I. Cuando el optimismo oficial cruza los dedos

El BCE espera una recuperación a partir de julio de 2024, sin embargo, algunos expertos económicos y el sector comercial no son tan optimistas y anticipan que la economía seguirá estancada en los próximos meses, ya que las ventas, el consumo y el crédito se han desacelerado, aunque no ha caído completamente.

Guillermo Avellán, gerente del BCE, explicó que la recesión económica puede medirse de dos formas: a través del Producto Interno Bruto (PIB) y del ciclo económico. La primera se refiere a dos o más trimestres consecutivos de decrecimiento del PIB. La segunda, utilizada por el BCE, considera más variables como el empleo y el crédito, permitiendo una visión más completa de la economía y ayudando a anticipar y mitigar crisis.

Esa recuperación se basaría en factores como el acceso a financiamiento externo (deuda, suele llamarse a ese eufemismo); aumento de la inversión pública (seguro muchos se preguntarán dónde se ha invertido, si la mayor parte de la deuda se usa para pagar tramos de la misma obligación financiera, pues no hay recursos económicos suficientes); recuperación de depósitos y créditos (difícil de creer, cuando el 65% de ecuatorianos no cuentan con un empleo “adecuado”, otro eufemismo tecnocrático para no hablar de desempleo y subempleo), reducción de atrasos del Estado y aumento de exportaciones petroleras y no petroleras.

El optimismo oficial cruza los dedos para que haya estabilidad en el precio internacional del petróleo; en buen romance, esto significa que se aprobó un Presupuesto General del Estado desfinanciado y sujeto a condiciones que no pueden ser controladas por el gobierno; así también, los organismos multilaterales están revisando a la baja sus proyecciones para la economía ecuatoriana; y se espera la llegada de más créditos (más deuda) de los multilaterales, incluido el FMI.

II. Los bajos instintos de la comunicación Triple A

El martes 23 la noticia era —debía ser— la recesión económica. Sin embargo, un nuevo distractor incidió para redirigir las corrientes de opinión pública y la atención debida sobre el tema; lo inquietante es que el elemento que concitó la discusión pública y en redes sociales se produjo desde la fiscalía general del Estado, para difundir su más reciente operativo anticorrupción: el caso Triple A.

En una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional se ejecutaron siete allanamientos en las ciudades de Guayaquil y Milagro, como parte de la investigación en curso por presuntos delitos relacionados con el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

Desde una perspectiva semiótica, el logotipo podría aludir referencias a los colores de la bandera de Guayaquil, y un símbolo de llama, asociado al movimiento político Revolución Ciudadana, del cual Aquiles Álvarez es representante. Además, las tres A del nombre del caso podrían sugerir, de manera subliminal las iniciales del alcalde Aquiles Álvarez y su hermano Antonio, también investigado por la fiscalía en el mismo proceso junto con nueve personas más.

Allanamientos en el Caso Triple A, que involucra presuntamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y a su hermano.

Los allanamientos ocurrieron prácticamente en vísperas de la sesión solemne de la Alcaldía de Guayaquil, organizada por el cabildo que preside Aquiles Álvarez, por los 489 años de fundación de la ciudad; la ceremonia se realizó el jueves 25 julio de 2024.

Pocos días antes, el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Franklin Erreyes Tocto, había denuncia ante la fiscalía a varias empresas, entre las que se encuentra Copedesa, que tiene entre sus accionistas al alcalde del puerto principal y a su hermano Antonio.

III. El “Viejo país” se recicla en las garantías soberanas del “Nuevo Ecuador”

Cuando la política y la comunicación eran apenas incipientes intentos de domesticar computadoras y teléfonos celulares, el “viejo país” se manejaba desde el ministerio de Finanzas, más poderoso que la mismísima cartera de Gobierno.

