestra altas dosis de demagogia para atender esta problemática que, era de esperarse, se volvió clave por la viralización de dramáticos eventos que son de dominio público y que han sembrado en la ciudadanía sentimientos de desprotección e ineficiencia del Estado.

Las causas son fácilmente identificables: el municipio es el nivel de poder político más cercano a la gente, y la narrativa del gobierno de Lasso posicionó el año anterior a la inseguridad pública como el problema capital para el futuro de todos, quizá sin darse cuenta, y como justificación a su incapacidad para contener la delincuencia, el crimen organizado, las masacres carcelarias y el avance del narcotráfico.

También la constante difusión de información noticiosa y la viralización de todo tipo de comentarios e imágenes sobre el estado de inseguridad que circula profusamente en redes sociales, abonan para sembrar el sentimiento de miedo y desatención implantados en la ciudadanía.

Finalmente, las encuestas que desde hace más de una década coincidían en señalar a la inseguridad como uno de los principales problemas a nivel nacional han jugado su parte; actualmente más del 40% de ciudadanos califica a la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico como más importantes que el desempleo, la economía, la educación, la salud, la seguridad social, la corrupción y la impunidad a nivel nacional.

Sobre este tema, las propuestas más sensatas de algunos candidatos se han enfocado en mejoras tecnológicas, trabajo coordinado con la Policía Nacional y la comunidad entre otras, algunas más son inconsistentes y otras incluso tocan ámbitos que no son de competencia municipal, por lo que requerirían lograr en la Asamblea reformas al Coescop (Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público).

Fuera de Quito, en otras ciudades ciertos aspirantes han destacado por su vocación inclinada al espectáculo mediático, y al mejor estilo populista, han producido un encendido discurso que busca imitar al presidente salvadoreño Bukele. Destacan aquí quienes siguen como catecismo el manual básico de marketing político, que recomienda clavar una campaña en la alta emocionalidad de la gente, y “construir” un enemigo de carne y hueso —en este caso han elegido al impopular presidente de la República— al cual atacan como corresponsable de la inseguridad ciudadana.

Sacar las cárceles de las ciudades y concesionar la construcción y administración de los reclusorios para que funcionen en una isla, brillan en su narrativa de armas tomar.  Hay incluso alguno que propone incorporar en los barrios reservistas o excombatientes para que ayuden en la seguridad.

Las numerosas alianzas generadas contra natura en estas elecciones por parte de fuerzas supuestamente antagónicas, sacrifican los enunciados de papel registrados en el Consejo Nacional Electoral, en beneficio de cálculos políticos e intereses de grupos de poder; estas candidaturas y las de nuevos e inexpertos aspirantes, fomentan irresponsablemente la promoción de ofertas “a medida”.

La difusión de encuestas de distinto origen, dudosa solvencia técnica y sesgadas en niveles sospechosos, solo ha contribuido a generar incertidumbre e indecisión en los electores.

Algunos resultados pueden ser previsibles, pero aún no está escrita la última palabra. De lo que ocurra en Quito, pueden marcarse algunas líneas capaces de redefinir nociones mantenidas durante décadas y que ya son a todas luces obsoletas, referidas a hábitos de participación y valores ciudadanos, enfoques de interpretación sobre las transformaciones sociales sufridas en la capital, así como hasta en la reconfiguración a nivel nacional, del mapa político.

Es paradójico que la peor de las campañas, por su presentación, organización, perfil de candidatos y candidatas, intereses en pugna, desgaste de la institucionalidad política, contenga, por las mismas razones, la advertencia de su trascendental incidencia en el futuro.

Si como dijo Aristóteles, “el hombre es un animal político”, no será del todo descabellado al tenor de lo mostrado por estas elecciones, considerar factible y necesario en el horizonte próximo, para promover la inclusión y diversificar la democracia, el que aquellos que lo deseen, puedan adoptar voluntariamente un candidato o una candidata con la finalidad de mejorar la calidad y nobles propósitos de su sacrificada vocación de servicio.  Al fin y al cabo, el actual Código de la Democracia es una promesa en firme de la más amplia participación.

Por ahora es evidente que al menos en Quito, a muchos les da lo mismo un perro voto, que votar a un perro; dicho esto con el profundo amor y respeto que profeso para esos nobles, leales, sinceros, trabajadores, protectores e inmejorables seres de cuatro patas.