Pabel Muñoz llegó este 16 de mayo de 2023 al Palacio Municipal de Quito para tomar posesión de su despacho, una amplia oficina cuyo balcón da a la Plaza de la Independencia. En la sala de reuniones adjunta, el alcalde mantuvo su primera junta.

En un largo discurso, desde el escenario del Teatro Nacional Sucre, donde tuvo lugar la posesión, Muñoz hizo un recuento de los problemas de la ciudad, atribuyendo buena parte de ellos a la agudización de varias crisis desde 2017. Aunque no mencionó los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, Muñoz destacó indicadores como el aumento de la pobreza, el desempleo y la violencia en todo el país, que han afectado también a Quito. Pero en el discurso del nuevo alcalde hubo pocas novedades con relación a sus ofertas de campaña, que empezará a implementar en su periodo de cuatro años.

Hizo, sin embargo, dos anuncios: el primero, intervenir en el tema del Metro, que durante su periodo de prueba -que según el contrato de operación ya debería haber terminado- aún no logra funcionar plenamente, y el segundo, volver a retomar el programa de bicicletas municipales, la mayoría de las cuales están embodegadas y sin uso.

Pabel Muñoz tomó posesión de su despacho en el Palacio Municipal. Su primera reunión fue sobre el metro de Quito. Fotos: Twitter Pabel Muñoz

Un tercer anuncio, relacionado con pedir que nuevamente se coloque la estatua del ex presidente argentino Nestor Kirchner, retirada del abandonado edificio de la Unasur, fue lo que más reacciones provocó en las redes sociales, sobre todo de sectores anticorreístas. 

De ahí que el tema de la primera sesión de trabajo de Pabel Muñoz fue el Metro de Quito, cuyas pruebas de operación y recaudación han resultado en demoras e incidentes, y en acusaciones por parte de la Empresa Metro de Quito, una corporación municipal, al consorcio al cual se entregó la operación del Metro durante 72 meses, es decir, seis años, que está conformado por Metro de Medellín, una empresa estatal que es parte del Municipio de esa ciudad colombiana, y la firma europea Transdev, que de propiedad del Estado francés y de inversionistas alemanes. 

Buena parte de los temas clave del funcionamiento del metro están a cargo del consorcio operador: es él el que debe asegurar la recaudación de los boletos por diversos métodos de pago y entregarlos al Municipio, así como asegurar desde la circulación de los trenes hasta la limpieza de los andenes y vagones. El consorcio deberá contratar a un empresa de mantenimiento de los trenes, otra de las tareas que está a su cargo, así como a empresas de limpieza y seguridad. 

La seguridad de las estaciones, el funcionamiento de equipos como las escaleras eléctricas, ascensores y torniquetes en las estaciones, entre otros, son aspectos que fueron confiados a la empresa operadora, en un contrato que deja al Municipio poco margen de renegociación, salvo en los cronogramas de implementación, que es lo que el nuevo alcalde ha empezado a hacer en su primera reunión. 

Los primeros acuerdos 

Tras dos horas de reunión, se acordaron varios aspectos, uno de ellos es actualizar el cronograma de operación. Muñoz pidió que la elaboración de un nuevo cronograma sea coordinada por la Secretaría de Movilidad y que luego le sea puesto en consideración. Según el contrato, el cronograma fue definido en el llamado Anexo B, que estimaba que la operación comercial del Metro no podría iniciar antes de junio de 2023, pues se necesitaban por lo menos siete meses para la plena implementación del sistema. 

Se acordó también facilitar el proceso de puesta en marcha de sistemas que puedan estar operativos en menor tiempo, para agilizar el proceso de operaciones.

En la cita se habló también de crear una  “Tarjeta de la ciudad” en el nuevo sistema integrado de recaudo, que se pueda usar en el resto de corredores de transporte del Municipio capitalino. Los funcionarios del metro en la administración anterior se habían mostrado escépticos sobre este tipo de tarjeta de integración con el resto de sistemas de transporte, algo que ya se ha ensayado en otras ciudades como Cuenca.