Eran los tiempos de fines de los 80’s e inicios de los 90’|s, en ese no tan lejano entonces, en que empezaban a cambiarlo todo, sorprendentes desarrollos de herramientas ancladas a las nuevas tecnologías de información y comunicación; las mismas y otras que hoy conocemos y que se usan para generar corrientes de opinión y plantar la agenda temática en la esfera pública, efecto conocido como “agenda Setting”, ya caduco privilegio de los medios masivos tradicionales.

Ya en esa época propia del “viejo país”, se presionaba desde el Ministerio de Finanzas, a los municipios y a los demás poderes locales, con el manejo discrecional de sus presupuestos y de las asignaciones que por ley les correspondían, por parte del poder Ejecutivo.

Las cosas no han cambiado en el “Nuevo Ecuador”. “El Gobierno que resuelve” vetó hace poquísimas semanas la ley que la Asamblea Nacional aprobó, y mediante la cual se eliminaba el chantaje del centralismo añejo, acostumbrado a condicionar votos en circunscripciones administradas bajo la autonomía municipal, a cambio de mayor fluidez en los procesos de asignación de los recursos que la Constitución establece para ellos.

La Ley aprobada por la Asamblea, dictaba la transferencia automática del presupuesto que corresponde a los gobiernos locales. En la década de los 90s, la otrora poderosa y mucho más respetable Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, ponía en jaque a los gobiernos de turno que no transferían oportunamente sus asignaciones presupuestarias; bastaba la sola amenaza de un paro nacional de los municipios o la paralización de uno o dos días, con carácter preventivo, para que los recursos se desembolsen sin más pretextos y lleguen al término de la distancia a los cabildos; y para el ministro de Finanzas comparezca al inevitable juicio político del Congreso, y se convierta, en pocas horas, en exministro.

Hoy, en tiempos de campaña electoral, las muy comentadas “garantías soberanas” son la versión moderna del mismo sistema antidemocrático.

¿Qué son las transferencias? El gobierno nacional recauda impuestos y vende petróleo. Cada mes, tiene que compartir una parte de esos ingresos con los gobiernos locales. Cuando el gobierno no paga a los gobiernos locales, se genera una deuda del gobierno nacional con estos. Sin obras por falta de presupuesto, sin inversión pública o privada, la economía local desfallece y los sectores estratégicos, y sus infraestructuras, muchas veces enclavados en las circunscripciones más maltratadas por esa conducta colonial, se descuidan, se deterioran, colapsan y el desarrollo que prometían se esfuma allí y se escamotea en las ciudades más grandes, donde la economía bulle, en medios de groseras distorsiones entre quienes tienen más posibilidades económicas, frente a centenares de miles de ciudadanos agobiados por la falta de empleo, salud y educación dignas, e incluso sin acceso a servicios básicos. En Manabí, no menos de medio millón de habitantes tienen agua potable regularmente, según datos del INEC.

Sectores estratégicos como la energía, el transporte, la explotación minera, la explotación de hidrocarburos, no pueden abandonarse o ser entregados a la rapiña de aviesos ecuatorianos ni en manos de potencias extranjeras o consorcios internacionales, sin que se reglamente y precautele, desde el Estado, la soberanía nacional en la intervención y en la administración de los recursos que se extraen para saciar el apetito de terceros.

Un 26 de junio de 1972, Ecuador celebraba la extracción del primer barril de crudo de la Amazonía y se iniciaba la exportación del crudo ecuatoriano a los mercados del mundo. Hoy, y desde siempre, la Amazonía, con sus municipios y sus habitantes, es una de las regiones más pobres y atrasadas del Ecuador.

IV. El juicio a la canciller: el correismo se pone al lado de México

El 26 de julio de 2024, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, para defenderse y esclarecer varios cuestionamientos que se formularon en esa instancia legislativa, en el marco del trámite para Juicio Político que impulsa la legisladora Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana.

