Las paradas no van a ser retiradas y la empresa Sarmiento publicidad, que tiene un contrato con el Municipio para la explotación publicitaria de 414 paraderos de los poco más de 700 que hay en Quito, va  a continuar trabajando normalmente pues, para la firma publicitaria, el caso aún no está cerrado.

En sus oficinas del norte de Quito, el principal de Sarmiento, Ricardo Flores, asegura que ante la decisión del Municipio capitalino de declarar la terminación unilateral del contrato, ellos van a recurrir al arbitraje previsto en ese mismo acuerdo, que debe darse ante un centro de mediación de la Cámara de Comercio de Quito.

Flores responde así al anuncio del procurador subrogante, del Ayuntamiento, Paúl Romero, quien el pasado 20 de julio sostuvo que según los cálculos del Municipio, Sarmiento debía pagar hasta el el 18 de julio $5’372 797.14, a los que han sumado multas e intereses dando un total de $ 11’ 193 550.13. Las multas se exlican porque el Municipio sostiene que de los 423 mupis instalados, 242 incumplien la normativa, lo que significa $5’925 562, 50.

Ricardo Flores es el gerente de Sarmiento publicidad, una empresa de capital argentino.  Foto: PlanV

Para el Municipio, lo único que la empresa ha pagado en cinco años son $ 104 809,55, mientras que el canon anual que se había fijado era de $1’267 126. Esa cantidad la entregó Sarmiento el 23 de noviembre de 2021 en calidad de pago inicial de una propuesta de realizar 24 pagos semestrales por lo que debe por los años 2018 y 2019. Adicionalmente, depositó cerca de USD 380 mil en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, que no han sido recibidos por el Municipio.

En un informe de la Contraloría sobre el tema, se precisa que la empresa Sarmiento alegó en 2019 que había encontrado hasta 407 vallas y anuncios sin licencias municipales en el territorio de la concesión, por lo que pidió la rebaja del canon del 50% para ese año.  Como el Municipio se negó, empezaron los problemas judiciales. En noviembre de 2019, la empresa Sarmiento puso una demanda en el Tribunal Contencioso Admnistrativo contra el Municipio, en el cual depositó cerca de USD 380 mil por concepto de canon de 2018  y parte de 2019. 

Desde entonces, la empresa ha seguido alegando reiteradamente que en la ciudad hay vallas y anuncios que carecen del pago anual de la Licencia Metropolitana LMU 41 y que por lo tanto, estaba obligada solo a pagar el 50% del canon. En 2019, la empresa reportó 567 vallas irregulares y el Municipio aceptó 407, aunque no por ello dio paso a la reducción del canon. En 2020, Sarmiento reportó 679 vallas, y en ese mismo año, un informe del Municipio concluyó que de 1092 vallas, 949 no tenían la licencia anual. En septiembre de ese mismo año, Sarmiento reportó 742 vallas sin licencia, a principios de 2021, 772 vallas; a mediados de ese año 786; en enero de 2022, 835. 

"Somos víctimas de una persecución atroz, pero no sabemos de quién", precisa el principal de Sarmiento, quien destaca que hasta el 89% de la publicidad en espacios públicos no tiene los permisos y puede ser considerada "ilegal", algo que ha reconocido la Contraloría en un informe al respecto. 

El procurador subrogante confirmó que se había realizado mesas de trabajo con la empresa, con la intención de llegar a un acuerdo para evitar la terminación unilateral del contrato, pero que el Municipio no aceptó la postura de la empresa, que era renegociar el contrato, mientras la postura municipal era cobrar la totalidad del canon anual más multas e intereses. 

Para Flores, la situación del contrato no ha variado desde su suscripción: el Municipio no cumplió con la claúsula que obligaba a controlar la publicidad en el área de concesión y, como no lo ha hecho, ellos estiman que deben pagar solamente el 50% del canon, algo que está previsto en el contrato.

Además, el empresario sostiene que hay que considerar otros factores, como por ejemplo, que nunca se les entregó por lo menos el 20% de los mupis (los espacios publicitarios en las paradas), que tuvieron afectaciones significativas por las protestas de octubre de 2019 y por la pandemia (donde afirman que su facturación cayó en un 45%), entre otros.

Según estiman en la firma, el valor real que creen deber al Municipio apenas superarían los dos millones de dólares, además de destacar que ellos han gastado por lo menos ocho millones en las paradas y otros tres en el mantemiento. Pero un informe del Municipio precisó que la empresa gastó $ 2´844.084 en las paradas, aunque ese valor no toma en cuenta la depreciación.

