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5 de Enero del 2024
Historias
Lectura: 9 minutos
5 de Enero del 2024
Gustavo Isch

Consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

Una flácida y onerosa consulta
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Foto: Presidencia de la República

 

La democracia y la política ocurren más allá de las redes sociales y mucho más lejos de la intransigencia o el capricho. Tarde o temprano esa sencilla premisa se dejará notar en este paraje con humos de país hecho y derecho.


La noche del 02 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional (C.C.) las preguntas de su propuesta de consulta popular, la misma que contiene 11 preguntas para ser calificadas por esa institución.

El hecho produjo inmediatamente un agrio debate.

En caso de ganar el SÍ, el presidente tendría que enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para ser debatido, aprobado/reformado/negado, pero según muchos analistas y especialistas en Derecho Constitucional, de las 11 preguntas, tan solo la última amerita una consulta popular; si la razón no pide fuerza: ¿Por qué el presidente no envío directamente su propuesta a la Asamblea?

La tarde del 03 de enero, el mandatario se pronunció públicamente sobre el tema: afirmó que la consulta tiene 3 objetivos: promover la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia; aprobar el incremento de penas para ciertos delitos; y, por último, "promover el empleo, a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas".

En materia legal, la propuesta del presidente es criticada por expertos constitucionalistas, porque, en síntesis, 11 de las 12 preguntas de la consulta popular que el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional (CC), no necesitarían ir las urnas para ser ratificadas o negadas por el voto ciudadano; según esas opiniones, esa eventualidad solo rige para la pregunta 11, referida a la reactivación de los casinos y los juegos de azar.  

Al no ser reformas constitucionales, sino más bien legislativas, lo ideal habría sido que se traten en el marco del acuerdo de gobernabilidad tripartito entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y la ADN en la Asamblea Nacional.

Cabe recordar que hace pocos días, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC) invitó a definir una agenda legislativa.

Asimismo, las críticas apuntaron al hecho de que la consulta no contiene consideración alguna sobre temas esenciales como: blindar a la Corte Constitucional, permanentemente enfrentada a las presiones políticas y “metidas de mano” desde la política, como ocurre con el conjunto de la Función Judicial, incluso atacada por el cáncer de la corrupción, y por las mafias del crimen organizado, como lo reveló el Caso Metástasis.

Desde la esfera política, las críticas principales sostienen que tampoco la propuesta del presidente busca reformar los procesos de concurso para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) marcados por vergonzosas polémicas e irregularidades; ni para convertirlo en un ente útil para el desarrollo de la democracia, responsabilidad que le quedó inmensamente grande, desde que el correísmo creó esa entidad en el 2008.

Adicionalmente, cuestionan que la consulta no reforma la Constitución vigente que creó un Estado hiperpresidencialista, proclive al autoritarismo, a la corrupción y que impide el funcionamiento adecuado del Estado.

Tanto el presidente Noboa como su ministra del Interior, Mónica Palencia, defendieron la propuesta. La ministra anunció que se estudia incluir 5 preguntas más. Probablemente esto podría entenderse como un colofón para recomponerse, ante las diversas reacciones adversas que produjo su contenido.

Nadie debería sorprenderse. Lo habíamos anticipado oportunamente en este espacio, y lo reiteramos en diversos medios de prensa y espacios de opinión; y seguramente no habremos sido los únicos: el presidente electo hipotecó su gestión a sus intenciones de ser reelecto en el 2025. Hizo público su propósito el 07 de noviembre, en Washington y desde allí, no había la menor duda bastaba de que no jugaría ninguna carta que pudiera complicar ese objetivo. La consulta del presidente es fofa, ambigua, innecesaria y demasiado onerosa.

José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral CNE), afirmó que según aproximaciones preliminares de esta entidad, la consulta podría costar entre 50 a 55 USD millones. Bien podría emplearse esa cantidad en más útiles propósitos, si la Corte Constitucional da su visto bueno a las preguntas del presidente; pero el costo de esta “tarea cumplida” en el check list de su campaña electoral, no parece preocuparle al primer mandatario. El mensaje que interesa es que nadie podrá decir que no cumplió lo prometido.

