Las imágenes de cámaras cercanas muestran una explosión repentina en una calle del centro de Cumbayá, una parroquia residencial del oriente de Quito. Eran poco más de las 10:00 de un sábado de feriado, el pasado 10 de octubre,  cuando en un local en donde funcionaba un restaurante de shawarmas una acumulación de gas dentro del sitio provocó la explosión. 

La calle Calama ya no es lo que fue. El tramo entre Amazonas y Seis de Diciembre, en otra época lleno de bares, restaurantes y centros de diversión nocturna luce desolado, a tono con el impacto global de la pandemia por coronavirus, que se lleva a su paso vidas, negocios y emprendimientos. Las puertas están cerradas, los locales vacíos. Ya no se ven los grupos de jóvenes que buscaban un sitio a dónde entrar un viernes por la tarde.

Las contrataciones, consultorías y gastos en el Municipio de Quito están bajo la lupa de algunos concejales, quienes han pedido el detalle de todos los procesos de contratación realizados por el Municipio metropolitano y sus secretarías y empresas, así como de consultorías que, si bien se han realizado por medio de otras entidades, fueron financiadas con dinero municipal. 

Los funcionarios de la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) monitorean y dan seguimiento a las publicaciones en Twitter de cuentas críticas a su gestión, como son @RuhMercedes, @NoCorruptosUIO, @NoNegligencia y @wolv76.  El fin, dice el Departamento de Comunicación Social, en un informe de 18 páginas, es "informar sobre las publicaciones que desde ahí se generan con respecto a la gestión de la Secretaría de Movilidad y especificamente a la autoridad de la preside, Lcdo. Guillermo Abad".