El contrato para la operación del Metro de Quito y el Anexo B, a los que tuvo acceso este portal, evidencian algunas de las reglas del juego de la operación del metro de Quito, que iniciará este 21 de diciembre de 2022 con algunas ceremonias. También, aporta detalles sobre quiénes son los beneficiarios finales de este contrato, que supera los 216 millones de dólares incluido el IVA y que tendrá un pago mensual fijo por parte del Municipio, sin considerar si hay menos usuarios de lo esperado. Empresas vinculadas al Estado francés, al Estado colombiano y a una importante familia industrial de Alemania están entre los beneficiarios finales del contrato de operación.

En una rueda de prensa, el alcalde Santiago Guarderas explicó que este 21 de diciembre se realizará una serie de ceremonias de inauguración, entre ellas, una bendición católica del sistema de trenes, un recorrido con el equipo de fútbol Aucas y el ciclista internacional Richard Carapaz, y una ceremonia oficial con invitados especiales y el cuerpo diplomático en horas de la tarde, en la estación que se encuentra bajo el Centro Histórico, en la Plaza de San Francisco.

El alcalde Santiago Guarderas, acompañado de ejecutivos del Metro, explicó las fases de la operación.  Foto: Twitter de Santiago Guarderas

Desde el 22 hasta el 4 de enero, estarán abiertas las estaciones sin trenes únicamente para que el público pueda conocerlas, explicó Guarderas, y desde el 5 de enero hasta principios de marzo el subterráneo capitalino operará de manera gratuita. Será posible obtener entradas en la página web del metro, además de crear una cuenta que será necesaria para usar el servicio. Aún no está claro cómo funcionará el sistema de pagos, pero no se descarta que se pueda pagar directamente con las tarjetas de crédito o débido de los bancos nacionales. La tarifa será de 45 centavos si solo se usa el metro y de 60 si se toman los buses que estarán en los andenes de integración de algunas estaciones. 

Acompañado del gerente del metro, Efraín Bastidas, y de ejecutivos de la operadora, así como de un general de la Policía, el alcalde explicó que se están preparando los protocolos de seguridad, sobre todo para evitar accidentes como la caída de personas en las vías electrificadas, lo que puede ser fatal. 

La Policía, de su lado, anunció que 380 uniformados se encargarán de la seguridad en las estaciones y que se está coordinando con cuerpos de socorro la realización de simulacros en caso de accidentes dentro del subterráneo.

Pero los plazos para que la empresa operadora empiece su trabajo que constan en el contrato, difieren de los anuncios del Municipio, pues según el documento suscrito entre el Metro de Quito y un representante del Consorcio conformado por las empresas estatales colombianas del Metro de Medellín y una empresa francesa, se necesitarían por lo menos siete meses desde la firma del contrato para la plena operación comercial. 

El alcalde Santiago Guarderas anunció las actividades para la inauguración del metro el 21 de diciembre. Se empezará con una bendición católica, recorridos con el equipo del Aucas y Richard Carapaz, y conciertos, además de una ceremonia en la tarde. @revistaplanv @pichondedino pic.twitter.com/1gjED0jAfp

— Fermín Antonio Vaca (@FerminVaca) December 12, 2022

Los beneficiarios finales del contrato de operación

El pasado 29 de noviembre de 2022 se firmó el contrato de operación entre Efraín  Bastidas Zelaya, gerente general del Metro y Colas Jean Maurice Martinet, apoderado especial del consorcio que opera el metro, cuya razón social en el país es Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev (EOMMT). 

Según el documento, en el caso de la parte colombiana del Consorcio, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda / Metro de Medellín Ltda. es de propiedad en un 50% del Departamento (provincia colombiana) de Antioquia, y el otro 50% de dicha empresa es de propiedad del Municipio de la Ciudad de Medellín, capital de Antioquia. Es decir, en este caso, el capital es totalmente de dos instancias del Estado seccional colombiano.

En el caso del Municipio de Medellín, el actual alcalde es Daniel Quintero Calle, un polémico ingeniero en informática que ha tenido una tensa relación con los medios de su ciudad, lo que ha motivado el rechazo de oganizaciones internacionales de prensa. Sus inicios se encuentran el Partido Conservador desde 2007 y ha pasado por cuatro partidos políticos. Fue suspendido en su cargo durante algunos meses en este año por supuestamente apoyar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República, lo que está prohibido a los alcaldes del país vecino.