También, y bajo la misma óptica, afirmamos que toda la gestión del nuevo presidente estaría determinada porque el suyo es un gobierno de transición, por el timming electoral, y por condicionantes económicos.

El contexto de inseguridad, crisis económica, la desatención del frente social, la migración, parecen aspectos enfocados por el Ejecutivo desde la coyuntura, no desde lo estructural. Quizá apuesten a que, con algo de buena fortuna, enjundia publicitaria, y distracción electoral, se podría superar la transición y ganar la reelección, empujados por los acuerdos políticos que nunca faltan.

Hasta el momento, Noboa está aprovechando el efecto refrescante del recambio político y generacional que encarna, y el manejo de un sistema comunicacional leve y superficial, cuyo primer objetivo ha sido mantenerlo lejos del barullo de la anquilosada política tradicional, para evitar que su imagen “se queme”.

Con los US 2,5 millones y medio que acaba de contratar para ejecutar una campaña publicitaria – a la que se invitó directamente a un solo oferente- la segunda parte de su estrategia de imagen, será poner en la esfera pública todos los argumentos y narrativas posibles, para posicionar al presidente como un político que merece ser reelecto. En el tiempo que resta para el gobierno de transición, Ecuador pasará del “Estado de propaganda” al “Estado de publicidad”.

Sobre la pregunta 11, relacionada con la reactivación de los casinos y que según expertos constitucionalistas, es la única que debería resolverse mediante una consulta popular, caben aquí un par de inquietudes indispensables, puesto que según se justificó, dicha pregunta está anclada al objetivo de “Promover nuevas fuentes de empleo…”

¿Es consciente el presidente del riesgo que existe para que, si no está adecuadamente normada y supremamente vigilada, en esta actividad se apalanquen delitos como el lavado de activos? ¿Sabe el presidente lo que es la “ludopatía” y lo que una potencial proliferación de casinos -incluso de tipo virtual- puede provocar en una persona, en su familia, y en el sistema de salud pública? En serio: ¿Revivir este tema en una consulta popular era necesario? ¿Capricho, sugerencia de terceros interesados, ingenuidad, distractor?

Con caprichos no se gobierna ni se resuelven los problemas del país. Arremeter contra los partidos y movimientos que han cuestionado la consulta una vez difundida públicamente, muestra inmadurez política que deriva en cuestionamiento contra juristas expertos en materia constitucional y análisis serios. ¿No es algo muy naif reprochar que se pronuncien opiniones contrarias antes de conocer el contenido de la propuesta; como reclama el presidente?

La democracia y la política ocurren más allá de las redes sociales y mucho más lejos de la intransigencia o el capricho. Tarde o temprano esa sencilla premisa se dejará notar en este paraje con humos de país hecho y derecho.

Tampoco la consulta mide la popularidad del presidente en las actuales circunstancias; con apenas 40 días al frente del gobierno, proponer esa idea es insultar la inteligencia de los ecuatorianos. Si acaso, cuando llegue a realizarse, han ocurrido eventos adversos a su gestión, vaya y pase; pero es pura especulación hoy mismo mirarla bajo esa perspectiva y compararla con lo ocurrido en anteriores regímenes.

En medio de este contexto, las amenazas de muerte contra la fiscal general, Diana Salazar y su familia son preocupantes. Diana Salazar, identificó a quien estaría planeando asesinarla: se trataría de Fabricio Colón Pico, “un conocido delincuente quiteño presuntamente asociado a Los Lobos”. La fiscal afirmó que el mismo grupo delincuencial que asesinó al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha sido contratado para atentar contra ella y su familia.

Más allá de todo debate o apreciación sobre cualquier aspecto relacionado con el Caso Metástasis, es esencial que el Estado cierre toda posibilidad de que el crimen organizado cumpla sus intenciones, denunciadas por la fiscal.

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Una flácida y onerosa consulta
 


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