Ecuador, 26 de Julio del 2024 .- Dentro del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de María Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, comparecen: asambleísta Jhajaira Urresta, en calidad de proponente; y, la cuestionada secretaria de Estado. Foto: David Vela / Asamblea Nacional

Luego de esta etapa, que consiste en la presentación de pruebas de cargo y descargo, la Comisión de Fiscalización debe elaborar un informe para resolución del Pleno. Para la censura y destitución de la funcionaria se requieren al menos 92 votos de los 137 que la integran. Urresta acusa a Sommerfeld de incumplimiento de funciones por la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatoriana en la Embajada de México, el 5 de abril pasado, para arrestar al exvicepresidente Glas, lo que desencadenó una crisis diplomática entre ambos países.

En 2023, el comercio no petrolero entre México y Ecuador registró un saldo desfavorable de USD 499 millones para el “Gobierno que resuelve”.

Han debido pasar ocho meses y producirse un proceso de juicio político para que el país empiece a enterarse de la versión oficial sobre temas sensibles, en el manejo de la política internacional, entre los que destaca la migración de compatriotas, que entre 219 y 2023 ha crecido en más del 220%; o sobre la situación de los ecuatorianos en el extranjero, y el acompañamiento, asesoría y asistencia del régimen para proteger los derechos de los migrantes y garantizar su bienestar.

La legisladora tocó otros temas que generaron controversia; habló sobre su preocupación sobre la crisis migratoria en la frontera con Colombia.

La canciller Sommerfeld ha respondido a los cuestionamientos destacando los esfuerzos del gobierno para fortalecer los servicios consulares y proporcionar apoyo a los migrantes en situación de vulnerabilidad. Informó que Ecuador y Colombia desarrollan encuentros bilaterales para enfrentar la problemática fronteriza.

Temas como lo ocurrido con el armamento “chatarra” que afectó nuestras exportaciones a Rusia, la postura del país frente al gobierno de Venezuela, las estrategias para atraer inversión extranjera, entre otros, sin duda serán debatidos en el Pleno, cuando se analice el informe de la Comisión de Fiscalización. De manera indirecta, y aunque no se mencionó el tema en la Comisión, la forzada figura diplomática mediante la cual se envió a Israel a la vicepresidenta Abad, probablemente serán parte del debate.

V. Conclusiones

El vaso medio lleno del BCE choca con la realidad que se revela cotidianamente a lo largo del país.

El efecto distractor del caso Triple A, fue doble: por un lado, el tema de la recesión económica se ocultó en la espectacularidad del operativo, y por otro lado, más que fomentar una discusión ciudadana sobre los procesos que impulsa el ministerio público y la Justicia en el país, se reubicó la interacción de las discusiones en la esfera digital, alrededor de la semiótica, el uso de los colores y las referencias subliminales del logotipo.

El presidente Daniel Noboa ha entregado garantías soberanas a varios gobiernos provinciales y alcaldías del país. Si bien estas son requeridas para acceder a créditos de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en las últimas semanas se ha abierto el debate respecto a si detrás de concederlas habría una estrategia política del Ejecutivo.

La respuesta a las inquietudes de ese debate es obvia.

Nada tienen que celebrar los municipios por una “garantía soberana”, que no es sino un aval del gobierno de turno para que los municipios accedan a créditos de organismos internacionales, luego de cumplir exigentes requisitos.

Ese dinero no es del Gobierno, ni el Gobierno deberá pagar el crédito. Entonces, ¿Por qué la fanfarria publicitaria? ¿Por qué tanta tarima? De un lado, necesidad del adulo a la propina política; del otro, rezagos del antiguo culto a la mendicidad recompensada por la dadivosa generosidad de los “señores”; ambas conductas, edulcoradas por una deleznable publicidad política.

Pagar la deuda a los gobiernos locales, no retener sus asignaciones presupuestarias, bajar la tasa de interés de los préstamos estatales, y emitir avales soberanos responsablemente, sin necesidad de tarima; esos serían actos propios de un nuevo Ecuador.