Otra importante figura de la ciudad de Medellín, quien también fue alcalde, ocupa actualmente la Gobernación del Departamento de Antioquia, la instancia que controla parte de las acciones del metro de Medellín. Se trata de Aníbal Gaviria, quien está en las filas del Partido Liberal. Su familia posee un periódico en Medellín, llamado El Mundo, del que ha sido gerente y editor general. Uno de sus hermanos fue también gobernador departamental, pero fue asesinado por las FARC.

Ambos políticos están actualmente en la Junta Directiva del Metro, junto con representantes de Planeación de Antioquia y Medellín y cinco delegados nombrados por el presidente de Colombia. El gerente general es Tomás Andrés Elejalde Escobar un funcionario de carrera de la empresa que lleva 20 años en el cargo. 

Actualmente, el metro de Medellín  es un sistema multimodal que cuenta con dos líneas de metro, cuatro líneas de Metrocable, dos líneas de BRT y una de tranvía. Según el contrato, el metro de Medellín tiene una participación del 49% en la empresa EOMMT, siendo el accionista mayoritario el socio de origen europeo.

Este socio de EOMMT es la empresa francesa Transdev, cuyo accionista mayoritario es el Estado francés, por medio de una instancia estatal creada en 1816 por el rey Luis XVIII: se trata de la Caisse des Dépôts et Consignations, que podría traducirse como Fondo de Depósitos y Consignaciones (CDC por sus siglas en francés). 

Se trata de una institución del sector público francés, que se encuentra bajo control del Parlamento de ese país y es considerado el brazo financiero del Estado francés. Es definido como un grupo de capital público al servicio del interés colectivo y un inversor de largo plazo. Su actual directivo es Éric Lombard. La entidad tiene participación accionaria en varias empresas, administra fondos de pensiones y de la seguridad social (un rol similar al del BIESS), realiza préstamos de obra pública (como la banca estatal de fomento en nuestro país), cobra los dineros que recaudan las notarías y el sistema judicial francés, financia los proyectos de las universidades, ofrece microcréditos y también realiza inversiones de largo plazo.

El 10 de enero de 2019, el CDC francés, que era propietario del 100% de las acciones de Transdev, la otra socia de la empresa EOMMT, vendió el 34% de las acciones de esa empresa al grupo alemán Rethmann group, una negociación que se había iniciado en octubre de 2018. Según se explicó en 2019, el CDC en su rol de inversor a largo plazo en este tipo de negocios, mantiene el control de la empresa Transdev, con el 66% del paquete accionario. Uno de los compromisos de la firma alemana fue aportar con más tecnología digital y con el desarrollo de vehículos sin conductor, entre otras innovaciones en transporte.

Debido a esta venta de 2019, entre los beneficiarios finales aparecen del contrato de operación del metro de Quito aparecen cuatro personas naturales de nacionalidad alemana. Se trata de los integrantes de la familia Rethmann: Klemens, Ludger, Georg y Martin, accionistas en partes iguales del 34% que compraron en Transdev, que es propiedad de la empresa alemana Rethmann SE & Co. KG. 

Martin y Klemens Rethmann, ejecutivos alemanes que poseen el 34% de Transdev.

Según su información corporativa, Rethmann es un holding familiar con tres divisiones independientes: Remondis, Rhenus y Saria, a los que se suma su participación en Transdev y tiene su sede en Selm, Alemania, donde se fundó la empresa en 1934. Así, Remondis se especializa en agua y reciclaje y en materiales reciclables derivados de desechos, productos de reciclaje innovadores, combustibles alternativos, suministro de agua y servicios de tratamiento de aguas residuales.

Rhenus en cambio se especializa en logística global, en especial en áreas como logística de contratos, logística de carga y logística portuaria.

De su lado, Saria se ocupa del sector alimenticio, con la producción de alimentos de consumo humano, nutrición animal, acuicultura, aplicaciones farmacéuticas e industriales y para el sector agrícola. Los cuatro integrantes de la familia Rethmann integran las juntas directivas de varias de las empresas de su grupo.

Según sus cifras más recientes, Transdev opera por lo menos 11 millones de viajes al día, y en 2017 tuvo 82 mil empleados en 20 países, generando una ganancia de 6.6 mil millones de euros. Esta empresa opera buses, travías, trenes, teleféricos y otros sistemas de transporte en varios mercados.

En su reporte económico de 2021, emitido en marzo de 2022, CDC informó que durante ese año Transdev perdió por lo menos 162 millones de euros en sus operaciones en Francia y Suecia, sobre todo por la disminución de la demanda de transporte público por la pandemia -que aún no alcanza los niveles de 2019- y reportó una ganancia de solamente 33 millones de euros.