El alcalde pidió también que entre la empresa constructora CL1 Acciona, la Empresa Metro de Quito y el consorcio operador Transdev – Metro de Medellín, se definan claramente temas como las  capacitaciones y la entrega de los manuales de funcionamiento de los equipos del subterráneo. El alcalde había explicado que las escaleras eléctricas en las estaciones no han sido puestas en funcionamiento por la falta de entrega de los manuales de los equipos. 

Aunque las pruebas fueron suspendidas y las estaciones cerradas en los últimos días de la administración de Santiago Guarderas, estas deben continuarse realizando, por lo que Muñoz dispuso que se retomen los viajes en los trenes con  estudiantes, docentes, trabajadores y otros sectores, en un nuevo cronograma que será anunciado públicamente. 

Las pruebas de operación del metro han convocado a los usuarios. Foto: PlanV

Qué dice el contrato

Pero el contrato firmado en diciembre del año anterior entre la empresa Metro de Quito y el Consorcio operador parece dejar poco margen para renegociaciones, sobre todo económicas. Cada uno de los 72 meses (lo que incluye los actuales meses de prueba y a pesar de que hay poco público, si se toman en cuenta las proyecciones de usuarios) la ciudad le debe pagar al operador $ 2´583.184, además de una retribución anual a lo largo de los seis años de $ 7´749.552, lo que sumado y más IVA alcanza los $217 millones.

Sobre el cronograma constante en el Anexo B, se explicó al firmar el contrato que el proceso consta de por lo menos tres momentos: (i) entre la firma del Contrato y el inicio de la Fase Previa de Operación Comercial, (ii) durante la Fase Previa de Operación Comercial y (iii) durante la Fase de Operación Comercial. Aunque ya están por cumplirse los siete meses que se habían previsto desde noviembre de 2017, el subterráneo capitalino está en la segunda etapa, pues aún no se logra que empiece la fase de operación comercial. 

Sin embargo, el contrato permite "evaluaciones y actualizaciones de mutuo acuerdo entre las Partes, en función de los avances e hitos previos necesarios para la Operación" que es lo que se ha acordado en la reunión entre el alcalde y los operadores. Muñoz ha sostenido en intervenciones anteriores que la plena operación del sistema podría tener lugar en el último trimestre del año. 

No solamente en la actualidad, durante la etapa de pruebas, sino en el futuro, cuando se estima que el metro debería tener por lo menos 400 mil usuarios. Otros sistemas de transporte masivo, como el teleférico que une Guayaquil con Durán o el tranvía instalado en Cuenca, han empezado a tener problemas debido a que no logran llegar al número de usuarios programados. 

El grueso de la operación de los trenes está a cargo del consorcio entre Metro de Medellín y Transdev. Foto: PlanV

Además, el Municipio se comprometió a "Abstenerse de interferir en la administración, recursos y operación de la Contratista, ni directa ni indirectamente, salvo lo previsto en el Contrato y en la Legislación Aplicable, sin perjuicio de los deberes y atribuciones que la normativa vigente asigna al Administrador del Contrato, y a la fiscalización, si la hubiere", lo que podría darle poco margen de gestión del tema al actual alcalde.

El contrato también permite al Municipio aplicar a los operadores multas, que van desde las leves hasta las muy graves. Según el convenio, lo más grave por lo que se podría multar al consorcio es por demorarse en transferir la recaudación de los boletos, o por detener más de dos horas el funcionamiento del sistema del subterráneo.

Como en todo contrato, el suscrito por administración de Santiago Guarderas tiene previstos los mecanismos de solución de controversias: primero un arbitraje en un centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, y sino se logra un acuerdo, se recurrá ante un Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional en Santiago de Chile, para un arbitraje con carácter de confidencial. 

En donde si podría tener el Municipio un mayor margen de maniobra es en el pago de la compensación anual, un pago variable de más de un millón de dólares al año, que depende del cumplimiento por parte de la contratista de indicadores de servicio. Cada año, durante los seis que dura el contrato, el Municipio y el operador deberán analizar si se están cumpliendo los estándares de calidad del servicio, previstos en los términos de referencia. Si se cumplen, los operadores recibirán una bonificación anual, pero sino, serán penalizados con un monto similar.