En el Municipio, relata, mantuvieron tres mesas de diálogo en ámbitos como lo jurídico, lo técnico y lo financiero, pero que el Municipio las canceló y pasó de hablar de un monto de seis millones a otro de once sin motivación suficiente. Para el Municipio, en cambio, la inversión de Sarmiento en las paradas no ha superado los cuatro millones de dólares. En la administración de Jorge Yunda, el Municipio mantuvo mesas de diálogo con Sarmiento, encabezadas por el polémico asesor Cristián Hernández Yunda, que no llegaron a un acuerdo.

Flores sostiene que efectivamente, en ciudades como Medellín o Guayaquil empresas en situaciones similares lograron una renegociación, especialmente durante la pandemia, mientras el Municipio de Quito no quiere tomar en cuenta el caso fortuito provocado por el confinamiento y tampoco les quiere reconocer los beneficios sobre multas e intereses decretados durante esa misma época. 

Paraderos de buses como éstos han sido construidos por Sarmiento. La pantalla del fondo es el "mupi" o módulo publicitario. 

No se van a retirar 

El empresario aclaró que no han amenazado con retirar las paradas ni lo van a hacer, pero destaca que en el caso de la terminación anticipada, es el propio contrato el que prevee que se deben retirar las infraestructuras. Además de los 414 paradas, el Municipio aún no aprueba el diseño de 414 bancas, que serán colocadas en varios puntos de la ciudad, después de desechar la idea de poner bebederos, estacionamientos para bicicletas o tachos de basura, por todos los costos adicionales de mantenimiento y seguridad que esas infraestructuras requieren.

Según Dubraska Ortiz, funcionaria de Sarmiento, quienes se han demorado en decidir qué tipo de mobiliario urbano adicional debe ser colocado en Quito han sido los del Municipio, y hasta el momento se han presentado por lo menos tres modelos en tamaño natural de cómo serían las bancas. Según la Contraloría, para mediados de 2021 las bancas llevaban 851 días de retraso y hasta el momento siguen sin colocarse.

Dubraska Ortiz (Izq.) es una de las funcionarias de Sarmiento que ha seguido de cerca el proceso.  Foto: PlanV

El Municipio sostuvo que la empresa "amenazó" con retirar las paradas y dijo que está en capacidad de instalar paraderos provisionales si eso sucede, además de iniciar procesos de contratación para nuevos módulos publicitarios, algo que Sarmiento desmiente. El contrato fue firmado en abril de 2018 por la administración del ex alcalde Mauricio Rodas. 

Medidas cautelares en Guayas 

Desde Guayaquil, el asesor jurídico Luis Valenzuela, precisa que en la Corte Provincial del Guayas se ratificaron las medidas cautelares que la empresa obtuvo en un principio por medio de una acción constitucional en esa provincia. Las medidas, sostiene el abogado, impiden al Municipio la terminación unilateral del contrato, por lo que al declararla, estaría desacatando el pronunciamiento judicial. El abogado explicó que el 19 de julio la Sala Penal de la Corte de Guayaquil ratificó las medidas, y que no cumplirlas podría llevar a la destitución del alcalde Santiago Guarderas y del secretario Mauricio Marín. 

De su lado, el procurador subrogante del Ayuntamiento capitalino, hizo llamado al Consejo de la Judicatura para que se mantenga vigilante en este proceso, pues las acciones de la justicia del Guayas podrían perjudicar los intereses de Quito.

Valenzuela reitera que el 60% de la facturación de Sarmiento proviene de Guayaquil y que, además, tienen clientes y oficinas en el Puerto Principal, por lo que su recurso constitucional y las medidas que obtuvieron fueron aceptados en esa provincia y están vigentes.

El abogado explicó que habían concurrido a una mesa de mediación en la Procuraduría General del Estado, algo previsto en el propio contrato, pero que el Municipio se retiró alegando que no discutiría nada más que la terminación. De manera que, al momento, sus recursos legales se centran en lo resuelto en la Corte Provincial del Guayas y en la posibilidad de concurrir a la mediación en la Cámara de Comercio capitalina. 

Iván García, otro de los asesores jurídicos de la empresa, destaca desde Guayaquil que algunas de las recomendaciones de la Contraloría en este caso tienen relación con el control de la publicidad ilegal, algo que el Municipio nunca hizo. En total, afirman haber hecho pagos por cerca de $600 mil al Municipio hasta el momento y sostienen que quieren continuar con el contrato, por lo que esperan poder llegar a un acuerdo con la mediación en la Cámara de Comercio. 

Hay 414 paradas como estas administradas por la empresa Sarmiento. Foto: PlanV

Un contrato firmado en la Alcaldía de Mauricio Rodas

El caso se remonta a 2018, cuando el 11 de abril, el entonces secretario de Territorio, Jacobo Herdoiza, firmó con Paulina Durango, apoderada de la empresa Publicidad Sarmiento S.A  un contrato para la implementación de 414 paradas.