La empresa EOMMT deberá hacer otras contrataciones, como por lo menos 500 empleados, según ha anunciado, y una empresa que deberá darle mantenimiento al sistema ferroviario y a los trenes. Como el contrato le faculta subcontratar hasta el 30% de la operación, es probable que los beneficiarios finales del contrato de operación aumenten en los próximos meses. 

Los detalles del contrato

El contrato firmado entre EOMMT y el Metro de Quito estableció una duración de seis años (2190), con un valor total de $216 millones, 987 mil 426 en total. Este valor incluye el IVA, así como una retribución anual de $ 7´749.552. El total sin IVA es de $ 193´738.800 y cada mes, durante 72 meses, el Municipio deberá pagar a la empresa 3´013.714,25. Pero el contrato establece que dicho valor deberá ser pagado sea cual sea el flujo de pasajeros, mientras que el  valor de la retribución anual está atado a los niveles de servicio que deberán ser verificados por el Municipio capitalino. Las posibles controversias se han sometido a un tribunal internacional de arbitraje con sede en Santiago de Chile.

Por otro lado, el contrato permite que haya más beneficiarios finales, pues deja abierta la posibilidad de la subcontratación de varios servicios. Así la operadora tiene, entre otras obligaciones las de Planificar el servicio de trenes y turnos de maquinista, a través de un software específico de mercado, y posterior explotación de la operación ferroviaria; explotar y mantener las estaciones e instalaciones asociadas; operar el material móvil, que será mantenido por un tercero mantenedor (lo que implicará la subcontratación del mantenimiento); explotación del Centro de Control y todos los sistemas asociados; contratar y capacitar a todo el personal necesario para las tareas de explotación, operación y coordinación; contratar y capacitar a todo el personal necesario para el mantenimiento de las estaciones e instalaciones asociadas (en la medida en que corresponda a la Contratista), pudiendo ser total o parcialmente subcontratado; redactar, aplicar y actualizar toda la documentación necesaria para la operación segura y el mantenimiento de las estaciones e instalaciones asociadas, entre otros temas.

El contrato también abre la posibilidad de contratos complementarios de hasta el 8% del valor total, y la posibilidad de subcontratar hasta el 30% del monto del contrato. Así, la empresa operadora podría brindar servicios directamente como limpieza o seguridad con empleados propios, o subcontratarlos, como será en el caso del mantenimiento de los equipos, lo que aumentará la nónima de beneficiarios finales en el futuro.

El mantenimiento de los trenes es el otro contrato grande que deberá firmar el operador del metro de Quito. Foto: Luis Argüello / PlanV

Verónica Sevilla, quien se presentó como presidenta de la empresa operadora, explicó que hasta 500 personas de personal administrativo y de apoyo serán contratadas por la empresa en las próximas semanas, para lo cual una empresa de talento humano se encuentra en un periodo de selección. Sevilla precisó que se buscará una contratación paritaria de hombres y mujeres en el marco de la equidad y se explicó que los contratados serán empleados de la operadora, más no del Municipio. De hecho, el contrato establece que las responsabilidades laborales no serán de la Municipalidad capitalina sino del operador. Sevilla no precisó si servicios como limpieza o seguridad serán tercerizados, pero si destacó que expertos ferroviarios de Francia y Colombia han llegado ya para los puestos técnicos.

Este portal solicitó, vía correo electrónico, una entrevista con el apoderado francés Colas Jean Maurice Martinet pero no obtuvo respuesta. 

El cronograma real, según el contrato

Según el Anexo B, que forma parte del contrato, en este primer mes, entre el 29 de noviembre y el 29 de diciembre, deberían tener lugar algunas actividades iniciales. Entre ellas están la redacción y entrega del proyecto de explotación, y la entrega  del proyecto de operación del Sistema incluyendo circulación, material móvil, centro de control y mantenimiento.

Para la etapa de contratación del personal clave (se estima entre 15 y 20 personas) y del administrativo y operativo, la operadora se ha fijado cuatro meses, y durante cinco meses se ha planificado la formación del personal necesario de operación y mantenimiento, operadores del centro de control, agentes de estaciones, conductores y personal de mantenimiento en lo que contarán con el apoyo de la empresa Metro de Quito.

Según el cronograma propuesto, la fase previa a la operación comercial debía durar seis meses, incluye aspectos como la firma del contrato de mantenimiento de los trenes así como la capacitación al público del uso del sistema tanto sin sistema de pago como con un sistema operativo. Luego de dos meses, está previsto que la operadora realice un informe de demostración del sistema.

El Anexo B precisa que la operación comercial plenamente operativa debería estar lista a los siete meses de la firma del contrato, es decir, no antes de junio de 2023, cuando Quito ya tenga un nuevo alcalde metropolitano.