Entre los años 2017 y 2020 en el Ecuador se vivió una serie eventos que marcarían definitivamente al país en cuanto a su seguridad interna: la evidencia de amenazas externas no convencionales con el histórico ataque con explosivos a un cuartel policial en la limitrofe ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Este ataque marcó el inicio de eventos que mostraron del accionar de grupos irregulares vinculados directamente al narcotráfico internacional, los cuales operaban libremente en el cordón fronterizo norte, pero que igualmente dejaron en claro las grandes falencias que en materia de seguridad adolecía el Ecuador.

Bomba en cuartel de San Lorenzo en enero del 2018. El atentado marcó una nueva etapa en la ofensiva narcocriminal en contra del Estado y la sociedad ecuatorianas. Foto: Archivo PlanV

De igual forma, la Policía Nacional en sus múltiples ruedas de prensa mostró cómo organizaciones delictivas, a una escala nunca antes vista, operaban en el país por el control de territorios, incrementando las muertes violentas en igual escala al crecimiento de estas estructuras delictivas. Esta situación se  sumaba a la decadencia y falta de la intervención del Estado en zonas marginales, zonas de frontera y en la mínima infraestructura básica de servicios fundamentales como educación, vivienda, salud, desarrollo comunitaria e incremento industrial agropecuario o industrial.

Esta realidad ha permitido que las organizaciones narco delictivas controlen territorios en las principales ciudades, en los mal llamados Centros de Rehabilitación y en general el espacio público.  Además del crecimiento de las economías criminales, estas organizaciones hacen ostentación de su acceso a armamento sofisticado, municiones casi ilimitadas y a sus vínculos con el poder político y judicial. Se habla públicamente de la presencia de carteles mexicanos, alabaneses, chinos, rusos, colombianos y demás, que han logrado consolidar rutas para el macrotráfico e inclusive garantías para microexpendio en el país, incrementando dramáticamente los índices de violencia e inseguridad a la ciudadanía en general.

Una respuesta insuficiente

Los informes policiales hablan de miles de operativos, con resultados poco visibles en la reducción del delito. Pero ante los cientos de toneladas de droga incautada, solo la caída del narcotraficante buscado en Perú (que fingió su muerte) en una de las lujosas urbanizaciones de Guayaquil, da cuenta de lingotes de oro, armas, dinero y fotos con personajes de la política y ex miembros policiales. De esa manera se hicieron irrefutables las acciones de penetración de la criminalidad organizada en el país en casi todas las esferas del Estado.

Como respuesta, en cada discurso oficial se habla de la  necesidad de fortalecer la seguridad de las instalaciones y la seguridad de los servidores policiales, militares y seguridad penitenciaria; y no solo de su indumentaria, logística y medios propios de las operaciones asignadas sino que además existe una latente inseguridad jurídica para su accionar.

El anuncio de incrementar 30.000 nuevos policías, sin más solución que sumar miembros a la institución más numerosa del país, nada dice del impacto presupuestario de larga data, pues se trata de una carrera profesional de 40 años y más. Tampoco se habla la adquisición logísitica para su dotación que permita tener un grado de eficiencia en el accionar cotidiano. Menos se dice de la capacitación, valoración académica y operativa con el empleo de armas, municiones, intructores calificados, de la mejora de instalaciones policiales, el incremento de cuarteles con un alojamiento digno y seguro que hoy no existe a nivel nacional. Y aún menos de la restructuración de la legislación policial interna, que garantice evaluaciones objetivas, y se elimine la discrecionalidad y amiguismo en los procesos de ascenso, designaciones nacionales e internacionales y demás actos que denotan inclusive tráfico de influencias e informalidad.

El 27 de mayo del 2022 el presidente de la República, Guillermo Lasso, participó de la ceremonia de graduación de nuevos policías, en la ciudad de Guayaquil. Foto: Bolívar Parra / Presidencia de la República.

De igual manera, se requiere de reformas integrales, como la derogación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, mamotreto jurídico que ha conllevado serios problemas en la estructura policial y su disciplina; de reformas al COIP y la necesaria preparación de jueces y fiscales especializados como reza la norma constitucional, que entiendan las lógicas de la operación policial y sus riesgos. Pero, sobre todo, que juzgen con objetividad el trabajo policial como una actividad humana de alto riesgo. Tampoco se habla de esto.