Según explicó Herdoíza, "el concesionario producto de un concurso público, explota publicidad asociada a los paraderos de buses convencionales, con lo cual recupera su inversión y tiene una utilidad razonable en un contrato que dura 10 años a partir de hoy. El modelo establece un canon de concesión anual que supera el millón doscientos mil dólares que el concesionario se compromete y se obliga a pagar a favor del Municipio". El ex funcionario nunca mencionó que el canon podía reducirse en un 50% si el Municipio no controlaba el resto de publicidad en el sector, algo que efectivamente, consta en el contrato. 

El Municipio de Rodas remarcó también que poner las nuevas paradas no le iba a costar al Municipio, pues Sarmiento iba a realizar la instalación y el mantenimiento. Lo más importante, sin embargo, era que tal como había sostenido la apoderada de Sarmiento, iban a pagar por lo menos un millón 277 mil dólares al año al Municipio, que se pensaba usar para mejorar otras paradas de buses fuera de la concesión.

Según un informe presentado por la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, que es la entidad municipal encargada de la administración y fiscalización, el canon que el aparato de propaganda de Rodas presentó como el mejor punto de la concesión no ha sido pagado por los argentinos.

El informe establece que, según el contrato, la ciudad entregó a la empresa de publicidad 414 paradas ubicadas en toda la urbe. Pero más allá del techo, el vidrio y la supuesta conexión WiFi, lo que más destaca el informe son los módulos publicitarios en cada parada, conocidos como "mupis".

De las 414 paradas, 309 son simples y cuentan con un solo "mupi", mientras otras 105 paradas dobles cuentan con dos "mupis".  En cada una de las 414 paradas debían instalarse igual número de bancas, y también relojes en 20 de ellas. El total de los "mupis" o espacios publicitarios, es de 519.

Según el contrato, el pago del canon de concesión era exactamente de USD 1´267.126, que inclusive se podían pagar en cuotas trimestrales. Pero lo que no dijeron ni Rodas ni sus funcionarios en 2018 es que según la claúsula 17 del contrato, el canon podía ser negociado y está relacionado con una tabla, atada a la cantidad de publicidad sin licencia municipal que se encontrara dentro de la concesión.

En todo caso, esta negociación entre el Municipio y la agencia publicitaria no podría llevar a un descuento del canon mayor al 50%. Así las cosas, lo que el Municipio de Rodas presentó como un pago fijo e inamovible de la agencia a la ciudad siempre fue susceptible de reducirse, según la "letra chica" del contrato. La "rebaja" del canon ha sido observada por la Contraloría, y la empresa se amparó en ella en 2019 y 2020 para pedir pagar hasta un 50% menos.

El contrato fue auditado por la Contraloría, que emitió algunas recomiendaciones al Municipio. Entre las disposiciones de la Contraloría, estuvo que se analice, por parte de la Empresa de Obras Públicas, el estado actual de los "mupis", que no está totalmente colocados.

Aunque todas las 414 paradas han sido instaladas, solo 423 de los "mupis" están disponibles y aún falta de colocar 96.

Sobre el mantenimiento, la Empresa de Obras Públicas destaca que sí se ha cumplido y Flores asegura que van a continuar haciéndolo, pues no tienen la intención de abandonar la concesión. 

El informe de la Contraloría

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a todo el proceso de concesión de las paradas, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021. El informe fue aprobado el 29 de diciembre de 2021 y entregado al actual alcalde, Santiago Guarderas y, al parecer, gatilló las reacciones en el Municipio que han llevado a la terminación unilateral. 

Los auditores destacan que las propias estimaciones del Municipio determinaron que las ganancias del concesionario podrían ser de no menos de un millón 620 mil en el primer año pudiendo superar en el año 10 de la concesión los dos millones de dólares. En sus respuestas a los auditores de la Contraloría, los funcionarios municipales pusieron por escrito que eran conscientes de que los ingresos por publicidad de la concesión "superaban con holgura los costos" del mantenimiento de las paradas. 

Según los auditores de la Contraloría, entre enero y abril de 2018, se modificaron los plazos y fechas de pago en beneficio de Sarmiento y afectando la liquidez del Municipio, destaca la Contraloría, y se le dieron facilidades sobre el cronograma; se les dio una exclusividad publicitaria en toda la ciudad, algo que tampoco estaba en los pliegos; y, sobre todo, se incluyó la tabla para rebajarles el canon y el Municipio se obligó a retirar la publicidad en toda la ciudad de acuerdo con la empresa extranjera, lo que significó que el Ayuntamiento tenga que incurrir en gastos y logísticas que no fueron consideradas. 

En su informe, la Contraloría, que descontó para su cálculo el depósito de Sarmiento ante el Tribunal Distrital, estimó en por lo menos  USD 2´708.770 la deuda de Sarmiento con el Municipio por concepto de canon. De esto, Sarmiento ha abonado solamente USD 104 mil en noviembre de 2021.