Son once años que a los servidores de la Policía Nacional del Ecuador no se les ha entregado la dotación de uniformes; mucho menos se ha realizado proceso de capacitación con sus armas de dotación, o se ha emprendido en la especialización del personal asignado al servicio urbano o eje preventivo, que son los que más contacto ciudadano tienen, pero menos instrucción evidencian. Así como la implementación adecuada de rotación de personal policial de alta permanencia en lugares expuestos a contaminación por corrupción, como son puertos y aeropuertos, altamente cotizados por la delincuencia por ser parte de sus estructuras de exportación de la droga anhelada en los países del hemisferio norte.

La ausencia de inversión del Estado en la seguridad nacional se evidencia en las donaciones de equipos de poligrafía para control interno de los miembros policiales, cuando al momento no existe ni una docena de estos equipos para la necesaria evaluación de 51.000 miembros policiales. La regularización y legalidad de estas pruebas están en duda, con el agravante de que internacionalmente las pruebas poligráficas no son consideradas absolutas sino orientativas, pues de sus resultados se infiere la necesidad de seguimiento, constatación y verificación. En caso contrario, los jueces no requerirían de ninguna otra forma probatoria que no sea esta.

En la fotografía, equipos polígrafos o "detectores de mentiras" donados como parte de la cooperación con Estados Unidos. Fotos: Twitter Centro Digital

Las acciones de la delincuencia escalan muy rápido en agresividad y virulencia, no solo por las masacres carcelarias que muestran al país como un Estado fallido en el control de dichos centros, sino por la clase de delitos que se cometen día a día contra la población en general. A ello se debe sumar la inexistencia de un sistema de inteligencia efectivo y debidamente focalizado en los objetivos de búsqueda y respuesta ante las amenazaas que han socabado la seguridad del país en todos sus niveles.

No se puede olvidar que fue el propio Presidente de la República quien dijo que asumiría personalmente la problemática de la seguridad. Pero él no ha dispuesto, todavía, acción alguna para adoptar correctivos de corto y mediano plazo, aunque mantuvo la oferta de que a largo plazo incrementará el personal policial para corregir la situación. Sin embargo, se evidencia el recrudecimiento de eventos violentos en la frontera norte, que van mucho más allá de indicadores de muertes violentas. Por la naturaleza de las mismas, muchas de estas muertes, no solo que no son investigadas, sino que no son parte de registro alguno por las entidades de seguridad y justicia de las provincias fronterizas.

Se ha evidenciado igualmente la proliferación de organizaciones delictivas, con estructura nacional, que cuentan con logística, comunicación y personas dedicadas a fortalecer sus acciones con el uso de armas de fuego, técnicas especializadas de guerrilla urbana y rural, la ejecución de múltiples delitos conexos como el secuestro, asesinatos, destrucción de propiedad privada e inclusive el ataque a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional entre otras actividades ilegales. Ya no sorprenden las ejecuciones en cualquier lugar de las grandes ciudades, como tampoco la colocación de coches bomba frente al principal cuartel policial de la ciudad de Guayaquil y el ataque con armas automáticas a las UPC de Esmeraldas. Las acciones violentas no respetan rangos de edad o condición socioeconómica, cualquier ciudadano está expuesto a la ejecución de actos delincuenciales en cualquier lugar y hora del día.

Bandas criminales anunciaron en cartel en Guayaquil su unidad. Según las autoridades, estas cuatro banda se enfrentan a la de Los Choneros. Foto: El Universo

El Ecuador ha demostrado una preocupante incapacidad en el manejo de información crítica en ámbitos de alto impacto, tales como las causas de la conflictividad en la franja fronteriza en su conjunto. La permeabilidad no se limita a la frontera norte, sino que se da en todo el borde costero e insular, con claras evidencia del ingreso de mercaderías armas y drogas también por la frontera sur , lo cual ha ido normalizándose día a día.

Corresponde a las carteras de Estado directamente responsables establecer claramente si las acciones del crimen organizado reunen las condiciones objetivas para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario,  los derechos contemplados en la Carta de la ONU y la Convención Inter Americana sobre Derechos Humanos.

Este no solo es un tema de legislación, sino de acción operativa real y directa contra este flagelo que pone en riesgo la existencia misma del Estado. Se hace impertativo y urgente romper las estructuras económicas y logísticas de las organizaciones criminales y pelear abiertamente contra la corrupción de las propias instituciones de seguridad, que merma su credibilidad social.